Hablemos de Josu Ternera… sin olvidar los contextos del terror de estado
Acacio Puig. LQS. Mayo 2019
Los delitos de Lesa Humanidad tampoco alcanzan al prolongado genocidio perpetrado por 40 años de dictadura franquista (militares, policías, guardias civiles, bandas falangistas, extrema derecha) constituyen el inmenso paquete de flagrantes delito
Detenido en la madrugada del 16 de mayo en los Alpes franceses y encarcelado en Francia, Josu Ternera, independentista y dirigente antaño de la opción política armada en Euskal Herría, es objeto del máximo interés mediático de derecha y socialdemocracia durante estos días. Los calificativos de “asesino y sanguinario dirigente de la banda terrorista”, proliferan en el territorio del estado español, no así en su tierra natal donde están previstos diferentes actos de solidaridad.
Destaca EL PAÍS del 17 de mayo cuatro causas pendientes con la justicia española que requieren algunas réplicas y consideraciones desde la izquierda alternativa: La masacre de Zaragoza (1), sumario por delitos de Lesa humanidad (2), asesinato de Hergueta (3) y el tema de las Herriko Tabernas (4).
Respecto al primer asunto, se considera a Ternera inductor del atentado con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en diciembre de 1987, las denuncias insisten en las consecuencias de 11 personas muertas –entre ellas seis niños y un adolescente- y el balance de 88 heridos. Estimo conveniente sin embargo, encarar –y denunciar- la pervivencia de las llamadas casas cuartel en esta sociedad que se jacta de identidad democrática. Y lo es porque resulta insólito que una fuerza de orden público (armada), conviva con sus familiares en semejantes domicilios de riesgo. No se trata simplemente de “facilitar” la convivencia familiar de guardias y familiares, se trata de que el hecho de establecer viviendas familiares en cuarteles de gente armada y provistos de garitas de vigilancia, supone también el arriesgar a familias a asumir el papel de escudos humanos… asunto que en estricto respaldo de los derechos de las familias debería haber sido abolido desde el inicio de la llamada Transición democrática.
En cuanto a los delitos de Lesa humanidad (que se aplican a dirigentes por delitos cometidos por ETA a partir de 2004, la fecha en que el Código Penal español acuñó dicha categoría jurídica) remiten a Josu Ternera como supuesto inductor de los asesinatos de 2 personas en 2006 (atentado T-4 en Barajas) de dos en 2008 y un inspector de policía en 2009.
Resulta muy conveniente subrayar la fecha 2004 y retener las consecuencias criminales impunes del terrorismo de estado internacional que tuvo episodios inmediatamente anteriores y muy relevantes en la Guerra de destrucción de Iraq (el trío de las Azores en que “se encajó” el presidente español José María Aznar, junto a sus jefes de fila G. Bush y T. Blair). Aquel oscuro episodio que causó miles de víctimas y destruyó un país y los precarios equilibrios regionales en la vieja Persia, se “argumentó” mediante la patraña de las armas de destrucción masiva y se zafó tanto a los tribunales contra crímenes de guerra (La Haya) como a consecuencias trágicas vividas en Madrid por la población que sufrió los atentados del 11 M.
Los delitos de Lesa Humanidad tampoco alcanzan al prolongado genocidio perpetrado por 40 años de dictadura franquista (militares, policías, guardias civiles, bandas falangistas, extrema derecha) constituyen el inmenso paquete de flagrantes delitos de sangre que caracterizan la permanentemente impunidad de un régimen “amnistiado” y consagrado después por la religión constitucional del 78, a pesar de las denuncias del conjunto del movimiento memorialista desde el estado español y desde la justicia argentina (“la Querella”). No deja de ser muy sintomático que solo a partir de 2004 dichos delitos adquirieran carta jurídica en nuestro país.
El cuanto al asesinato de Hergueta (despótico ejecutivo antiobrero durante el conflicto de Michelín de 1980) conviene situarlo en un período llamado democrático, pero caracterizado no solo de brutal ofensiva neoliberal en todo el país (cierres de empresas, privatizaciones y despidos masivos) sino también un período de permanente recurso a la represión policiaca armada de la que son testimonios hechos tales como: la muerte tras apaleamiento policial de Ángel Almazán (12-1976), la del trabajador de Aisina José Casabany (infarto mientras huía de una carga policial en 01-1977), la de Mari Luz Nájera en 01-1977, el asesinato de Pancho Egea en Cartagena en 02-1977, el de José Luis Aristazábal Lasa alcanzado durante una manifestación en 03-1977 en San Sebastián y el mismo mes y año el asesinato durante manifestación – también en Donosti- de Isidro Superregui, el de José Luis Cano en Pamplona, el 05-1977… La lista de sangre se puede documentar ampliamente durante los años 1977, 1978, 1979…En ningún caso se castigó a los responsables policiales (*).
Para colmo, Hellín Moro, el asesino en 1980 de la joven dirigente estudiantil Yolanda González, en 2013 estaba “trabajando” a sueldo de la guardia civil y la policía (EL PAÍS 24-02-2013) y ha seguido haciéndolo mediante “cambios de despacho” hasta nuestro días. De modo que “lecciones de moral”… ¡mejor que las eviten quienes tienen tanto delito de sangre que lavar aunque se presentan como prudentes personas de orden!
Y sobre el asunto de las Herriko tabernas y su supuesta subordinación a “estructuras de ETA” mejor sería reconsiderar –de una puñetera vez junto a los cierres de prensa vasca y atentados a la libre expresión de ideas – el caso de los seis años de cárcel a Arnaldo Otegui, condena que una vez cumplida, ha sido considerada improcedente y no justificada por el Tribunal de Justicia Europeo.
Sirva pues lo anterior para contextualizar las causas pendientes por las que España reclama judicialmente a Josu Ternera. En cualquier caso, la política armada elegida por ETA no contó con la adhesión de quien esto escribe –ni durante la lucha antifranquista ni durante la llamada “transición”. Sin embargo suscribo que “quien renuncia a las medidas de intimidación y represión respecto a la contra-revolución armada, debiera renunciar también a la dominación política de la clase obrera… a la revolución social y al socialismo” (L. Trotsky – 1935)… y no soy de los que han renunciado y menos en estos tiempos de doble rasero y uso como alibi del término “terrorista” por el poder… para encubrir su constante recurso al terrorismo de estado.
Notas:
* La transición ensangrentada
– Acacio Puig, artista plástico. Militante de la izquierda revolucionaria, represaliado por el franquismo, activista memorialista de la asociación “En Medio de Abril”. Es editor del blog Afinidades Anticapitalistas
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