Haití ¿Qué está pasando?
Por Dominique Galeano*. LQSomos.
A más de un año del magnicidio de Jovenel Moise, la investigación se encuentra paralizada. En las calles, los haitianos rechazan una posible intervención como alternativa a la crisis
La violencia entre bandas, el rebrote del cólera y la falta de acceso a servicios básicos…
Haití atraviesa un momento de intensa crisis política y social, situación que se profundizó luego del magnicidio del presidente Jovenel Moise, el 7 de julio de 2021. En los últimos días, el pedido de intervención lanzado por el primer ministro Ariel Henry despertó una nueva ola de protestas en contra del gobierno y la ocupación militar.
Haitians are protesting their government’s request to bring U.S. troops into Haiti.
Haiti has been subject to foreign intervention at least three times. The last intervention brought a UN peacekeeping mission, which has since faced multiple allegations of abuse. pic.twitter.com/gydxqemgu6
— AJ+ (@ajplus) October 20, 2022
Los hechos que ocurrieron luego del asesinato del presidente Moise agudizaron los problemas de seguridad y crisis institucional, en un país donde el conflicto entre bandas armadas mantienen en jaque el acceso a bienes de primera necesidad. Los primeros casos de cólera en Haití y la llegada de aviones militares de Estados Unidos y Canadá también despertaron la alarma entre la población.
Magnicidio y crisis política
El 7 de julio de 2021 un grupo de hombres armados entró a la residencia del mandatario haitiano Jovenel Moise. El presidente recibió al menos 12 disparos de bala, confirmó el informe forense. La primera dama sobrevivió al ataque, aunque también resultó herida y tuvo que ser internada.
Según declaró en su momento el embajador haitiano en Estados Unidos, Bocchit Edmond, el comando que asesinó a Moise estaba integrado por “mercenarios profesionales” disfrazados como agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA). Más tarde se supo que este comando había sido contratado por la agencia de seguridad CTU con sede en Miami y financiado por Worldwide Capital Lending Group, del ecuatoriano Walter Veintemilla.
Tras el asesinato asumió Claude Joseph como primer ministro interino de Haití y declaró el Estado de sitio por 15 días en todo el territorio. Joseph también confirmó que iba a liderar el Ejecutivo hasta que se elija un nuevo mandatario. Pero un nuevo actor apareció en la escena y le disputó el cargo.
Ariel Henry al poder
El 21 de julio de 2021 Ariel Henry asumió como primer ministro. Dos días antes de su asesinato Moise había designado a Henry como su sucesor pero no llegó a investirlo en el cargo. Mientras tanto las investigaciones sobre el magnicidio continuaron y las autoridades haitianas dieron a conocer que el comando que asesinó al mandatario estaba compuesto por 28 personas: 26 colombianos y dos haitianos estadounidenses.
Pero la investigación empezó a tener sus primeros problemas y nadie quería llevar adelante el caso. La falta de garantías mínimas de seguridad para los jueces a cargo se convirtió en causa constante de renuncia. Todos los magistrados nombrados para liderar el proceso de investigación dejaron el cargo a los pocos meses.
El 14 de agosto de 2021 un terremoto sacudió al país caribeño. El sismo de 7,2 en la escala Richter dejó al menos 2.200 muertos, 12 mil heridos y más de 50 mil viviendas destruidas. Para ese momento el sistema sanitario haitiano se encontraba cerca del colapso por la pandemia de covid-19. Según Unicef, 82 hospitales fueron dañados o destruidos por el terremoto.
Acusaciones al primer ministro y crisis migratoria
El 15 de septiembre de 2021, el fiscal Bel-Ford Claude pidió que se investigue al primer ministro Ariel Henry como imputado en el caso de magnicidio. El fiscal se basó en conversaciones telefónicas que el primer ministro habría mantenido con uno de los principales sospechosos. Horas después de conocerse la imputación Henry destituyó al fiscal. Dijo que se trató de una maniobra de distracción.
En paralelo, hacia fines de septiembre de 2021 cerca de 30 mil haitianos y haitianas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos. La mayor parte había migrado primero a países como Brasil y Chile y luego hacia Estados Unidos. Su objetivo era cruzar el Río Bravo para escapar de la violencia armada, la falta de empleo y la crisis generalizada. Miles de migrantes, incluidos niños y adolescentes, fueron obligados a acampar debajo de un puente, en la vera del río. En ese mismo lugar la policía fronteriza de Estados Unidos -a caballo y usando látigos- reprimió a los migrantes, un hecho del que el mismo presidente Joe Biden intentó despegarse.
Uproar over mounted border agents turning back Haitian migrants #AFP https://t.co/T9xNG3UPnJ
📸 Paul Ratje pic.twitter.com/b6aUEedmm8— Aurelia BAILLY (@AureliaBAILLY) September 21, 2021
Lo que siguió fue una serie de expulsiones indiscriminadas. En menos de tres semanas Estados Unidos expulsó a más de 7.500 personas, según documentó la Organización Internacional para las Migraciones. Esa misma semana, durante su primer discurso en la Asamblea General de la ONU, Henry denunció el accionar de la policía fronteriza.
El enviado especial del Departamento de Estado en Haití, Daniel Foote, renunció luego de las deportaciones masivas de haitianos. Foote calificó la decisión de Washington de inhumana y contraproducente y recordó que tras el magnicidio y el terremoto la nación caribeña “simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin provocar una nueva e inevitable tragedia humana”, escribió en su carta de renuncia.
Las elecciones presidenciales, legislativas y el referéndum constitucional que estaban previstos en Haití para septiembre de 2021 fueron aplazadas. El premier haitiano prometió una revisión de la actual constitución del país y despidió a los integrantes del Consejo Electoral Provisional que había designado Moise.
Auge de bandas criminales y huelga general
Mientras la investigación sobre el magnicidio avanzaba lentamente el país vivía un auge del accionar de las bandas criminales con secuestros y violencia armada. Al menos dos funcionarios del Estado fueron secuestrados en un mes. Los hechos fueron atribuidos a la banda 400 Mazowo que el 17 de octubre secuestró a un grupo de misioneros (16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense). Al día siguiente el sector transportista y organizaciones patronales convocaron a una huelga general contra la inseguridad, los secuestros y los asesinatos. El paro de actividades se extendió durante varios días.
Para octubre de 2021 los haitianos y haitianas ya empezaban a tener problemas para acceder al combustible por la falta de seguridad. El ministro de Interior, Litz Quitel, salió ileso de un ataque armado después de dar un discurso en una terminal petrolera de Puerto Príncipe.
A finales de ese mismo mes el juzgado encargado de investigar el magnicidio es saqueado por segunda vez. Desde los tribunales denunciaron que estos incidentes retrasaban la investigación de Moise.
El 21 de octubre detuvieron en Jamaica a Marco Antonio Palacios, un militar colombiano retirado sospechado como el principal autor material del asesinato
El 15 de noviembre de 2021 detuvieron en Turquía al haitiano Samir Handal acusado de participar en el magnicidio. Para esta altura ya eran 44 los detenidos: 18 colombianos 12 expolicías, incluyendo a varios custodios de la guardia de Moise. Las autoridades haitianas mantienen la búsqueda de la exjueza Wendell Thélot Coq, el abogado Joseph Félix Badio y el exsenador John Joel Joseph.
El 13 de diciembre de 2021 la prensa estadounidense reveló que el presidente Jovenel Moise preparaba una lista de políticos y empresarios vinculados al narcotráfico. El mandatario iba a presentar el listado en Washington, según confirmaron cuatro funcionarios haitianos que participaron en la redacción del documento. Las declaraciones de los sospechosos arrestados ratificaron la existencia del texto. Algunos incluso confesaron que la principal prioridad de quienes encargaron el ataque era recuperar esa lista.
Uno de los nombres centrales en la lista era el de Charles Saint-Rémy, alias Kiko, señalado por la Agencia Antidroga de Estados Unidos por tener vínculos con el tráfico de drogas. Saint-Rémy es el cuñado del expresidente haitiano Michel Martelly quien en su momento nombró a Moise como sucesor. Ambos nombres tenían una fuerte influencia en el gobierno del entonces presidente.
El 3 de enero de 2022 el primer ministro de Haití Ariel Henry denunció que intentaron atentar contra su vida durante los festejos del aniversario de independencia. En las imágenes difundidas por su gabinete se puede ver un impacto de bala en el parabrisas del vehículo blindado de Henry.
Las primeras acusaciones formales en la Justicia de Estados Unidos
El 4 de enero Estados Unidos realizó una acusación formal contra Marco Antonio Palacios, presunto autor material del magnicidio. Palacios es detenido y “acusado de conspirar para cometer un homicidio o secuestrar fuera de Estados Unidos y proveer de apoyo material que resultó en una muerte, sabiendo o con la intención de que ese apoyo material fuera usado para preparar o concretar la conspiración para matar o secuestrar”.
El 20 de enero Estados Unidos también imputó a un ciudadano haitiano por su supuesta participación en el magnicidio. Según el Departamento de Justicia estadounidense Rodolphe Jaar, de 49 años, participó “en un complot para secuestrar o matar al presidente haitiano”. Jaar es el segundo sospechoso en ser juzgado en Washington.
El 22 de enero Garry Orelien, el juez a cargo de investigar el magnicidio en Haití renunció. Orelien aseguró que el expediente era un desorden y alegó motivos de conveniencia personal para desvincularse de la investigación. Esa misma semana el magistrado había sido acusado por la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) de cobrar sobornos. Orelien rechazó los señalamientos y calificó de “criminal” a la ONG.
El 7 de febrero el presidente de la Cámara alta y rival de Henry, Joseph Lambert, adviertió que el mandato de Henry estaba vencido y que en caso de seguir en el poder debía hacerlo con “un nuevo estatus con competencias limitadas”. Pero Henry decidió de todas maneras mantenerse en el cargo hasta el llamado a elecciones.
En marzo de 2022 la ONU informó que unos 4,6 millones de personas (el 40% de la población) sufría hambre en Haití debido a la creciente inseguridad alimentaria, consecuencia de la crisis política, económica y ambiental.
El 4 de abril uno de los principales sospechosos del magnicidio, Marco Antonio Palacios, se declaró no culpable en una corte penal de Miami. Hacia finales de este mismo mes estallaron los enfrentamientos entre bandas criminales en los que murieron cerca de 200 personas.
El 31 de mayo renunció el nuevo magistrado a cargo de la investigación del asesinato de Moise, Merlan Belabre, tras manifestar preocupación por su seguridad y la de su familia. Fue nombrado Walther Wesser Voltaire, el quinto juez de instrucción de la investigación.
A un año del magnicidio
El 7 de julio de 2022, a un año del magnicidio de Jovenel Moise, el gobierno de Henry realizó una ceremonia para recordar al expresidente mientras la investigación se mantiene estancada. Ninguno de los cinco jueces que estuvieron a cargo de la causa acusó formalmente a ninguno de los detenidos.
En el primer aniversario del magnicidio también hubo manifestaciones en contra del gobierno de Henry. Los enfrentamientos entre pandillas volvieron al centro de la escena con al menos 89 muertos tras una semana de choques en Puerto Príncipe. La ONU indicó que entre el 8 y el 12 de julio al menos 234 personas murieron como consecuencia de la violencia armada en Cité Soleil, la localidad más pobre del área metropolitana de la capital haitiana.
El 15 de julio el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que pide a los Estados miembros prohibir la transferencia de armas a las bandas criminales en Haití. No se pronunció sobre el embargo total como solicitó China.
Para el 25 de julio ya son más de 300 los muertos por enfrentamientos entre bandas. El 7 de agosto, bandas criminales asesinaron al director general de una empresa estatal de Haití y exsenador, Yvon Buissereth.
El 11 de septiembre Ariel Henry anunció el aumento en el precio del combustible y las protestas en contra del gobierno se intensificaron. Las bandas criminales pasaron a controlar la entrada y salida de algunos barrios y se dificultó el acceso a servicios básicos por parte de la población, así como la entrega de comida y ayuda humanitaria.
El 2 de octubre de 2022 las autoridades haitianas confirmaron al menos siete muertes causadas por el cólera, en un nuevo brote de esta enfermedad que dejó más de 10 mil muertos en 2010. Desde el Ministerio de Salud Pública confirmaron que la mayoría de los casos tenían lugar en los barrios bajo control de las bandas criminales. Según las autoridades sanitarias la mayoría de las víctimas no pueden llegar a los hospitales.
El 7 de octubre el gobierno de Haití pidió formalmente ayuda internacional para enfrentar la crisis de seguridad en el país. La ONU advirtió sobre el riesgo de que se multipliquen los casos de cólera en el país y pidió la instalación de un corredor humanitario para evitar el bloqueo de combustible que mantienen las bandas criminales y garantizar el acceso a los servicios básicos como el agua potable. Hasta el momento el país contabiliza 47 casos de cólera confirmados y 560 sospechosos.
El 17 de octubre llegaron los primeros aviones militares provenientes de Estados Unidos y Canadá y cientos de personas salieron a las calles para rechazar el despliegue militar extranjero.
Mientras la investigación por el magnicidio de Moise sigue paralizada, la violencia en las calles se multiplica y la falta de acceso a servicios básicos y alimentos precarizan aún más el panorama. En las calles, la intervención no es una alternativa para los haitianos y haitianas. “Abajo Ariel Henry, abajo la ocupación”, fue el lema de las protestas de los últimos días.
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