Ejecuciones extrajudiciales: la audiencia de reconocimiento de responsabilidades
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
Uno de los asuntos que urge en Colombia es la reforma a fondo de las Fuerzas Armadas que deben estar al servicio de la democracia y de la protección y garantías a los derechos humanos de los colombianos y colombianas y no comprometidas con actos de violencia en contra de la población civil
Finalmente, los días martes 26 y miércoles 27 de abril, se llevó a cabo la Audiencia estremecedora de reconocimiento de responsabilidades por el asesinato de 120 jóvenes de distintas regiones del país que fueron conducidos con engaños para asesinarlos de manera inmisericorde. El asesinato lo cometieron militares en servicio activo del Ejército Nacional en hechos ocurridos entre el año 2005 y 2008 en el largo mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Comparecieron 10 militares y un civil que actuó como reclutador de los jóvenes que mediante promesas de trabajo y otros engaños, fueron entregados a los militares de la Brigada Móvil 15 del Ejército Nacional que presta sus servicios en la región del Catatumbo que tiene como principal centro urbano la ciudad de Ocaña. Por esa razón la Audiencia de reconocimiento de responsabilidades se llevó a cabo en dicha ciudad. Tres magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, presidieron la Audiencia al frente de la cual estuvo la Magistrada Catalina Díaz y con la participación de los Magistrados Alejandro Ramelli y Oscar Parra.
Los militares comparecientes fueron el brigadier general Paulino Coronado Gámez, el coronel Santiago Herrera Fajardo, el teniente coronel Álvaro Tamayo Hoyos, y los oficiales Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro y Rubén Darío Castro Gómez, el teniente coronel Gabriel Rincón Amado y los suboficiales Néstor Guillermo Gutiérrez, Sandro Mauricio Pérez Contreras y el sargento Rafael Antonio Urbano Muñoz. Es decir 10 militares la mayoría ya retirados de las filas y el civil Alexander Carretero Díaz.
Además de los militares comprometidos en los hechos estuvieron presentes las víctimas que exigieron la verdad y manifestaron con toda razón que los militares comparecientes deberían señalar de manera más precisa los responsables de impartir las órdenes y no solo quienes ejecutaron estos crímenes de lesa humanidad. En particular fue muy mal recibida la intervención del brigadier general Paulino Coronado que si bien reconoció su responsabilidad como jefe superior jerárquico solo lo hizo por omisión, es decir, por no haber intervenido sobre las tropas que dirigía en el momento en que se sucedieron estos asesinatos y es que es muy difícil dar crédito a las palabras del oficial de más alta graduación que ha comparecido y ha aceptado esta responsabilidad cuando pocos meses después de iniciadas estos asesinatos llovieron las denuncias sin que el oficial hubiese reconocido responsabilidad directa en los hechos.
Fue más preciso el coronel Rubén Darío Castro Gómez quien fue jefe de operaciones y posteriormente jefe del Estado Mayor de la brigada móvil 15 y luego comandante de esa unidad entre el año 2006 y el 2008 en su intervención reconoció que “al interior de la brigada existía una banda criminal, de la cual tuve conocimiento, y que tenía como único fin incrementar los resultados operacionales”. “He tomado consciencia que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos esos resultados, fueron asesinadas personas que nada tenían que ver con el conflicto armado”. (El Espectador, Colombia 20, abril 26 de 2022).
También lo fue el cabo primero del ejército, Néstor Guillermo Gutiérrez quien fue comandante de escuadra de la brigada móvil 15 “Yo reconozco y acepto mi responsabilidad como coautor por los crímenes de guerra, de lesa humanidad y homicidio en persona protegida. Crímenes que cometí. No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Quiero aclararlo acá: lo que asesinamos fueron campesinos” (El Espectador Colombia 20, abril 26 de 2022).
En general los militares que concurrieron a esa Audiencia mostraron arrepentimiento por los crímenes cometidos pero queda la sensación que no se han esclarecido por completo los hechos y sobre todo las responsabilidades, es verdad, que el brigadier general Paulino Coronado endilgo responsabilidades sobre el comandante general del Ejército de la época en que ocurrieron estos crímenes, el general Mario Montoya, pero fue una asignación genérica de responsabilidades por las exigencias del general Montoya en pedir resultados operacionales en bajas de supuestos guerrilleros, cuando en realidad se trataba de civiles desarmados que nada tenían que ver con el conflicto armado. Eran ejecuciones extrajudiciales mal llamados por la gran prensa como falsos positivos.
Al tiempo que se sucedió esta Audiencia de reconocimiento de responsabilidades también la JEP mediante el Auto 75/22 de 2022 dio a conocer que de acuerdo con sus investigaciones en el caso del genocidio contra la Unión Patriótica encontró que fueron asesinados 5.733 militantes y simpatizantes de esta organización política de izquierda. Una buena parte de los asesinatos fueron cometidos desde organismos militares, policiales y desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Después de 40 años de un alto índice de impunidad es un avance notorio haber llevado a cabo esta investigación preliminar en que se señala que, por lo menos, 5.733 personas vinculadas a la UP fueron víctimas de gravísimos delitos, informó desde su cuenta oficial de twitter, el presidente de la JEP, Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por militares y por grupos paramilitares.
Los resultados del análisis de la Sala de la JEP arrojaron que de esa cifra 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente. La Sala de Reconocimiento de la JEP indicó que hasta el 31 de enero de este año contaba con 150 comparecientes dispuestos a acogerse a la JEP para aportar con verdad, justicia y reparación y NO repetición que pertenecían al ejército (95), DAS (22), Policía Nacional (13) y 26 más que pertenecen a otros organismos del Estado.
Unas fuerzas armadas cada vez más cuestionadas
Las fuerzas armadas y de policía viven una situación muy compleja como producto de estas graves denuncias y de otras que relacionan a algunos de sus altos mandos con grupos paramilitares y con grupos del narcotráfico. En particular son conocidas las denuncias de las relaciones de altos mandos militares con el narcotraficante Guillermo el ÑEÑE Hernández pieza clave en el financiamiento ilegal y la compra de votos en la campaña del actual presidente de la República, Iván Duque Márquez y también las denuncias de Alias Otoniel, Dairo Antonio Úsuga, que señalan que varios generales de la República en el pasado y más recientemente han estado al servicio del paramilitarismo y más concretamente del llamado Clan del Golfo, entre otros señaló al general Leonardo Barrero quien llegó a ser Comandante General del Ejército y también señaló a Mario Montoya de quien dijo estuvo al servicio de los grupos paramilitares.
Por ello uno de los asuntos que urge en Colombia es la reforma a fondo de las Fuerzas Armadas que deben estar al servicio de la democracia y de la protección y garantías a los derechos humanos de los colombianos y colombianas y no comprometidas con actos de violencia en contra de la población civil como las ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente llamadas falsos positivos ni del genocidio de un partido de izquierda como la Unión Patriótica ni al servicio del narcotráfico y de las bandas paramilitares. La policía insistimos debe ser separada del ministerio de la defensa y debe ir o bien al ministerio de justicia o a un nuevo ministerio de seguridad y convivencia y para ella debe acabarse el fuero penal militar. Y las Fuerzas Armadas deben ser profundamente reformadas, el desempeño en protección y defensa de los derechos humanos debe ser fundamental para al ascenso en la carrera militar y el fuero militar debe reducirse solo a los delitos relacionados con el servicio. Esta reforma es inaplazable.
Por ello no se debe respaldar al candidato del continuismo Federico Gutiérrez, hay que sacudirnos del poder de las mafias. Las Fuerzas Armadas y de Policía deben estar al servicio de la democracia y de la protección de los derechos y libertades y no al servicio del narcotráfico y de las bandas armadas. Esta reforma es ineludible e inaplazable en un nuevo gobierno democrático. En este desgobierno de Duque los desmanes se han incrementado y ahora para colmo y sin que haya autoridad ninguna, pues la procuraduría general de la Nación con Margarita Cabello es una extensión del desgobierno de Duque, no actúa frente al general Eduardo Enrique Zapateiro que hace campaña a favor de Federico Gutiérrez. Las Fuerzas Armadas deben ser transformadas de forma urgente.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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