El derecho a decidir no es ilegal
Carlos Martín. LQSomos. Septiembre 2017
El enfrentamiento y la constante dialéctica agorera que se ha escupido desde los púlpitos políticos han perjudicado la convivencia
Vaya por delante que soy un defensor de las libertades actualmente vulneradas en Cataluña. Me irritan las continuas injerencias que desde la animadversión se dirigen a la sociedad catalana. Sin embargo no soy partidario de los reproches que recaen entre españoles y catalanes y viceversa; pienso que eso no debería ser así entre parientes de una misma clase social vinculados entre sí tras tantos años de relación. Hay que escrudiñar más a fondo en la responsabilidad de este enfrentamiento político independientemente de que Cataluña pudiera ser independiente o no o si España está unida o rota.
La burguesía arcana en la disparidad de intereses tiene mucho que ver en esta dicotomía entre facciones nacionales. A modo de apunte, desde que el Gobierno central empezó a aplicar el austericidio a las Comunidades Autónomas bajo restricción total, el ruido de sables no ha hecho más que aumentar. El asalto conocido como pacto de estabilidad impuesto desde Bruselas sangró el desarrollo en las naciones periféricas, lo cual ha resquebrajado aún más el modelo del Estado español y su equidistancia geográfica. A todo ello hay que añadirle la constante dialéctica agorera que se ha escupido desde los púlpitos políticos día tras día perjudicando la convivencia o, peor aún, calando en el enfrentamiento de identidades. Aunque es muy difícil prever el desenlace ante un contexto tan imprevisible, a primera vista se advierte la dificultad de realizar un referéndum con garantías suficientes. Con el gobierno de la Generalitat prácticamente suspendido y la incautación de las infraestructuras necesarias será difícil disponer de un censo y unos medios acordes a las circunstancias. Eso no quiere decir que la sociedad no se eche a las calles para reclamar su derecho a decidir o busquen otras fórmulas. Se quiera reconocer o no, bajo un Estado policial no es posible desempeñar ejercicios democráticos. Para que se entienda: en ningún Régimen fascista ha sido posible la mínima expresión democrática, de ahí el término autoritarismo. Y en este contexto, que se empieza a parecer bastante, el Estado de excepción prohíbe el derecho de reunión y otras libertades esenciales. En tiempos de Aznar y de Pujol, hubiéramos convenido que los pasos dados eran predecibles. Entonces los nacionalismos bregaban en el trilerismo político del marco constitucional. Sin embargo, después de tanto deterioro institucional, cambios rupturistas dentro de las formaciones políticas y todo ello aderezado con el quebranto social, la actualidad se presenta muy diferente. Ahora además están en juego las libertades y una fuerte conmoción colectiva que se siente ultrajada. Digamos que al redil político se le ha ido de las manos trasladando el conflicto al terreno social. Cabe pensar que las partes políticas en subterfugio hallen otras vías de diálogo que terminen en pacto. Las negociaciones estribarán en las cuestiones fiscales y de competencia reavivando el secuestrado estatuto de autonomía y dejarán a más de uno boquiabierto. Así es la política, prevalecen los intereses elitistas por encima del interés general.
Las partes están enconadas y sin vista al entendimiento, por lo que entre dichos enfoques hay poco recorrido. Es ilógico que un asunto de Estado haya sido dirimido en solitario por un gobierno en minoría basando el grueso de sus actuaciones en el enfrentamiento nacionalista. Las consecuencias hablarán por sí solas como se refleja a medio plazo en la inestabilidad presupuestaria o en las bases de consenso. Es decir la intervención a lo Jabato sí o sí está cuestionando los cimientos del Estado de derecho y la gobernabilidad en todo el Estado. Para más expectación la intervención autoritaria del gobierno central del PP es todavía más inquietante cuando en Cataluña ni ellos ni su invento, Ciutadans, poseen un mínimo de representatividad parlamentaria. Por ende no hay legitimidad para proceder políticamente y mucho menos policialmente (me baso en sus fundamentos). Explicaría entonces que no son interlocutores válidos para interponerse, sino que además están alentando el enfrentamiento entre naciones. Que papá Estado quiera más al que siga mejor su dictado no confiere el derecho a la intervención por la fuerza allá donde seas puro aire. Si el referéndum es ilegal esto lo es aún más, porque adolece de la legitimidad suficiente y no vale decir que es mandato de gobierno por la unidad de España. El orden y la ley no son la base de la democracia en todo caso, basándome en sus principios democráticos, sería al revés y aún dando estas premisas para subsanar mínimos, sigo pensando que ni aún con esas. Trasladando esto al referéndum hay que saber que el derecho a decidir lo da la legitimidad y no una ley. Una ley puede ser buena o mala dependiendo de su principio-fundamento. Para que se entienda: La ley que prevalece el derecho a la vida es buena porque parte de una legitimidad social, en cambio la ley “vamos a meter a prisión al que diga esta boca es mía” es mala porque no se fundamenta más que en el poder político. Por otra parte, no todo lo que mana de Cataluña está bendecido por la cordura. La estrategia que mantiene el Parlament también tiene ciertos tintes unilaterales aunque menos fascistoides. La interpretación que hacen del referéndum algunos actores tiene bastantes déficits en cuanto al entendimiento de la sociedad.
Pero lo más importante ni siquiera es todo el politiqueo entre España y Cataluña, si no lo que entienden los millones de catalanes y españoles enfrentados tóxicamente sin razón aparente, y sobre todo, el sentir colectivo de todo un pueblo. La unidad de España tal como se concibe desde el centralismo es una aberración que aflora los sentimientos más reaccionarios y no precisamente de unidad. El Estado español es uno de los Estados europeos más viejos en cuanto a estructura hegemónica soportada todavía por el anterior Régimen. La defensa de la unidad de España no puede ser a toda costa y de cualquier forma. ¿Merece la pena tener un país que arregle sus problemas identitarios con cinta americana y con más cicatrices que Frankenstein? Esa es una falsa unidad de España. La idea de unir naciones a base de la imposición territorial y el merchandising barato no es más que miopía a medio plazo. Los hombres de traje gris siguen con sus vetustas mentalidades arreglando los problemas a hostias. Por ahí difícilmente se construirá la unidad territorial que tanto anhelan. Fíjense que las élites catalanas apuestan por un sistema republicano al estilo liberal, tipo lo que pueda darse en otros países de Europa, y mira que es cutre, pero comparado con el cerco actual es hasta ventajista. Unir no es lo mismo que imponer, y mucho tendría que cambiar el tipo de relaciones entre comunidades o regiones para esa supuesta unidad. De seguir así la ruptura no es más que cuestión de tiempo.
Rompo una lanza por esa gente de Madrid, Bilbao, Barcelona, Zaragoza y tantos otros sitios que por encima de sus sentimientos patrios ha prevalecido el entendimiento en las relaciones de igualdad y fraternidad, apartando el odio absurdo. No se están tomando esto como una lid futbolera y miran con preocupación lo que está pasando en Cataluña más allá de la concepción política. También por esos paisanos que con incertidumbre viven esto con asombro. Que menos que elegir en un referéndum de mierda, aunque tendría que haber no uno sino 301.
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Referéndum = Voto para decidir
