Desahucios: Iglesia, banca, poder judicial, político y estado, cómplices de 400.000 asesinatos
S. Healy, una joven de 24 años, obtuvo hace un tiempo su primera tarjeta de crédito. La recibió como los primeros albores de la libertad, una ocasión memorable que celebraría, año tras año, como el día de la liberación. Se suponía que, a partir de ese momento, pasaba a ser dueña de sus actos, gestora de sus finanzas, libre para elegir prioridades y lograr el dificilísimo, pero ansiado, logro de acompasar el binomio realidad-deseos. A las pocas semanas, S. logró una segunda tarjeta de crédito: la necesitaba para pagar la deuda que había contraído con la primera tarjeta. No tardó mucho en darse cuenta de que la segunda tarjeta no era suficiente para pagar el interés de su deuda. Estaba comenzando a vivenciar el precio que se ha de pagar por esta especie de “libertad financiera”. Acudió a una entidad bancaria para solicitar un préstamo con la finalidad de hacer frente a los atrasos de ambas tarjetas. Varios amigos le aconsejaron pedir, ya que había solicitado la hipoteca, un poco más de dinero y permitirse, “después de tanta preocupación”, hacer un viaje y descansar. La rueda de la “libertad financiera” siguió girando, encontrándose cada día con más y mayores piedras en su camino hasta llegar a una situación verdaderamente desesperada en la que las deudas superaban, con creces, cualquier cantidad que S. pudiera obtener por cualquier vida. Para colmo de males algo empeoro su situación: la despidieron de la noche a la mañana.
Con esta idea comienza Zygmunt Bauman una de las cartas que incluye su libro 44 Cartas desde el mundo líquido y, probablemente, muchísimas historias personales de quienes fuimos inducidos al agujero negro en que estamos. Los bancos y el estado (entonando su búsqueda desinteresada de nuestro falso estado de bienestar) son quienes, en la parábola de Bauman, nos dieron hace años tarjetas de crédito, facilidades asombrosas de acceder a dinero fácil, préstamos encadenados y todo un ramillete de mecanismos para que sintiéramos que éramos quienes no éramos, que teníamos lo que no teníamos, que podíamos vivir como ellos nos decían al oído, programando nuestra conducta, ideas y pensamientos. Ellos también fueron los “amigos” que, una vez obtenidos los préstamos e hipotecas, nos tentaron, repetida e insistentemente, con la idea de que debíamos pedir “un poco más” a los bancos, a ellos mismos, para darnos un “capricho” y terminar de montarnos una película mental (un particular y falsísimo medioambiente ideológico) en la que todo, hasta el the end sería maravilloso.
Bauman describió el principio de la época en que se nos instiló el falso precepto de la libertad a través de la libertad financiera. Los periódicos y los medios de comunicación describen desde hace días las situaciones que envuelven algunos de los más de 500 desahucios que suceden a diario en este amasijo de mentiras que es nuestra realidad. Son 500 asesinatos diarios de los que, SIN DUDA, son cómplices probados el estado, los políticos, la banca, la iglesia y el poder judicial, un quinteto que debería llevar tatuada la consigna “alta peligrosidad social”. No son números: 500 desahucios son 500 familias destrozadas y el desahucio no es el único problema que les azota. Esa es la punta del iceberg, el “fin” de un proceso de tiempo y noches de insomnio, de impotencia, de desarraigo, de temor, de la muerte total de la esperanza.
Las leyes, el poder judicial, conceptos que prueban el principio de la elasticidad infinita (ya que cuando conviene se dictan y reforman de manera rápida y, cuando no conviene, se eternizan inamovibles y ni siquiera se cuestionan) son cómplices de cada desahucio, de cada suicidio, de cada lagrima que vierten las familias desahuciadas. Y lo son por acción, en cierto modo, y por omisión, en demasiadas ocasiones. Jueces para la democracia, a través de su portavoz llama, ahora, tras el último suicidio, a que los jueces” suspendan automáticamente todos los desahucios” que tengan previsto ejecutar próximamente, por “estar en cuestión” en Europa la legalidad de la normativa que los regula. El portavoz explica que hay “dudas razonables” sobre la “legalidad” de la legislación española relativa a los desalojos puestas encima de la mesa por Europa, que en el plazo de dos o tres meses dictará sentencia acerca de la cuestión. Cierto es que los magistrados se enfrentan irremediablemente desde hace tiempo a sentencias de desahucios y que no pueden negarse a “aplicar” una ley que data de 1861, la Ley hipotecaria, para lo que, creo entender, buscarán interpretaciones, en la medida de lo posible “creativas”. Aplicar la ley no les exime de levantar la voz, como ahora por fin han hecho, y utilizar su poder social, innegable y en muchos casos excesivo y discutible, para detener la masacre social que supone la usura de la maquina social, de los tentáculos capitalistas que nos mecen, cuando conviene, como a un bebé en su cuna y, cuando nos tiene en su poder, nos zarandea como un monstruo antes de devorarnos. Las leyes, empuñadas muchas, muchísimas veces, como armas que hieren más a los más desprotegidos, hacen distinción y son cómplices de la injusticia intolerable de los desahucios: las víctimas de los desahucios, una vez pasada la época de golpecito en el hombro y sonrisas (la etapa previa en la que los bancos les endosan el crédito para un piso, se aseguran los beneficios, pase lo que pase, y se frotan las manos, mientras esperan los impagos) son víctimas en un callejón sin salida. Son, legalmente, inferiores en consideración que una empresa: merecen menos ayuda, menos trámites, menos facilidades para resolver su problema. A las empresas, fuentes de beneficios para la máquina del poder y el estado, no se les engaña más que lo justo (podrían reaccionar enfadadas). Una muestra es el siguiente texto, que aparece en una página de información oficial: “La vida de las empresas está sujeta a un gran número de variables internas y sobre todo externas, como los cambios en las tendencias de los mercados, períodos de inflación/pérdida de poder adquisitivo, o crisis nacionales o globales, circunstancias todas que pueden provocar momentos de dificultad financiera. Resulta por tanto muy importante que las empresas se muestren prevenidas ante tal eventualidad. El marco legislativo español contempla una serie de medidas tendentes a apoyar y facilitar la vida de las empresas que atraviesan por momentos de dificultad, como aplazamiento de deudas ante los organismos públicos, posibilidad de suscribir seguros de crédito, aceleración del cobro de deudas a través del proceso monitorio (Ley de enjuiciamiento civil), etc.”
Han leído bien: “mecanismos tendentes a apoyar y facilitar la vida de las empresas que atraviesan momentos de dificultad”, Lástima que, respecto a los desahuciados, los que aún conservan la vida o los que están, sin saberlo, cerca de pensar en el suicidio, ese estado que “vela” por nosotros, ese “estado” que nos garantiza necesidades básicas -vivienda, sanidad, educación, supuestamente– lo que nos propone son mecanismos para facilitar no la vida sino la muerte ¿Qué hacen los jueces, los políticos, el estado y el poder respecto a esto? ¿Quién es más cómplice al consentir que una empresa tenga un rango de consideración legal más positivo que una persona que ha perdido todo y no puede hacer frente a la deuda del techo bajo el que vive? ¿Dónde están sus voces? ¿Están mudos?
En el colmo de la hipocresía, hoy también se unía al grupo de “sensibilizados” súbitos, los que parecen haber visto la luz de repente (y no antes de que sucedieran los más de 400.000 desahucios ya practicados), un representante de la única casa que el estado no se atreverá a desahuciar: la corrupta iglesia. Cómplice y delincuente también, por ACCIÓN Y OMISIÓN, que ha estado enmudecida hasta hoy, que ha apagado la televisión y apagado la mirada cada vez que una familia desgarraba su voz y lloraba profundamente al ver a la “autoridad” golpear la puerta de su vivienda antes de embargarla. Mostrando cotas de hipocresía y desvergüenza insuperables, el cardenal Rouco Varela, portero de la casa que jamás será desahuciada, ha tenido a bien estos días en una de sus homilías abogar (nunca mejor dicho) para que sea superada «lo más pronto posible» la crisis económica, «que está dejando sin trabajo a tantas personas; y, a tantas familias, sin casa y hogar». Este personaje, que ha permanecido callado hasta ahora, pero que sí se encargó de hablar de los peligros de Eurovegas como motor de “libertinaje” que dañaría a la sociedad, (su amnesia le impide recordar el papel de la iglesia en la expansión de su epidemia de pederastia crónica) aprovecho su homilía para, de paso, asegurar que ha de garantizarse el derecho fundamental de los niños a tener un padre y una madre. Una tiene la sensación de que además de estar frente a criminales ideológicos -iglesia, banca y estado- está frente a sinvergüenzas que dan por hecho que ante la desesperanza y la impotencia que sentimos pueden ultrapasar nuestra dignidad y creer que no vamos a reaccionar jamás, nos humillen hasta dónde nos humillen.
Se merecen nuestra reacción: un BASTA YA claro, firme y sostenido.
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