El Infanticidio y el juez que a ratos pedalea
Cuando en una sociedad irrumpe con alivio la normalidad democrática, y eso se percibe como una quiebra sobrenatural, es que la superstición oficial ya no puede seguir secuestrando a la realidad.
La ruptura democrática llama a la puerta. Da igual que el procesamiento de la Infanta Cristina de Borbón no prospere o caiga en alguna de las mil trampas y zancadillas que se abrirán a su paso. Lo importante ya ha ocurrido. El sólo hecho de haber fracasado todas las presiones para impedir su imputación judicial significa una enmienda a la totalidad al sistema. En fase de embrión, pero contundente rechazo al fin y al cabo. Porque la clave de bóveda del régimen era la impunidad de la monarquía reinante y el acatamiento cómplice de la corte secundante. Estamos, pues, ante una nueva y radical manifestación del “sí se puede” que se ha abierto camino en la conciencia democrática de la gente desde el estallido de la crisis. Hasta tal punto de que, antes del climax creado por las movilizaciones ciudadanas contra el austericidio y el duopolio dinástico claudicante, no podía entenderse la aparición de un juez en bicicleta verdaderamente independiente (a no ser en la versión espuria de jueces estrella para deslumbrarnos).
La corrupción en los aledaños de la jefatura del Estado era el último eslabón que faltaba para para confirmar la abrumadora ilegitimidad del sistema vigente y la incompetencia dolosa de la clase dominante, política, económica y gobernante. Es el acta defunción de un modelo que arrancó con la transición y que lejos de traer democracia real y bienestar a los españoles, 35 años después se salda con un fiasco generalizado en toda regla. Un fracaso económico que ha dejado el país sin más fuente de riqueza que los activos que la propia naturaleza y el clima le depara secularmente. Un expolio de arriba-abajo perpetrado mediante una crisis gestionada a favor de los clanes financieros que la provocaron y cruelmente endosada sobre la población que la ha padecido. Un fraude político-ideológico escenificado a través de un duopolio que en realidad encubría el tongo de un partido único PSOE-PP, anclado en obediencia debida al poder económico y dinástico. Y una corrupción en las aturas de la política y los negocios que es el mejor resumen y exponente del saqueo perpetrado por la Marca España al pueblo trabajador. Razones más que sobradas para licenciar definitivamente a todos los responsables del monumental atraco.
La cuestión es saber cómo reaccionarán las bases de esos partidos y sindicatos de la sedicente izquierda, absolutamente necesarias para nutrir la mayoría social que provoque la ruptura democrática, y que hasta ahora, como durante la transición, están siendo manipuladas por sus direcciones para que todo siga igual pero con golosinas. La excusa durante el postfranquismo fue que existía riesgo de “volver a las andadas”, de un nuevo conflicto civil. ¿Cuál será ahora el argumento de autoridad de aquellos que instan a la unidad con la izquierda franquiciada que ha sido parte del problema? ¿Aceptaran cargos y dádivas como en Andalucía para evitar de nuevo que los ciudadanos alcancen la mayoría de edad democrática y tengan derecho a decidir el futuro del país? ¿Volverán a permitir que los corresponsables del expolio cumplimenten su travesía del desierto hasta que escampe y la desmemoria entierre el porvenir en manos de las castas? ¿Cuál hoy es el Plan B para orquestar de la resignación?
Esto es lo realmente importante del “caso Nóos”. Atrás quedan otras lecturas subsidiarios dignas de análisis pero menos trascendentes. Como el disciplinamiento de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, servidores públicos, como defensores de cabecera de los intereses particulares de la Corona. El acoso (“un martirio”, según el Jefe de la Casa Real), linchamiento mediático (ay, el simpático televisivo Carlos Sobera, defendiendo “al pobre” Urdangarin hace unos días enLa Sexta) y espionaje (el Wall Street Journal denunció en portada las presiones de los servicios secretos y hay una pieza secreta abierta por el juez Castro sobre los manejos de las terminales del CNI) a que ha sido sometido el instructor de la causa para hacerla descarrilar. Las purgas en la Inspección de Hacienda para “adecentar” los informes fiscales del matrimonio cleptómano. Y el asombroso y cómplice silencio de partidos de la oposición y sindicatos al desentenderse de un caso que implicaba el uso de una ONG para robar dinero público, habiendo sido una organización ultra, Manos Limpias, la que ha llevado en solitario la acusación particular (luego caracolean escandalizados por el apoyo popular que están recibiendo grupos nacionalistas cara a la elecciones europeas, aprovechándose del vacío popular dejado en la repulsa de la Europa del Austericidio). Afortunadamente, el acierto del Frente Cívico Somos mayoría (FCSM), personándose in extremis en la causa, ha salvado ese incomprensible agujero negro que exoneraba de responsabilidades a la Casa Real, con “bribones”, “fortunas”, “corinnas” y demás ralea en el cortejo.
La fecha de autos del Infanticidio, fijada por el juez que a ratos pedalea, era el próximo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero se apresuró un mes antes para evitar el goteo mediático. Y mientras, intentar “cargarse” al insolente juez que cree que la justicia, que en la Marca España se ejerce en nombre del Rey padre, es igual para todos y todas.
