El lawfare argentino, Cristina y el futuro de la democracia

Por Rubén Armendáriz*. LQSomos.

Como estaba previsto, el Tribunal Oral Federal 2 condenó esta martes a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos a la dos veces presidenta y hoy vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien reiteró que «la condena estaba escrita» y adelantó que apelará el fallo condenatorio bajo la figura de «administración fraudulenta».

Cristina adelantó que no será “candidata a nada en 2023”. También se refirió al intento de asesinato que sufrió, y dijo que tal vez no la puedan meter presa porque a alguien se le puede ocurrir matarla antes. «Presa o muerta me quieren». Asimismo, aseguró que «la condena real no es la prisión, es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos»,

El gobierno señaló que la condena a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner constituye un ataque al proceso democrático y busca cercenar los derechos políticos de la exmandataria y del electorado, como otra muestra del funcionamiento del lawfare en Argentina. Los fundamentos del veredicto se conocerán el año que viene.

La Causa Vialidad

Los jueces sostuvieron que los hechos investigados «evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial».

Esos lazos -sostuvieron- «fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Antonio Báez)».

«Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal», aseveraron los jueces en su reseña.

Jueces con certeza religiosa, sin pruebas.

El lawfare

El llamado lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia tanto local como extranjeros. ¿Quién elige a los jueces? Obviamente no los pueblos.

El proceso de lawfare no se limita a la persecución contra partidos políticos y sectores vinculados al progresismo, sino que avanza también contra la protesta social, exacerbando la criminalización de la militancia y la política, en una apuesta por salvar o fortalecer al neoliberalismo, la tecnificación de la política, la despolitización del Estado y el reforzamiento de sus aparatos represivos, señala el Celag.

En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra varias decenas de líderes o ex funcionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal y la ruta trazada desde Washington.

La Secretaría de Derechos Humanos argentina ya había advertido que el lawfare o “guerra jurídica” constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública.

Indicó que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo.

Además, es palmario que estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población.

«Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios», señaló la vicepresidenta en su alocución por las redes.

El fallo y el sistema judicial

Tras el fallo, la vicepresidenta decidió dejar de lado las apreciaciones sobre la condena y se concentró en describir «el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial», que quedó expuesto en la filtración de chats de un grupo de jueces, funcionarios del gobierno de la capital y representantes del Grupo Clarín a la estancia Lago Escondido del inglés Joe Lewis, amigo del expresidente neoliberal Mauricio Macri.

«Es un Partido Judicial, una mafia, un estado paralelo», sentenció Cristina, tras indicar que en el juicio se violaron todas las garantías constitucionales, que todo lo que se dijo era mentira, que el juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, habiendo dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Y allí se concluyó que no hubo delito alguno.

“Pero además, durante todo el juicio, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme. Se construye una historia de imagen de ladrón, de delitos patrimoniales cuando, en realidad, cuando termino como Presidenta, tengo los bienes por los que fui investigada tres veces, inclusive por uno de los jueces que hoy nos acusa, Julián Ercolini”.

Las precisiones de Cristina

– Lo raro es que la condena de hoy es por «administración fraudulenta». Como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, y así lo hice mi defensa, probé que de acuerdo a la Constitución yo no tengo el manejo ni de las leyes del Presupuesto, que son aprobadas por diputados y senadores. Tampoco el Presidente administra y ejecuta el Presupuesto. Después de la reforma de 1994, quien tiene el deber jurídico de administrar y ejecutra el Presupues es el Jefe de Gabinete. En este juicio solo declararon como testigos y no es que quiera decir que fueron responsables.

– A lo largo del juicio se probó que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola en su alegato histriónico eran ciertas. A punto tal que cuando les tocó replicar cado uno de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron durante el juicio no pudieron replicar nada.

– Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal, esta es una condena que tiene su origen en un sistema de lawfare, también lo he llamado «partido judicial». Pero esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. La confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre el conjunto de los argentinos por fuera de los resultados electorales.

– El presidente de la Nación hizo mención ayer en una cadena nacional. Yo estaba en Calafate y empecé a recibir mensajes sobre un sitio en el que se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que tuvo lugar el 17 de octubre, son esas casualidades. Un viaje en un avión privado a la estancia de Joe Lewis, el ciudadano británico que tiene secuestrado el Lago Escondido.

– En ese viaje, viajaron cuatro jueces. Juan Mahiques, un juez de Casación puesto a dedo por Mauricio Macri, nunca concursó para su cargo. El otro era Julián Ercolini, el juez que instruyó esta causa. Mahiques es el padre del fiscal Mahiques que instruyó en esta causa también. Y el juez Yadarolla y Cassyals. Si uno mira, está todo el fuero federal. Faltaría la Cámara en lo Civil y Comercial, pero se la conoce como la «Cámara en lo Comercial y Clarín».

– Además iban dos funcionarios del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro a quien recuerdo muy bien porque fue quien puso las fallas en mi casa, cuando sucedieron los episodios después del atentado. Además, días posteriores al atentado contra vida, hizo acciones de inteligencia sobre toda la gente que entraba y salía de mi edificio.

– D’Alessandro es además, por su cargo, quien controla a los vendedores ambulantes que van por toda la ciudad. ¿Recuerdan la banda de vendedores ambulantes que terminaron atentando contra mi vida? El otro funcionario de Larreta fue el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Mahiques. Hijo de Carlos Mahiques, hermano del fiscal de la causa de Vialidad. Son la familia judicial en su máximo esplendor.

– En el propio tribunal (TOF 2) que me juzgó a mí. El camarista Hornos –quien va a tomar la apelación de esta sentencia– es el tío de la señora del presidente del tribunal (Rodrigo Giménez Uriburu) que me condenó. También recordemos que es el jugador del equipo Liverpool, donde también juega el fiscal Luciani, ¿en dónde? en la quinta de Macri. ¿Qué otro jugador hay en ese equipo? Mariano Llorens, que está en la Cámara Federal, donde siempre fallan condenándonos.

– Este es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial. Un Partido Judicial, una mafia, un estado paralelo. ¿Quién pagaba el avión? Era el Grupo Clarín, Jorge Magnetto (su presidente), a través de sus personeros. Jorge Rendo, al que no hay político ni juez que no lo conozca, el operador todo terreno de Magnetto y el Grupo Judicial.

* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
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