Estado de emergencia: Libertades por las que no hay que ceder
Benjamin Köning*. LQSomos. Enero 2015
Después del 13 de noviembre las manifestaciones están prohibidas y los agrupamientos apenas tolerados, ni tan siquiera en la Place de la Republique.
Una durísima situación que se abate sobre Francia a partir de los atentados del 13 de noviembre. El rostro del país ha cambiado totalmente. Francia se halla en estado de emergencia y se apresura a modificar, en ese contexto extremadamente pesado, aquello que es su esencia: su Constitución. Un presidente de la República, salido de un partido que se considera de izquierda, entrevé muy seriamente la posibilidad de quitar la nacionalidad a los binacionales nacidos franceses. La negativa de un pacto social y el cuestionamiento de nuestra política extranjera parece echar las bases de una grave deriva. Pero, concretamente, ¿esta medida es eficaz?, y ¿cuáles pueden ser los riesgos?
El retorno a la delación
El primer caso de un individuo, que podemos llamar «Zinédine», al que se le ha quitado la residencia, es emblemático. Fue denunciado sin razón por un viejo colega de trabajo con quien tenía malas relaciones. Aunque el Ministerio ha levantado la medida, durante tres semanas «Zinédine» se ha debido presentar en comisaría dos veces al día y debió quedarse en su domicilio de 21,30 a 7,30 horas, lo que motivó la pérdida de su empleo. ¿Cuántos casos hay semejantes a éste? Cabe entonces preguntarse: por una simple delación ante las autoridades, ¿es posible privar a un individuo de sus libertades más elementales? Pues sí, el estado de emergencia permite estas arbitrariedades…
¿Pero es esto eficaz?
Es lo primero que hay que preguntarse, si esto no está por encima de los principios de la libertad, lo que es casi imposible de saber. Altos grados de la policía ya han admitido: «se golpea largo», lo que raramente significa golpe justo. A partir del 13 de noviembre 2764 registros administrativos (ordenados por un prefecto y no por el juez ) han sido llevadas a cabo por 422 infracciones constadas y 294 detenciones preventivas, pero ninguna relacionada con el terrorismo. Ninguna filial yihadista ha sido desmantelada.
Jean-Jacques Urvoas, diputado del PS próximo a Valls y padre de las leyes sobre terrorismo y la información, afirma ante la Asamblea: «¿El estado de emergencia debe velar por el mantenimiento del orden público en su conjunto o concentrarse únicamente en la lucha contra el terrorismo?» La tentación es grande al sacar provecho del estado de emergencia para asegurar el orden social. No faltan los ejemplos: manifestaciones prohibidas de manera arbitraria, detenciones preventivas, arrestos injustificados, y ni hablar del comportamiento violento de las fuerzas del orden. Bernard Cazenauve, el ministro del Interior, ha debido llamar a las tropas a la moderación.
Éliane Assassi, presidente del grupo comunista del Senado, ha dicho sin ambages: «Desgraciadamente, debemos reconocer que el ataque terrorista del 13 de noviembre ha cumplido sus objetivos: Francia, la patria de los derechos del hombre, ha derogado un gran número de esos derechos». El control de esas medidas se ha puesto en manos del magistrado administrativo, no judicial. Por fuerza, el Consejo de Estado ha aprobado esta medida, pues ella confía la vigilancia de la policía al magistrado administrativo, cuando el Consejo de Estado es la mayor autoridad, en detrimento del juez judicial, realmente independiente.
“Por primera vez, después de Dechy, el Estado propone privar de la nacionalidad a los binacionales nacidos franceses”
Hollande-Valls, aprendiz de brujo
Las respuestas dadas por el gobierno son únicamente de seguridad. Tras la prolongación del estado de emergencia, François Hollande desea reescribir la Constitución. La maniobra es simple: en tanto que la ley de 1955 corre el riesgo de ser anticonstitucional, quiere ahora reescribir sobre ella. Patrice Spinosi, abogado y miembro de la Liga de derechos del hombre, se alarma ante una «deriva imposible». ¿Quién sabe cómo puede ser utilizado el estado de emergencia en uno, cinco o diez años? En fin, la barbarie sobre la derogación de la nacionalidad es emblemática de un poder pronto a caer en su propia trampa.
Anunciado por François Hollande, la ley sobre esta medida no debería esperar a su aprobación, en la ley presentada ante el Consejo de ministros el 23 de diciembre (no conocemos el contenido exacto hasta el momento en que escribimos estas línea). El juego es más que peligroso: desean dar un golpe político obligando a la derecha a votar dicha ley. Pero el Consejo de Estado, que había la había apoyado, han hecho de Poncio Pilatos. Si numerosos cuadros del gobierno aseguran que esta medida no se hará efectiva «por razones políticas y jurídicas», el mal está hecho: por primera vez desde Vichy un gobierno pretende quitar la nacionalidad a los binacionales nacidos franceses. El último fue De Gaulle. Con resultados nulos, como ha reconocido Manuel Valls: «Es una medida simbólica y no de eficacia»
Los que se movilizan
Ante estas derivas, numerosas fuerzas están en lucha. Oficialmente, son las comisiones de las leyes de la Asamblea y el Senado que están a cargo del control del estado de emergencia (además de la justicia administrativa, único recurso posible). Pero su acción está trabada: los parlamentarios carecen de informaciones y el Ministerio del Interior responde a cuentagotas y, sobre todo, les da informaciones que ellos no pueden verificar.
Es, en realidad, la sociedad civil quien se moviliza. Numerosas agrupaciones han tenido lugar en diferentes ciudades de Francia para exigir el fin del estado de emergencia. La prensa hace su trabajo mostrando estos abusos, y 105 organizaciones (asociaciones, sindicatos) han lanzado un llamado para exigir el fin de este estado de emergencia. «No cederemos». Una bella palabra de orden.
* L’Humanité
– Traducido para LQSomos por Arturo Seeber
