Grupo Aval confiesa en EEUU lo que ha negado en Colombia
Por Pedro Santana Rodríguez*.
La Comisión de la Bolsa de Valores (SEC) de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, llegaron a un Acuerdo con los representantes del grupo Aval que confesaron sobornos para hacerse al contrato de la vía que conduce del Centro del País a la costa Caribe conocida como la Ruta del Sol II adjudicada en el año 2009 en el segundo mandato del gobierno de Álvaro Uribe así como también sobornos para la extensión de ese mismo proyecto en el trayecto Ocaña Gamarra, en el gobierno de Juan Manuel Santos
El Acuerdo se firmo el 9 de agosto. Los representantes del grupo Aval al que perteneció la firma Corficolombiana reconoció el pago de sobornos a funcionarios públicos en Colombia por 23 millones de dólares. El acuerdo estableció una multa ante la SEC por 40 millones de dólares y ante el Departamento de Justicia por el mismo valor. La suspensión de las investigaciones judiciales y administrativas tendrá una duración de tres años además de pagar la multa que por rebajas quedaría tasada en un total de 60 millones de dólares, además el grupo Aval se comprometió a colaborar con la justicia para el esclarecimiento de la verdad.
Contrasta esta decisión de la justicia de los Estados Unidos que tenía la competencia para hacerlo toda vez que el grupo Aval esta registrado en la bolsa de valores de los Estados Unidos con la impunidad que reina en la justicia colombiana por estos mismos hechos donde sólo funcionarios corruptos de poco peso y representatividad han sido juzgados y condenados. El fallo de estos organismos es claro en establecer que el grupo Aval violó la ley norteamericana por prácticas corruptas para hacerse con estos dos contratos. Estos hechos han sido negados en Colombia por el grupo Aval y han sido encubiertos por los fiscales Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, en Colombia.
Tiene razón el presidente Gustavo Petro en solicitar a la fiscalía que se reabra el caso de Odebrecht pues esta condena en la justicia norteamericana sobre las practicas corruptas de Odebrecht y su socio mayoritario en Colombia constituye indudablemente un hecho sobreviniente que obliga a reabrir la investigación. Como se recordará por estos hechos solo fueron condenados José Elías Melo presidente de Corficolombiana que paga una pena de 11 años de prisión, así como el viceministro de Transporte del segundo gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales quien ya recuperó su libertad y fue condenado en el año 2017 a cinco años y dos meses de prisión por haber recibido 6.5 millones de dólares como soborno para la adjudicación de la concesión Ruta del Sol dos. Fue también condenado el senador Bernardo, el ñoño, Elías condenado en el año 2018 a ocho años de prisión por haber hecho parte de la trama de corrupción desde el Congreso de la República. También ya quedo en libertad y fue recibido como un héroe en el municipio Cordobés de Sahagún.
Lo paradójico de esta situación es que mientras la justicia norteamericana encontró culpable al grupo Aval por el pago de sobornos a funcionarios públicos colombianos para hacerse a estos dos contratos, en una decisión insólita de finales del mes de julio del presente año, el Consejo de Estado tumbó una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que imponía una multa de 800 mil millones de pesos contra el grupo Aval, por estos hechos, pretextando que este Tribunal no tenía competencia para hacerlo.
Ahora la fiscalía de Barbosa ante la condena del grupo Aval en la Justicia de los Estados Unidos se vio obligada a reabrir las investigaciones sobre financiamiento ilegal por esta firma corrupta brasilera de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, como los hemos señalado en otras ocasiones, esta apresurada imputación de cargos contra Zuluaga se da después que una Comisión del FBI estuviera en Colombia a finales del mes de enero del presente año, si no abren investigación en Colombia Zuluaga corría el riesgo de ser solicitado en extradición por los Estados Unidos. La campaña de Santos en 2014 también recibió recursos de Odebrecht y las investigaciones no avanzaron en estos años.
Estas decisiones de la justicia norteamericana, ponen en evidencia la cooptación corporativa por parte de los grandes grupos económicos del país de los organismos de la justicia en Colombia siendo el caso más grave el de la fiscalía General de la Nación, pero también de las altas Cortes de Justicia. La Fiscalía está en la obligación de reabrir la investigación de la trama corrupta de Odebrecht pidiendo mediante los mecanismos de cooperación judicial con los Estados Unidos la información recopilada en las investigaciones en dicho país pues las cuentas no cuadran. Aval reconoció en Estados Unidos sobornos por 23 millones de dólares y aquí las investigaciones apenas rastrean recursos por 11 millones de dólares resta saber a quienes se pagaron los 12 millones de dólares que faltan y una suma de 3.5 millones al llamado en el expediente el señor 3 que sería un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos.
El papel de la prensa corporativa colombiana da grima. La forma como trataron de encubrir el hecho probado en el expediente y en el fallo de la justicia norteamericana, que el grupo Aval soborno a funcionarios públicos colombianos para hacerse con los dos contratos de la Ruta del Sol II fue presentado como si la justicia norteamericana hubiera exonerado al grupo aval cuando el fallo es claro en condenar e imponer una multa manteniendo el caso abierto a una evaluación que habrá de hacerse dentro de tres años para determinar si el grupo Aval cumplió adecuadamente con el pago de las multas y con la colaboración con la justicia. Casi toda la prensa hizo el ridículo con sus titulares para tratar de demostrar lo indemostrable. El grupo Aval que es el principal grupo económico del país fue hallado culpable de pago de sobornos para conseguir la aprobación de contratos con el Estado. Esa es la verdad. Y esa práctica es recurrente en nuestro país.
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