El gobierno paraliza la declaración de los querellantes contra el franquismo

Y a la segunda tampoco pudo ser… a pesar del ambiente de optimismo que se respiraba en la entrada de la embajada Argentina en Madrid, el gobierno heredero del franquismo consiguió paralizar este segundo intento de declaración.

La juez argentina María Servini ha acordado suspender temporalmente las declaraciones de una docena de víctimas del franquismo, tras recibir una llamada del embajador argentino en Madrid manifestándole el malestar del Gobierno español.

Desde la Red Ciudadana de Apoyo a la querella Argentina contra los crímenes de franquismo (Red-Aqua) han manifestado su “sorpresa” por esta circunstancia después de que todos los testigos hubieran sido citados a comparecer desde este miércoles en el Consulado argentino para declarar por videoconferencia en la causa en la que piden imputar a dos ministros del general Francisco Franco, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad.

Entre otros, se han querellado contra Rodolfo Martín Villa, quien ocupó cargos en el franquismo y los ministros José Utrera Molina –suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón– y Fernando Suárez; así como a los jueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.

Según ha explicado el abogado de los querellantes Carlos Slepoy, el Ministerio de Exteriores emitió una queja al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, porque esta diligencia se haya efectuado sin comunicación previa al Estado español y sin comisión rogatoria.

El embajador transmitió el “profundo malestar” de las autoridades españoles a la magistrada y pidió suspender las declaraciones ante su posible anulación por falta de comisión rogatoria. Las víctimas han conocido este hecho cuando ya se han encontrado en el Consulado y después de que, en un primer momento, se les comunicara que había problemas técnicos para realizar las videoconferencias.

A su juicio, este “escollo” supone “piedra más en el camino” para las víctimas del franquismo que creían estar viviendo un “momento histórico” por tener la oportunidad de ser oídas por primera vez por un tribunal.

Pero la querella sigue… “Supone que se suspende la toma de declaración en el consulado de Madrid, pero ya hay un grupo de querellantes que se van a desplazar próximamente a Argentina para declarar. Todo sigue adelante”, comentaban los abogados Carlos Slepoy y Ana Messuti.

Si se avanza en el proceso judicial abierto en Argentina y finalmente se pide la extradicción de los exministros, jueces y torturadores del franquismo que aún sigues vivos y que han sido reclamados, es entonces cuando entra en vigor el tratado bilateral suscrito por ambos países y cuando debe realizarse la comisión rogatoria. “Ahí se van a terminar las excusas para tratar paralizar esto”, ha agregado Slepoy.

La hermana de Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados por el garrote vil durante la dictadura franquista, Merçona ha explicado a las puertas del Consulado que acudía con la esperanza de que el crimen no quede “impune” y que “paguen” sus responsables. Ha denunciado que el Gobierno “no ha resarcido su memoria y ha pasado página”.

El resto de víctimas presentes en el Consulado también han mostrado su deseo de que sea éste sea el paso “definitivo” para dar su testimonio ante un tribunal y que los responsables de los crímenes sean investigados, encausados y enjuiciados.

Su querella también está dirigida contra los agentes de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pachecho, alias ‘Billy el Niño’, y José Ignacio Giralte González, contra el escolta Celso Galván Abascal y el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar por “consentir” torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.

Las declaraciones que estaban previstas eran las siguientes:

Primera Sesión (8.05.2013)

– Pablo Mayoral Rueda: Procesado, en el mes de julio de 1975, por el Juzgado Militar número 2 de la Primera Región Militar, en la causa 245/75. En el que se pidió pena de muerte a tres de sus compañeros, fusilando a José Humberto Baena Alonso, el 27 de septiembre de 1975.

– Merçona Puig Antich: Hermana de Salvador Puig Antich, muerto a garrote vil, el día 2 de marzo de 1974 en la cárcel Modelo de Barcelona.

– Pedro Fausto Canales: Asesinaron a su padre de 29 años de edad junto con seis compañeros. En octubre de 2003 se descubrió el pozo-fosa donde habían arrojado los siete cadáveres, comprobando que los restos no existían porque habían sido exhumados oficialmente, el uno de marzo de 1959, y trasladados al Valle de los Caídos.

Segunda Sesión (9.05.2013)

– Andoni Txasko Díaz: El día siguiente a las muertes de Vitoria-Gasteiz, el cuatro de marzo de 1976, es brutalmente apaleado en la calle por la Policía Nacional, a consecuencia de esa paliza pierde el ojo derecho y le queda una visión residual en el ojo izquierdo valorada en 1/50.

– Hilda Farfante Gayo: Su madre, maestra y directora de las Escuelas Graduadas de Cangas del Narcea, es detenida el 9 de septiembre de 1936 y desde ese momento queda desaparecida. Su padre, maestro también, va a buscarla y también desaparece. Las tres hijas pequeñas son puestas a salvo por el abuelo paterno. Más tarde son recogidas por tres distintas familias y nunca más vuelven a vivir juntas.

– Mª Remedios Palomo Casado: Su abuelo, alcalde republicano de El Arenal en la provincia de Ávila, es detenido, encarcelado, condenado a muerte y ejecutado el 20/12/1936. Su tía abuela es igualmente detenida y condenada a 20 años. Los padres de su abuelo son detenidos y asesinados el 1 de noviembre de 1936. Por último el hermano de su abuelo fue asesinado en febrero de 1937.

Tercera sesión 15.05.2013)

– Silvia Navarro Pablo: Caso particular de la tercera “saca” de 2 de septiembre de 1936 en la ciudad de Calatayud (secuestro domiciliario y asesinato de 16 civiles, entre otros su tío-abuelo, José Antonio Marco Viedma, 33 años) y traslado, sin permiso de las familias, de los restos mortales de los asesinados al Valle de Los Caídos.

– Soledad Luque Delgado: Ella y su familia sufrieron el robo de su hermano gemelo. En la documentación recuperada aparecen nombres de médicos y funcionarios. Dicen que es clara su vinculación con el régimen político franquista.

– José Luis Gutiérrez Molina: Denuncia del trabajo esclavo en el Canal de Bajo Guadalquivir, llamado “Canal de los presos”. Incluye la relación de las empresas que utilizaron trabajadores esclavos durante el franquismo.

Cuarta sesión (16.05.2013)

– Jesús Rodríguez Barrio: Desde los dieciocho años detenido en tres ocasiones, torturado en la Dirección General de Seguridad y encarcelado, la primera vez en el “Reformatorio de Menores” de la Cárcel de Carabanchel.

– María Victoria Sánchez-Bravo Solla: Hermana de José Luis Sánchez-Bravo Solla, que fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, después de ser cruelmente torturado.

– Jon Etxabe Garitazelaia: Juzgado en el Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69. “Proceso de Burgos”, condenado a 50 años, sacerdote que cumple condena en el penal de Zamora.

La Plataforma Vasca y la red ciudadana contra los crímenes del franquismo (red AQUA) han recogido más de 300 querellas de víctimas de franquismo y más de 6.800 adhesiones, que han sido presentadas ante la jueza argentina. Estos testimonios incluyen crímenes relacionados con la guerra civil, presos condenados a trabajo esclavo, niños robados, torturas del aparato policial franquista y ejecuciones ordenadas por el Gobierno de Franco entre otros delitos en un periodo de tiempo que va del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977.