El desafío democrático catalán
Una consulta legítima, democrática… y legal¿Pero en qué clase de democracia nos estamos desenvolviendo los españoles desde hace ya treinta y cinco años?
¿Pero qué clase de país moderno, europeo, desarrollado y de derecho es éste en el que, porque en una de sus Comunidades Autónomas (Estados federados, más bien, según los países serios y democráticos de verdad) su Gobierno legítimo elegido por el pueblo quiere consultar a sus ciudadanos sobre sus aspiraciones políticas futuras (que pueden ser variadas y nada uniformes), se monta la marimorena política, mediática, social e institucional, se rasgan las vestiduras las plañideras de siempre, y hasta algunos tertulianos con patente de corso para pontificar e, incluso, insultar a quien les venga en gana, predican ya la guerra santa y hablan ya sin tapujos de movilizar a la policía y demás gente armada para que carguen de cadenas a los futuros insurrectos morales y los lleven a galeras?
¿Pero qué Gobierno de la nación tenemos los ciudadanos de este bendito país en el que su vicepresidenta (que cada día que pasa, en sus comparecencias públicas, se parece más a la directora de una guardería de 0-3 años dirigiéndose a sus alumnos después del vaso de leche de las once) dice a los medios que todo el peso de la ley (¿qué ley?) recaerá sobre los malvados y futuros consultores catalanes que quieren destruir la convivencia nacional, cuando todavía nadie sabe como coño (con perdón) van a formular éstos la consulta a sus conciudadanos y si ésta va a ser por “vía de referéndum” (con lo que necesitarían el correspondiente permiso constitucional del Estado, según el artículo 149.1-32ª de la Carta Magna) o no, en cuyo caso no deberían proveerse de permiso alguno, según se desprende del citado artículo de la Constitución?
¿Pero es que aquí, en este arruinado, envilecido y corrupto país, nos hemos vuelto todos locos y en nuestro desvarío congénito como pueblo vemos ya, como nuestro ínclito predecesor don Quijote, que las urnas y los votos catalanes son tanques y cañones de la División Acorazada “Montserrat” y que a bordo de los mismos los soldados de la estelada se dirigen impacientes a sus jefes con aquello tan popular de “Escolti capita, aón anem”?
Bueno, tratemos de serenarnos todos y de clarificar el fondo de esta muy importante cuestión de la legalidad o ilegalidad del ya famoso y reciente desafío democrático catalán porque en este todavía reino de España (aunque en almoneda acelerada) hay muchos ciudadanos que se hacen los tontos, otros que efectivamente lo son sin necesidad de aparentar nada, otros que no lo son en absoluto pero que les pagan para que se lo hagan, y otros muchos también que no es que sean muy listos pero que el problema principal que arrastran es que no han perdido un solo segundo a lo largo de toda su vida en leerse la “modélica” Constitución del 78 (el CIS ya lo dejó muy claro hace unos días), ni los Estatutos de ninguna de las diecisiete Autonomías (más bien las “Autonosuyas” que ideó el franquismo para que todo siguiera igual después de la muerte ¿o no se ha muerto? del dictador), ni el diccionario de la Lengua Castellana para saber de primera mano qué es eso de la “vía de referéndum” ni, por supuesto, la historia de España y menos aún la de Cataluña, que haberla “hayla” aunque no sea tan imperial y negra como la del cojo Felipe II.
Y es que en una democracia (y no digamos en una ya madura, consolidada, avanzada, europea, modélica, moderna… como nos gusta a los españolas retratar la nuestra con más moral que el Alcoyano) no hay, no puede haber, consultas ilegales a la ciudadanía, como no hay ni puede haber manifestaciones ilegales ya que todas, absolutamente todas, están amparadas por la Constitución española y que, como mucho, deberán ser autorizadas por quien corresponda para su perfecto discurrir urbano. Pero nunca, nunca, declaradas ilegales. Como, por otra parte, hace frecuente e indebidamente la incompetente y prepotente delegada del Gobierno en Madrid. Por lo tanto, lo único que puede haber en el ámbito de las consultas populares auspiciadas por las autoridades autonómicas, como en el de las manifestaciones de todo orden a cargo de organizaciones de todo tipo: sociales, sindicales, políticas, familiares, religiosas… etc, etc (dejando de lado, por supuesto, otras muchas expresiones democráticas del pueblo soberano), son tanto consultas como manifestaciones “autorizadas” y “no autorizadas”, pero ambas dentro de la legalidad constitucional.
A este respecto recordemos el artículo 149.1 de la Constitución española que citaba antes. Dice lo siguiente: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
32ª.- “Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”
Es decir, las consultas populares que puedan convocarse en las Comunidades Autónomas por vía de referéndum deberán ser autorizadas por Estado español (se entiende el Gobierno nacional y las Cortes Generales) esto queda bien claro en el artículo, pero nada dice el mismo (ni ningún otro de la Carta Magna) de las otras consultas que no tengan como fin último el referéndum, o sea, que para nada contemplen la finalidad de que “el pueblo ratifique o apruebe lo que votaron sus representantes con anterioridad” y que, por lo tanto, quedan fuera de la preceptiva y constitucional autorización estatal.
¿Y qué es una consulta “vía referéndum”, se preguntará el lector profano, vaguetón, políticamente incorrecto o simplemente deprimido por la crisis, que acaba de leer las anteriores líneas? Pues para ello deberemos encomendarnos cuanto antes al Diccionario de la Lengua Castellana que, aunque es un tocho impresionante, nos puede sacar de dudas. Efectivamente. El citado refugio literario del lenguaje español dice lo siguiente referido a la palabra “referéndum o referendo”:
“Acto de someter al voto popular directo las leyes o actos administrativos, con la finalidad de que el pueblo ratifique lo que votaron sus representantes”
O sea, que para que cualquier consulta popular auspiciada por las autoridades de una Comunidad Autónoma española deba solicitar previamente la pertinente autorización del Estado tiene que esconder en su seno el carácter político de un referéndum en toda regla, esto es que su finalidad sea “ratificar lo que previamente han votado ya sus representantes”. Nada dice la Carta Magna, repito, de las consultas que no tengan este fin de “aprobación o ratificación de decisiones previamente adoptadas por los representantes del pueblo soberano” sino simplemente que sean eso “consultivas” de cara a que esos representantes legítimos puedan tener el suficiente conocimiento de lo que piensan sus administrados antes de tomar trascendentes decisiones que pueden afectar a su futuro en el campo de la política, la economía, la ecología, la sociología, la cultura, la lengua, las relaciones exteriores… etc, etc.
Entonces, apreciables compatriotas que ya os veis al borde de una nueva guerra civil por culpa de estos demócratas de pacotilla que nos gobiernan y que evidencian un miedo atroz a las urnas, si la cosa no se ha salido todavía de los cauces legales nacionales, ni es previsible de momento que vaya a hacerlo en el futuro ¿a qué viene toda esa alharaca de gritos, descalificaciones, amenazas, insultos, imputación de delitos…etc, etc contra los legítimos representantes del pueblo catalán elegidos hace escasas semanas en las urnas y que lo único que quieren, y que acaban de decir, es preguntar a sus conciudadanos (y no parece que por vía de referéndum ya que ellos no piensan decidir nada sobre el tema hasta que lo haga el pueblo) como desearían que fuera la nación catalana en un futuro a medio o largo plazo? Nada más. Algo perfectamente legítimo, democrático y…además, legal. Porque si hacemos caso al artículo de la Constitución que acabamos de examinar, esa consulta en forma de encuesta general a la ciudadanía catalana, dados los cambios que se perfilan en el horizonte político español como consecuencia de la crisis económica e institucional que arrastra el Estado (hasta el PSOE es abierto partidario a día de hoy de la reforma de la Constitución y de un nuevo Estado federal), no solo es perfectamente deseable y conveniente sino casi obligatoria para un nuevo Govern que aspire a salir cuanto antes de la crisis general que padecemos y a cimentar unas bases sólidas para el futuro bienestar del pueblo catalán en su conjunto. Y en el tiempo y forma que elijan los propios ciudadanos.
¡Basta ya, pues, de esparcir delitos, deslealtades, traiciones, ignominias… y demás sambenitos anticatalanes por los cuatro puntos cardinales de esta piel de toro, que haría bien en no mirar para otro lado, lamerse sus heridas, sus corrupciones y ponerse a trabajar de una vez! ¡Y olvídense de seguir amenazando, señores prepotentes de la mayoría absoluta pepera, que ya no asustan a casi nadie! Porque puede ser, tal como está el patio español, que sean ustedes y no los dirigentes catalanes recién elegidos los que no estén ya en sus actuales poltronas, dentro de unos meses, cuando éstos decidan llevar a cabo su prometida consulta popular. Y para la realización de la cual, como acabamos de ver, no les hará falta ninguna autorización previa de su omnímodo poder.
Son ustedes, y perdonen la claridad manifiesta de mis palabras señores jerifaltes y jerifaltas del antigobierno popular que padece y sufre este país en ruinas, unos ineptos vándalos políticos que están jodiendo a España entera al consabido grito clerical de ¡Santiago y Cierra España! Van a acabar cerrándola de verdad y para siempre. En estos momentos, es cierto, el sombrajo pétreo de la Transición (franquista hasta la médula) empieza a deshilacharse por sus costuras periféricas sin que nadie sepa en estos momentos hasta donde llegará el tsunami político y social que acaba de penetrar por el NE de la Península Ibérica. Pero los culpables ni han sido, ni son, ni serán los catalanes, los vascos, los gallegos o cualquier otro pueblo integrado durante siglos en la España que se muere y que ahora, ante el desastre, inician su particular transición a una vida mejor. Los grandes culpables han sido ustedes, el PP y el PSOE, los dos partidos mayoritarios que se han turnado descaradamente durante decenios en el poder y que, adueñándose y repartiéndose prebendas y canonjías sin cuento, han propiciado una descomunal corrupción que ha arruinado y envilecido este desgraciado país. Y sin olvidar, por supuesto, la obsoleta, extemporánea, ridícula, corrupta, banal… monarquía franquista, que con su inanidad y frivolidad manifiestas, ha contribuido como nadie a crear el terrorífico pantano existencial en el que en estos momentos nos ahogamos los ciudadanos españoles.
* Amadeo Martínez Inglés, Coronel, escritor, historiador
