Guatemala, 2023 el año más violento para los periodistas
Por Simón Antonio Ramón y Luis Ovalle*.
El gremio periodístico guatemalteco se enfrenta cada día con actores individuales e institucionales, que en lugar de facilitar información de interés público para su divulgación, obstaculizan el acceso a las fuentes a través de diferentes mecanismos de restricción, violencia, criminalización y censura, una tendencia que aumentó en los últimos cuatro años y que coincidió con el proceso electoral 2023, el más violento en las últimas tres elecciones.
Desde el Programa de Protección a Periodistas, Autocuidado y Libertad de Expresión de la Agencia de Noticias km169, que integran los medios de comunicación Prensa Comunitaria y Ruda, se monitorean y se registran las acciones que obstaculizan la labor periodística. Acciones impulsadas por las instituciones públicas que no garantizan la libertad de prensa y generan una cultura contraria a la rendición de cuentas.
El año 2023 es el más violento de los últimos 10 años. Hasta el 31 agosto, el Programa de Protección a Periodistas de la Agencia de Noticias km169 registró 219 agresiones entre las que se identificaron al menos 20 modalidades de agresiones contra las y los periodistas y medios de comunicación nacionales, de las cuales sobresale el acoso judicial, difamación, restricciones a las coberturas, ataques desde redes sociales y agresiones físicas y verbales.
La libertad de prensa en tiempos de regresión autoritaria
La violencia contra la prensa guatemalteca se ha agudizado a partir del control de las instituciones clave para el funcionamiento estatal, como el Congreso, el Organismo Judicial (OJ), la Contraloría General de Cuentas (CGC), la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Este mismo control se extendió a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) con la imposición de Walter Mazariegos como rector.
En el primer año del gobierno de Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, las agresiones se concentraron en coberturas de temas relacionados con la Pandemia de la COVID-19.
Desde entonces, Giammattei disminuyó la atención a la prensa, se redujeron las convocatorias a las conferencias de prensa y se aumentó la práctica de selección de medios.
“Pienso que se ha agudizado mucho la persecución y violencia contra los periodistas y que se ha derivado sobre todo del cierre de espacios democráticos, pero también de la consolidación de este proceso que hemos dado en llamar regresión democrática”, dijo Ruth del Valle, quien estuvo a cargo de la Defensoría de Derechos Humanos y Periodistas de la oficina del Procurador de Derechos Humanos.
De 2020 a 2023 los casos de violencia registrados contra periodistas han sido mayores, comparados con 2015, cuando ocurrieron 110 agresiones, según datos propios. A pesar de que el gobierno de Otto Pérez Molina se comprometió, en 2012, en la creación del Programa de Protección a Periodistas.
Elaboración Prensa Comunitaria. Fuentes: Cerigua, Fiscalía de Delitos contra Periodistas, Asociación de Periodistas de Guatemala, Prensa Comunitaria. *Agresiones registrados hasta el 31 de agosto de 2023.
La periodista Kristhal Figueroa, de la Revista Ruda, indicó que las acciones contra la prensa ocurren en múltiples momentos e instituciones. “Hemos visto las restricciones en el sector judicial en el caso de Virginia Laparra. Igual, el 31 de enero cuando los estudiantes llegaron a la PDH por el caso de Camilo García, teníamos que mostrar nuestro carné de prensa y hasta casi vaciar nuestras mochilas”, señaló.
La criminalización de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, es uno de los casos en el que las y los periodistas han sido agredidos por los fiscales, abogados y las juezas que han estado a cargo.
“Afrontar las agresiones ha sido complejo, lo que nos queda es hacer la denuncia en redes sociales con videos y fotos. En las audiencias hay presencia de policías y en otra audiencia se dijo que por la prensa no se otorgaba la libertad a Virginia Laparra, responsabilizándonos a nosotros”, dijo la periodista Shirlie Rodríguez el 3 de enero de 2023.
Esta misma percepción tiene el periodista comunitario maya Q´eqchi´, Elías Oxom, originario de Alta Verapaz, quien señala que el ejercicio periodístico en la región de las Verapaces se complica por múltiples factores.
“Como aquí hay conflictividad como los desalojos, entonces al hacer nuestro trabajo nos quedamos en medio del fuego cruzado”, señaló. La colusión del crimen organizado en varias regiones del país puede profundizar más la inseguridad de las y los periodistas. Obligándonos muchas veces a la autocensura que viene de la mano con las restricciones”, dijo el periodista.
Elaboración Prensa Comunitaria. Fuente: Monitoreo Prensa Comunitaria/Agencia de Noticias KM169. *Hay desplazamientos internos y externos, los internos tiene una duración corta y los externos son por tiempo indefinido.
Para Factor Méndez, coordinador de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la libertad de expresión es un derecho humano y constitucional que ha sido sistemáticamente violentado, no solo por las altas autoridades del poder público, sino que también por testaferros que impulsan campañas de desprestigio, de calumnias y desinformación, a través de las redes sociales.
Este tipo de hechos, al igual que en el pasado, a través de ataques que llegaron al extremo de la eliminación física de periodistas, han sido sistemáticos en el país. “Tan grave y sistemática es la situación en la que se desarrolla el ejercicio periodístico y la defensa de la libertad de expresión, que tanto organismos regionales como internacionales de protección de derechos humanos se han referido de forma particular al caso de Guatemala y han señalado la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los periodistas, pero sobre todo la libertad de expresión y de pensamiento”, subrayó Méndez.
Para el presente artículo periodístico las agresiones se desglosaron en los niveles de: constantes, recurrentes y eventuales, los responsables de las violencias contra las y los periodistas a quienes también se califican como perpetradores desde el Programa de Protección a Periodistas, Autocuidado y Libertad de Expresión.
Independientemente de la cantidad de agresiones en las que se señala a un responsable, las acciones violentan el ejercicio periodístico y el derecho de la población a la información.
Elaboración Prensa Comunitaria. Fuente: Monitoreo Prensa Comunitaria/Agencia de Noticias KM169. Pinchar sobre la imagen para ampliar.
Ruth del Valle, considera que la violencia a la prensa lleva a un debilitamiento de la democracia porque el papel de los medios de comunicación es clave, ya que se basa en la transparencia y la rendición de cuentas. “Esa es la pretensión fundamental de estos grupos de poder: mantener a la población en la oscuridad, porque una población desinformada es una población que no participa, que no se va a enterar siquiera cuando le quiten el salario mínimo y no va a ser una población beligerante”, señaló.
Por su parte, Méndez considera que el objetivo es callar, amordazar, evitar que tanto la prensa y periodistas, así como cualquier otra persona, pueda ejercer libremente el derecho y la libertad de pensamiento y de expresión. Esto es fundamentalmente lo que se persigue: crear un clima de terror, de intimidación, sembrar el miedo, la amnesia colectiva e impedir que se divulgue la verdad de los acontecimientos, dijo.
“La ciudadanía y, particularmente el gremio periodístico, está obligada a defender en la primera línea de fuego estas libertades, para impedir que quienes quieren amordazar a la prensa, a los periodistas, a los comunicadores y a la ciudadanía logren sus objetivos, porque con ello se estarían violentando las leyes, pero además se colocaría a Guatemala como una de las naciones donde se violan los derechos fundamentales de las personas”, concluyó.
Kristhal Figueroa dijo que las restricciones a la actividad periodística y, las violencias contra quienes ejercen el periodismo, implican efectos a la sociedad en múltiples maneras y tiene efectos a largo plazo. “Está en juego la libertad de expresión y la libertad de prensa, el derecho de la ciudadanía de informarse. También está en juego la integridad de periodistas, las restricciones es una violencia simbólica que causa miedo y temor”, añadió la periodista.
Para Shirlie Rodríguez hay poca sensibilización sobre la rendición de cuentas por parte de algunos funcionarios que actúan con violencia. “Hay falta de transparencia en la información que se está pasando. Se culpa a la prensa de cosas en las que no tiene nada que ver. Hay poco nivel de acceso con la Ley de Acceso a Información Pública”, anotó.
El proceso electoral de 2023, el más violento
La violencia registrada en el proceso electoral reciente supera los de 2015 y 2019. En las elecciones de 2023 las restricciones y hechos violentos fueron cometidos por quienes integraron las Juntas Electorales y Juntas Receptoras de Votos (JRV), magistrados del TSE, candidatos de partidos políticos, simpatizantes, agentes de seguridad privada, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Implementaron al menos cinco modalidades de acciones contra la labor periodística como agresiones físicas, restricciones, intimidaciones, persecuciones y encierros.
Elaboración Prensa Comunitaria. Fuente: Fuente: Monitoreo Prensa Comunitaria/Agencia de Noticias KM169.
La periodista Kristhal Figueroa dijo que en la primera y segunda vuelta, pese a llegar identificada, se restringió su labor por integrantes de los centros de votación donde cubrió. “Nos impiden comprobar la veracidad de las cosas en el conteo. Nos impiden observar como cualquier situación qué ocurre en los centros de votación” dijo, al analizar las dos jornadas electorales.
La experiencia de Shirlie Rodríguez en las jornadas electorales en Quetzaltenango, dijo, se centra en la falta de criterios generales de acreditación de periodistas. “La junta electoral de Quetzaltenango tanto municipal y departamental tuvo problemas en coordinar la entrega de credenciales a periodistas, ahí hubo desfase”, afirmó. “Se negó acceso a centros de votación. Esto genera inestabilidad e inseguridad. También reduce la cobertura en ciertos temas como pasó con Mynor Domínguez, presidente de la Junta Electoral Departamental que intimidó por una publicación del Mirador Electoral”, dijo la periodista.
Elías Oxom señaló que durante la jornada de la primera vuelta no se le permitió el acceso a periodistas en un centro de votación y al momento de conteo de votos. Además, Oxom fue agredido por simpatizantes del partido Victoria del municipio de San Pedro Carchá en Cobán, el 29 de junio en una protesta.
“La agresión está vinculada al proceso electoral porque la protesta era por los resultados de las elecciones de la primera vuelta”, aseguró. Como en otros departamentos, en Alta Verapaz hubo criterios discrecionales de integrantes de las juntas electorales de restringir el acceso de la prensa al conteo de votos. “En la segunda vuelta se incrementó porque hubo juntas electorales que dieron la orden que no se diera acceso a periodistas al momento del conteo de votos”, afirmó.
Durante las jornadas electorales del 25 de junio y 20 de agosto, tres actores fueron los que más restringieron la actividad periodística: las juntas electorales, las juntas receptoras de votos y los agentes de la PNC. Las acciones constantes fueron la expulsión de periodistas de los centros de votación al momento del conteo de votos, un criterio individual que se impuso sobre el interés público por la ausencia de directrices generales de la autoridad electoral.
En el caso del departamento de Izabal, el Programa de Protección a Periodistas de la Agencia de Noticias km169, entregó a varios periodistas las recomendaciones compartidas también a integrantes de las juntas electorales sobre la cobertura periodística.
Sin embargo, una integrante de la Junta Electoral expulsó a un periodista de un centro de votación, cuando periodistas mostraron las recomendaciones en hojas impresas con logos del TSE, se le permitió el ingreso de nuevo y la persona que lo sacó argumentó desconocer las directrices.
Mientras que desde el sábado 19 de agosto, las Juntas Electorales Municipales de Puerto Barrios, Izabal y San Marcos, informaron que no permitirían la presencia de periodistas en el conteo de votos.
Las periodistas Kristhal Figueroa, Elías Oxom y Shirlie Rodríguez coinciden con Factor Méndez y Ruth del Valle, cuando señalan que la prensa guatemalteca se enfrenta a distintas violencias. Queda el desafío de cómo confrontar esta situación y cómo recurrir a las redes de solidaridad del gremio periodístico.
* Vía Prensa Comunitaria
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