España y la inmigración: la muerte de Alpha Pam
La reforma sanitaria que entró en vigor en España el 1 de septiembre de 2012 ha privado de asistencia sanitaria a 873.000 inmigrantes. La muerte en Baleares del senegalés Alpha Pam, un joven de 28 años al que se le denegó la atención en el Hospital Comarcal de Inca por no disponer de tarjeta sanitaria, sólo es un ejemplo más de una tragedia que afecta al 2% de los habitantes del Estado español. Alpha Pam sufría tuberculosis y murió ante la indiferencia de las autoridades baleares, particularmente beligerantes e inhumanas en su campaña contra los inmigrantes sin papeles. Médicos del Mundo ha contabilizado 160 casos de exclusión sanitaria en servicios de urgencias, pese a que la ley garantiza ese derecho, incluso a los extranjeros en situación irregular. El pasado 23 de febrero Alpha Pam acudió al centro de salud de Can Picafort acompañado por un amigo. Se le derivó al Hospital Comarcal de Inca, con la indicación de que se le realizara una radiografía de tórax para confirmar una posible tuberculosis, pero se le rechazó en admisión, con una actitud inflexible y despectiva. El empeoramiento de su salud le hizo regresar el 5 de abril. Sólo consiguió ser atendido después de abonar 40 euros. El médico se negó a realizar la radiografía y le despachó en cinco minutos, con un diagnóstico de bronquitis. El 21 de abril falleció en su domicilio de Can Picafort. Se ahogó en su propia sangre, después de sufrir violentas hemoptisis en presencia de sus vecinos, que contemplaron con impotencia su agonía en las escaleras del bloque de viviendas. La autopsia confirmó que la muerte había sido causada por la tuberculosis.
Ana Mato, Ministra de Sanidad, ha atribuido un ahorro de 1.000 millones de euros a sus medidas contra el “turismo sanitario”. Al parecer, Alpha Pam era uno de esos “turistas” que están hundiendo nuestro sistema de salud, pese a que los datos demuestran inequívocamente que los inmigrantes son una fuente de riqueza y prosperidad. La actitud de Ana Mato, un simple peón del agresivo neoliberalismo que se ha apropiado del planeta, es previsible y no debería suscitar estupor, pero cuando se aprecia que el racismo también ha echado raíces en la clase trabajadora, resulta inevitable pensar que la insolidaridad se ha extendido como la peste de Camus, contaminando al conjunto de la sociedad. Amnistía Internacional ha recriminado a los miembros del Partido Popular que describan a “las personas migrantes como colectivos que no contribuyen al desarrollo del país y que abusan de un sistema sanitario, al que no tienen derecho”. Al margen de consideraciones morales, esta clase de comentarios son rigurosamente falsos.
Inmigración y estado de bienestar
El informe Inmigración y Estado de Bienestar en España elaborado en 2011 por la Obra Social de La Caixa sostiene que los inmigrantes aportan tres veces más de lo que le cuestan al Estado español. “Los argumentos de sobreutilización y abuso del sistema de protección social por parte de la población inmigrante están injustificados. Los inmigrantes reciben menos del Estado de lo que aportan a la Hacienda pública”. Francisco Javier Moreno, investigador del Instituto de Políticas Públicas del CSIC, y María Bruquetas, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Ámsterdam, son los autores del estudio financiado por La Caixa. Ambos afirman que se han olvidado los datos que presentó la Oficina Económica del Gobierno en 2006, según los cuales la fuerza de trabajo aportada por los inmigrantes había sido la causa del fuerte crecimiento del PIB entre 2000 y 2005. En esas fechas, el Estado español crecía a un ritmo del 3’6% anual y la mitad de esa cifra procedía de la aportación laboral, humana y social de la población inmigrante. Aunque se beneficiaban directamente del 5’4% del gasto público (18.600 millones), aportaban un 6% de los ingresos totales (23.400 millones), lo cual significa un saldo neto de casi 4.800 millones (la mitad del superávit del sector público). Según datos del pasado mes de abril, el porcentaje de extranjeros afiliados a la Seguridad Social apenas ha variado. Se mantiene en un 10’3%, con 1’8 millones de trabajadores extranjeros aportando sus cotizaciones a las cuentas públicas. Por el contrario, menos del 1% de los pensionistas son extranjeros y la mitad pertenecen a la Unión Europea. Gracias a los trabajadores inmigrantes, la proporción de cotizantes por cada pensionista se ha elevado al 2’5, lo cual retrasará en casi cinco años el previsible déficit del sistema español de pensiones, que ya no se enfrentará a problemas de liquidez en 2023, sino en 2028. Por otro lado, los extranjeros, lejos de abusar de los servicios sanitarios, acuden con menos frecuencia a consulta (un 7% menos en el caso del médico de cabecera y un 16’5% en el caso del médico especialista), pues la mayoría son jóvenes en edad de trabajar y el número de personas dependientes (niños, ancianos o discapacitados) es muy bajo. Sólo utilizan algo más los servicios de urgencias (un 3’2%), pues el miedo a perder el puesto de trabajo retrasa muchas veces sus visitas al médico. Los servicios sociales sólo dedican un 6’8% a los inmigrantes en situación de pobreza o exclusión social y en un 60% de los casos se limitan a informarles de sus derechos o a desviarles a otras instituciones. Sólo un 11% se beneficia de las rentas de inserción. Por último, el altísimo porcentaje de mujeres inmigrantes dedicadas a labores domésticas y al cuidado de niños y mayores ha facilitado la incorporación al mercado laboral de las mujeres españolas, aumentando las rentas familiares e impulsando el consumo.
Pese a estos datos, el 37% de los españoles manifiestan prejuicios racistas y un 52% opina que los inmigrantes reciben más de lo que aportan. Este juicio negativo propicia que cada año se cometan unas 4.000 agresiones por racismo. El racismo no es un invento del neoliberalismo, pero es evidente que está asociado a las ideologías que promueven la desigualdad y justifican los privilegios.
De nuevo, el darwinismo social
En Estados Unidos, prospera la creencia de que las diferencias sociales sólo reflejan la diversidad genética determinada por las leyes de la biología. El 21 de julio de 2013 se publicó en la prestigiosa revista Science un artículo titulado “GWAS of 126,559 individuals identifies genetic variants associated with educational attainment”. Firmado por Cornelius A. Rietveld y otros autores, el estudio de asociación del genoma completo (GWAS, Genome-wide association study) aventura que la estructura genética de una persona o de un grupo étnico determina su desarrollo educativo y su éxito profesional, explicando las diferencias de renta. Es el mismo argumento que empleó en 2009 Jason Richwine en su tesis doctoral “IQ and Inmigration Policy”, aprobada y publicada por la Universidad de Harvard. La tesis afirma que los hispanos de Estados Unidos poseen una estructura genética inferior a la de la población blanca de origen anglosajón. La teoría se basa en los famosos test de inteligencia que miden el cociente intelectual (CI). Por supuesto, Richwine no menciona que muchos de los test utilizados para verificar su tesis se realizaron con inmigrantes hispanos con un conocimiento deficiente del inglés o con un entorno social y familiar marcado por la pobreza y las dificultades. Richwine llega más lejos, atribuyendo el subdesarrollo de América Latina a factores genéticos y no a cuestiones históricas y políticas. Nada nuevo bajo el sol. En los ochenta, se realizaron estudios semejantes para acreditar la inferioridad de los afroamericanos. A estas alturas, pocos científicos ignoran que la calidad y el desarrollo intelectual de un ser humano no pueden medirse objetivamente mediante los test de CI, pues las preguntas, lejos de establecer el grado de inteligencia, sólo miden la socialización del individuo, de acuerdo con un modelo que no repara en cuestiones emocionales o puramente circunstanciales.
La inteligencia no es una simple variable genética, sino el resultado de multitud de factores que no se reflejan en un test de CI. El hecho de que la Universidad de Harvard respaldara la tesis de Richwine sólo corrobora la influencia del neoliberalismo en todas las esferas, incluida la educativa. Es evidente que se buscan teorías que justifiquen el obsceno crecimiento de las desigualdades. Estas teorías apenas difieren del darwinismo social del nazismo, una ideología aberrante que contó con el apoyo de infinidad de médicos y biólogos, alemanes y no alemanes. La única diferencia es que la Alemania nazi aplicó sus criterios genéticos y eugenésicos mediante la exterminación directa y en Estados Unidos (o España) se recurre a medidas indirectas, como la exclusión de la sanidad, el recorte de becas educativas o el hostigamiento policial.
España condenada por violar los derechos de los inmigrantes
El 24 de julio de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por violar el derecho de Beauty Solomon a no sufrir tratos inhumanos o degradantes y a no ser discriminada por motivos raciales. En 2005, Beauty Solomon, una mujer nigeriana con residencia en España, sufrió las agresiones de la Policía Nacional en Palma de Mallorca, que en dos ocasiones la agredieron en la vía pública, golpeándola con porras y llamándola “puta negra”. La justicia española excusó a los agentes, afirmando que sólo cumplían con su deber, pese a que Beatuy Solomon no había cometido ningún delito ni había opuesto ninguna forma de resistencia o desacato. El caso fue presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las abogadas de Women’s Link Worldwide en septiembre de 2008. La sentencia condenatoria tiene un enorme valor moral y jurídico, pero apenas ha influido en las autoridades españolas. De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones condenó a España en octubre de 2012 por detención arbitraria del ciudadano marroquí Adnam el Hadj, que sufrió malos tratos y vejaciones en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha elaborado un dictamen donde considera probado que Adnam el Hadj fue arrestado el 8 de mayo por la Policía Nacional por “su origen nacional, étnico y social”. Durante su estancia en el CIE de Aluche, soportó “vejaciones, malos tratos y torturas con insultos de un alto contenido racista”. Varios testigos aseguran que los agentes le repetían: “Vienes a España a comer gratis. Que te den comida en tu país, moro de mierda”. Adnam el Hadj “no dispuso de recurso judicial ni administrativo para impugnar su detención”. El dictamen recoge el parte médico del servicio sanitario del CIE de Aluche, que constata la existencia de “múltiples contusiones y golpes por agresión policial nocturna” y la orden de traslado al Hospital Universitario, que se incumplió. “No fue llevado al hospital. Tampoco se ordenó un reconocimiento médico forense ni se tomaron fotografías de las lesiones sufridas. No se le proporcionó la asistencia médica y hospitalaria a que tenía derecho”. El Hadj fue expulsado de España ese mismo día para facilitar el archivo de su denuncia.
El dictamen de Naciones Unidas no es vinculante, pero se basa en los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por España. Se pide “una reparación proporcionada al mal causado”. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado pide al Estado español que se dé por aludido y entienda que “la única forma de respetar los tratados internacionales es aboliendo y cerrando para siempre los CIES”.
Una sociedad unidimensional
Desde hace tres décadas, soportamos una rebelión silenciosa encabezada por el capital contra el mundo del trabajo. Su éxito no se ha basado sólo en las medidas económicas de los gobiernos conservadores y socialdemócratas, confundidos en la misma amalgama de corrupción e indignidad, sino también en un gravísimo deterioro de los valores morales. Se llama reformas al ataque más grave que ha sufrido la clase trabajadora desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, los sentimientos de rabia e impotencia se desvían hacia los más vulnerables. Es absurdo e inmoral responsabilizar a los inmigrantes de una crisis provocada por sucesivas burbujas especulativas (financieras, tecnológicas, inmobiliarias). Abocada a elegir entre el paro, la exclusión y la explotación laboral, la clase trabajadora está sucumbiendo a la obscenidad del racismo, olvidando que el verdadero responsable de sus penurias es el capitalismo, un sistema incompatible con los principios éticos de una sociedad verdaderamente libre, igualitaria y plural. No estaría de más releer El hombre unidimensional (1964), donde Herbert Marcuse nos describía el capitalismo como una sociedad sin espacio para la conciencia crítica, la protesta y la diversidad. La sociedad industrial avanzada, con sus crecientes recursos tecnológicos y militares, es la realización histórica del sueño totalitario. El poder al fin puede controlar todas las esferas de la vida colectiva e individual. Marcuse no conoció las redes sociales ni el espionaje masivo, pero es evidente que fenómenos como Facebook o Google corroboran su visión del mundo contemporáneo: “En la sociedad industrial avanzada prevalece una confortable, tersa, razonable, democrática no libertad”. La clase trabajadora ya no es una fuerza de transformación histórica, pues raramente cuestiona el sistema y sólo lamenta que sus crisis cíclicas les perjudiquen, privándoles de su bienestar. Marcuse especula que los cambios sólo pueden proceder de los sectores profundamente marginados y totalmente excluidos: extranjeros sin papeles, indigentes, parados de larga duración, discapacitados. “Su oposición es revolucionaria, aunque su conciencia no lo sea. […] Es una fuerza elemental que viola las reglas del juego y al hacerlo muestra que es un juego trucado”. Alpha Pam era un extranjero sin papeles. Su muerte no es “un trágico error”, de acuerdo con las palabras de Ana Mato, sino la evidencia de que el capitalismo es un sistema basado en la violencia y la exclusión, donde el ser humano sólo es una simple mercancía, una variable en el proceso productivo que puede ser despejada con una sencilla tachadura. Si los trabajadores no adquieren una conciencia clara de su situación en esta trama y se solidarizan con el extranjero, el pobre, el paria y el marginado, nunca podrán estar seguros de que su final no se parecerá al de Alpha Pam, un joven que se habría salvado con una simple radiografía y un sencillo tratamiento con antibióticos.
