Día Internacional contra la contaminación electromagnética
PECCEM*. LQSomos. Junio 2017
24 de junio, Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética: Organizaciones sociales denuncian la CORRUPCIÓN AMBIENTAL del gobierno Rajoy con los lobbies empresariales de la telefonía y las eléctricas en detrimento de la Salud Pública y el Principio de Precaución.
Nota de prensa:
La Administración del PP, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, presentó en abril, con gran difusión en los medios, un informe del CCARS auspiciado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), que ningunea los miles de estudios científicos que constatan los riesgos de los campos electromagnéticos (CEM) en la salud y las recomendaciones institucionales proteccionistas.
Desde el ámbito social (vecinal, ecologista, de consumidores, de la salud, de personas afectadas, de madres y padres,…), la PECCEM y la asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud, reclaman prudencia y rigor a los agentes sociales y medios de comunicación en la difusión de un informe sesgado sin consenso internacional y con notables y constatables incongruencias:
1.- El Gobierno del PP a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por el CCARS apuesta por una organización opaca privada, sesgada por un criterio lobista empresarial, sin el más mínimo control ético ni de legalidad democrática.
– El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), editor del informe del CCARS, NO TIENE como objetivo estatutario la defensa de la salud, sino sus intereses gremiales y, por extensión, de los lobbies empresariales relacionados, colisionando con su propio código deontológico al asesorar en competencias ajenas.
– El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, invade las competencias de coordinación en prevención y protección ambiental del Ministerio de Sanidad (y de las CC. Autónomas), sobre el “impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas”, como la aplicación del Principio de Precaución, que contempla limitar/prohibir una actividad “cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo” (Real Decreto 1066/2001: Art. 7, Art. 3, 12 y 31 de la Ley General de Salud Pública del 2011…).
– El CCARS NO figura entre los Organismo Públicos de Investigación regulados por ley, ni cumple con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios.
2.- El informe del CCARS niega y banaliza miles de estudios científicos, acreditados en esta materia, desdeñando las llamadas al PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y mostrando una urgencia desmesurada por zanjar un tema que sigue acumulando evidencias científicas. La desinformación del informe del CCARS impulsado públicamente por el COIT, manifiesta el conflicto de interés a favor de intereses industriales cortoplacistas, que allanan el despliegue de redes 5G y la expansión desregulada de redes y dispositivos inalámbricos, en detrimento de opciones tecnológicas biocompatibles a partir del CABLE y el LIFI.
– Si la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS clasificó en 2011 los CEM de radiofrecuencias como posible cancerígeno y su director llamaba a aplicar “medidas pragmáticas” para reducir su exposición, el Informe BioInitiative (revisión bibliográfica de más de 4.000 estudios) en su actualización del 2014 y en 2016, incide en que ya existen pruebas suficientes de cancerogenicidad para el hombre.
– En 2015 el llamamiento Internacional a la OMS y ONU de 225 científicos y expertos de 41 países, con artículos revisados entre pares sobre los efectos biológicos o sobre la salud de los CEM, junto a llamamientos previos, solicitan protección ante dichas radiaciones que “afectan a los organismos vivos muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales”, además del “aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, déficit en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos”. Como reflejan revisiones bibliográficas (2007 y 2017).
– La negación de la electrohipersensibildad del informe CCARS se respalda en un efecto nocebo descartado por la comunidad científica independiente (2015, 2016) ante métodos más objetivos como la imagen médica y los marcadores biológicos en sangre. El negacionismo vulnera derechos y libertades de las personas afectadas, como recoge el punto 2.8 y 3 del dictamen de 2015 sobre hipersensibilidad electromagnética de la Sección TEN del Comité Económico y Social Europeo (CESE).
– Precedido de otras resoluciones (Agencia Europea de Medio Ambiente –2007, 2009, 2013-, Parlamento europeo –2008 y 2009-…), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) en su Resolución 1815, en 2011, solicitó aplicar el Principio de Precaución ante los efectos biológicos para la salud de los CEM (especialmente de los dispositivos inalámbricos -móviles, Wi-Fi…- en la población infantojuvenil), recomendaciones recogidas y reforzadas en el dictamen sobre “hipersensibilidad electromagnética” de la Sección TEN del CESE en 2015.
– Si miles de médicos y más de 17 agencias gubernamentales de salud apoyan la reducción de la exposición a la radiación inalámbrica del teléfono móvil, DIFERENTES PAÍSES ya aplican alguna medida, como prohibir las redes Wi-Fi y las tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles para proteger a la infancia (Francia, Chipre y municipios como Hospitalet de LLobregat), o implantar sistemas de comunicación con luz visible -LIFI– (Hospital de Perpiñán).
La PECCEM y EQSDS requieren al Gobierno central y sus ministerios implicados que dejen de avalar actos y organizaciones de interés de parte, que vulneran ética y legalidad, y dar comienzo a un proceso participativo de las partes implicadas que proceda a una regulación proteccionista de la contaminación electromagnética para compaginar tecnología y salud.
* La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) se compone de Confederaciones y federaciones de asociaciones vecinales (como CEAV, FRAVM, CAVA…), colectivos ecologistas y ambientalistas (como los más de 300 grupos que componen la confederación de Ecologistas en Acción u organizaciones de implantación local como la APDR), asociaciones de padres y madres, de consumidores (como FACUA de Castilla y León), de personas afectadas de síndromes de sensibilización central como la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple (como EQSDS y SOS EHS-EASC) y de colectivos y asociaciones, en general, preocupadas por los efectos para la salud de la creciente contaminación electromagnética (como la asociación pionera AVAATE).
