Blanqueo, cohecho, tráfico de influencias: la fortuna oculta del emérito

Agencia Mp3. LQSomos.

Presentar la regularización después de haber recibido las notificaciones tiene consecuencias importantes, al menos para toda la ciudadanía del reino…

La Fiscalía notificó al rey emérito hasta en tres ocasiones que le estaba investigando

La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito que le estaba investigando por su fortuna oculta en el extranjero antes incluso de que Juan Carlos I presentara su regularización. Fue el teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos quien notificó formalmente al rey emérito la apertura de cada una de las tres investigaciones en junio, noviembre y diciembre de 2020, según informa el mismisimo Boletín Extraoficial del Reino: diario El País.

Con las dos primeras notificaciones en su poder, Juan Carlos I inicio sus maniobras de blanqueo presentando en Hacienda una regularización por importe de 678.393 euros en diciembre de 2020. Posteriormente, en febrero de 2021 presentó una segunda regularización por importe de 4,4 millones de euros, para entonces ya tenia la tercera notificación en sus manos.

Presentar la regularización después de haber recibido las notificaciones tiene consecuencias importantes, al menos para toda la ciudadanía del reino. Así lo advertía en marzo de este año la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, declarando entonces que el emérito no estaría exento de un delito fiscal, tal como buscaba con sus regularizaciones, dado que la Fiscalía le notificó la investigación con anterioridad y podría terminar siendo juzgado.

La importancia de estas notificaciones previas a las dos regularizaciones deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, «antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».

Las fuentes citadas hoy por El País aseguran que esas notificaciones son «muy genéricas»: ellas no se detallaba si se trataba de un presunto delito fiscal y, en tal caso, qué impuesto sería el supuestamente defraudado ni tampoco en qué período de tiempo.
En cada uno de los escritos de notificación se invitó al entonces abogado del rey emérito a personarse en las diligencias, pero éste no lo hizo en ninguno de los tres casos. De haberlo hecho, los representantes legales de Juan Carlos I habría accedido al contenido de la investigación y no habría podido alegar desconocimiento.

Pese a estas regularizaciones del rey emérito, ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía del Tribunal Supremo han cerrado todavía ninguna de sus investigaciones.

Ya en mayo de este año la Agencia Tributaria (AEAT) notificó a Juan Carlos I la apertura de una inspección y le pidió más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó una fundación de su primo Álvaro de Orleans-Borbón.

Por otro lado, este mes de septiembre, el presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, pidió a la Fiscalía del Tribunal Supremo que aclarara si notificó al rey emérito la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero.

Hasta el momento, desde la Fiscalía evitan aclarar si efectivamente esas notificaciones se realizaron formalmente antes de que el emérito regularizara con Hacienda. Si la notificación fue formal, los técnicos sostienen que la regularización no es válida y Juan Carlos I tendrá que hacer frente a las posibles responsabilidades administrativas y penales que se deriven de la causa.
Precisamente, en este mes de septiembre se conoció, según adelantó el diario El Mundo que la Fiscalía del Supremo cree que Juan Carlos I cobró «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales» para amasar su fortuna, según quedaría reflejado en una comisión rogatoria librada a las autoridades suizas para obtener información sobre la Fundación Zagatka.

La Comisión Rogatoria apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
De momento seguimos esperando la pronunciación de la justicia española, y mirando con ilusión y esperanza de Verdad a la justicia suiza.

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