Honduras. Bajo Aguán sumergido en la impunidad y en la falta de institucionalidad
Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Valle del Aguán reveló un escenario aterrador para miles de familias campesinas.
Del 28 al 30 de mayo de 2012, la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, al noreste de Honduras, ha sido escenario de la Audiencia Pública y Seminario Internacional sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán.
Convocada por varias organizaciones y redes internacionales¹, la Audiencia se propuso como objetivo que las víctimas del grave conflicto agrario que ha enlutado a las familias campesinas del Bajo Aguán, pudieran brindar sus testimonios ante una audiencia internacional comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos. Asimismo, conocer el análisis de organizaciones nacionales² dedicadas a la defensa de derechos humanos en Honduras, y visibilizar esta situación en la zona del Bajo Aguán.
Los testimonios desgarradores de las víctimas de un conflicto que entierra sus raíces en el despojo de territorios, la concentración de la tierra en pocas manos, la falta de acceso a ella para miles de familias campesinas y la expansión de monocultivos a gran escala, en particular de palma africana, han sido los protagonistas indiscutibles del evento que ha involucrado a todas las organizaciones y movimientos campesinos de la zona.
Por más de cuatro horas y ante un auditorio muy atento, las víctimas de esta brutal represión brindaron su testimonio ante una audiencia internacional proveniente de doce países de América Latina y Europa, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo, así como del cuerpo diplomático presente en Honduras.
Voces y rostros
“Estábamos protestando en el sector de Planes cuando llegaron varias patrullas con policías y militares y comenzaron a reprimirnos. A mi me persiguieron hasta dentro de un callejón sin salida y cuando levanté las manos para rendirme, me dispararon dos veces con un M-16. Una bala me partió el cuello del fémur. Traté de agarrarme de unas ramas para no caer pero los policías, no contentos, me tiraron al piso y comenzaron a golpearme con sus botas en la pierna herida hasta que me la desprendieron de la cadera.
Fue en ese momento que me desmayé y no me acuerdo nada de lo que ocurrió después. Nos tratan como delincuentes solamente por defender nuestro derecho a tener acceso a la tierra. Creen que de esta manera van a detener nuestra lucha, pero están equivocados”, dijo Neptalí Esquivel, miembro del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
Como consecuencia de los disparos y la brutal golpiza propinada por los uniformados hondureños, el joven sufrió lesiones graves y permanentes a sus piernas y ahora está obligado a movilizarse con muletas. Nadie ha sido investigado, ni enjuiciado y castigado por este y muchos otros delitos cometidos contras las familias campesinas en el Bajo Aguán.
La voz entrecortada de Neptalí Esquivel se sumó a las lágrimas de las viudas del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), cuyos maridos fueron masacrados en la finca Tumbador por guardias privados del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum. También se unió con los dolorosos recuerdos del joven Santos Bernabé Cruz, de 17 años, torturado por militares y policías en la Comunidad de Rigores y con las pesadillas de muchas de las otras víctimas del horror.
“Estaba reparando una bicicleta en mi casa cuando llegaron varios militares disparando. Rodearon la casa y nos obligaron a salir. Me tiraron al piso, me quitaron la camisa, me amarraron las manos con los cordones de los zapatos y a empujones me llevaron hacia el cementerio. Después comenzaron a golpearme. Me pusieron una bolsa plástica en la cabeza para que me ahogara. Seguían golpeándome, apuntándome con el fusil, poniéndomelo en la boca. Después me rociaron todo el cuerpo de gasolina y me amenazaron con quemarme vivo. Otros decían que era mejor enterrarme vivo o amarrarme una piedra en la cintura y tirarme en el río Aguán. Estaba aterrorizado y sentía que me iban a matar”, recordó Santos Bernabé.
Al joven no lo asesinaron. Siguieron golpeándolo y finalmente lo dejaron en libertad, no sin antes amenazarlo nuevamente con matarlo. Pasó varios meses escondido y denunció los hechos ante la Fiscalía sin lograr ningún resultado.
Ariel Lara, también de la comunidad de Rigores, tuvo menos suerte. “El 2 de agosto de 2011 estaba trabajando en la construcción de un pozo cuando llegaron tres patrullas de la Policía disparando con unos M-16. Las patrullas se detuvieron cerca de mi casa y los polícias abrieron fuego. Mientras les decía a unos niños que se tiraran al suelo una bala me atravesó el brazo y entró por el costado izquierdo y se colocó cerca de la columna. Así vivimos todo el tiempo bajo la amenaza de ser asesinados sólo por el hecho de reclamar el derecho a la tierra”.
A Ariel no lo han podido operar y ha perdido el uso del brazo herido. Tampoco puede trabajar y su vida ha cambiado radicalmente. Ni siquiera presentó una denuncia porque dice que los fiscales y los jueces siempre defienden a los poderosos y condenan a los campesinos.
Masacre
En la mañana del 15 de noviembre de 2010, el silencio de la oscuridad fue roto por las interminables ráfagas de grueso calibre disparadas por los guardias de seguridad del presidente del Grupo Dinant, Miguel Facussé Barjum, contra miembros del MCA. El saldo de la masacre fue de 5 campesinos asesinados y varios heridos.
Uno de los sobrevivientes recuerda que llegaron a la finca ‘El Tumbador’ de manera pacífica y desarmados. “Cuando los guardias comenzaron a disparar y a llamar refuerzos, empezamos a correr. Dos de los compañeros que estaban a mi lado fueron heridos: uno en la cara y el otro en la pierna. Conmigo estaba Ciríaco Muñoz, y los cargamos hasta la calle pavimentada donde nos estaba esperando un carro. Ayudamos a montar a los heridos al vehículo, mientras la zona se llenaba de guardias. Me dispendí de Ciríaco para llevar los heridos al hospital. Esa fue la última vez que lo ví. Horas más tarde me dijeron que lo habían asesinado”, recordó el muchacho quien prefirió mantener el anonimato.
Guadalupe Gallardo es una de las viudas del Tumbador. Su marido, Raúl Castillo, murió aquella noche de noviembre. Salió temprano con su machete y nunca regresó. “Asesinaron a mi marido y no hay ningún proceso de investigación de parte de las autoridades, porque siempre están a favor de los terratenientes y defienden sus bienes. Nosotros los campesinos y campesinas seguimos siendo perseguidos por cometer el ‘delito’ de luchar por la recuperación de nuestras tierras. Todas las personas que somos parte de una organización campesina estamos en peligro y estamos en riesgo de perder la vida”, dijo entre lagrimas.
Para Bertha Oliva, coordinadora nacional del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), escuchar a las víctimas refuerza el compromiso con ellas. “Es aquí donde debemos escucharlas no solamente para que se desahoguen, sino para ver qué debemos y podemos hacer. El dolor de estos testimonios es algo que conocemos muy bien, y mientras estemos despiertos y acompañados por la solidaridad y el compromiso de tantas organizaciones nacionales e internacionales hay esperanza de poder hacer algo concreto en favor de la vida y la libertad. No todo está perdido”, dijo Oliva.
El salvajismo de los cuerpos represivos del Estado y de los guardias de seguridad privada de los terratenientes es el reflejo de una situación que ya está fuera de control, y que se caracteriza por la falta de institucionalidad y la total impunidad.
Impunidad
“Una vez más quedó en evidencia la ausencia del Estado y la total impunidad que hay en la zona. En el Bajo Aguán no se respetan los derechos humanos y el Estado de Honduras no tiene la capacidad, ni la voluntad de proveer justicia a su población, y tampoco para resolver el grave problema agrario que ha desencadenado una voraz violencia.
En este sentido, evidenciamos una carencia extrema de institucionalidad, con una Fiscalía que no investiga los crímenes perpetrados contra las familias campesinas, una Policía que no persigue a los delincuentes y un órgano judicial que funciona solamente para algunos ciudadanos. La impunidad es total, y al Estado no le interesa resolver el asesinato de campesinos, ni la destrucción de sus viviendas. Antes bien, parece estar al servicio de unos pocos en este país”, manifestó María Silvia Guillén, presidenta de la Audiencia Pública y ex comisionada de la CIDH.
Según Martín Wolpold-Bosien, coordinador de FIAN Internacional para Centroamérica, lo que se vive en el Bajo Aguán es el conflicto con más violencia contra comunidades campesinas que se ha dado en Centroamérica durante los últimos 15 años.
“Los números hablan por sí mismos: 48 campesinos organizados, un periodista y su novia asesinados y otro campesino desaparecido, y la impunidad es total. El Estado debe asumir de inmediato las obligaciones que le imponen los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. En lugar de seguir militarizando la zona y sembrar más terror entre la población, debe mostrar señales claras de su voluntad política para investigar todas las violaciones que se han venido dando”, aseveró Wolpold-Bosien.
Para Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés), resulta inaceptable la falta total de respuestas del Estado hondureño ante el ataque sistemático que sufren las familias campesinas organizadas. “Esperamos que la presencia, en estos días, de tantas organizaciones y redes internacionales contribuya a sentar la idea de que la comunidad internacional sigue con los ojos puestos en el Bajo Aguán. En este sentido, vamos a reunirnos nuevamente con el Departamento de Estado, con el Congreso, con nuestra embajada en Honduras y con varios grupos de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, porque hay que exigir al gobierno hondureño que vele y respete los derechos humanos”, manifestó Haugaard.
La necesidad de que el mundo vuelva a mirar hacia Honduras fue señalada también por Carlos H. Reyes, miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA. “Durante estos días se analizó la situación de los derechos humanos después de casi tres años del golpe de Estado y se compartieron experiencias y procesos que se están desarrollando a nivel local, nacional, regional e internacional sobre la defensa de los derechos humanos de las comunidades campesinas.
En el país – continuó Reyes – hay un deterioro constante debido a las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado que han sido penetrados por el crimen organizado. Toda Honduras, y de manera especial el Bajo Aguán, vive una situación de Estado fallido, y esto está siendo usado por los poderes fácticos del país para exigir una mayor intervención extranjera y la consecuente pérdida de soberanía.
Ante esta situación, debemos exigir mayor atención a lo que ocurre en el país y al mismo tiempo, activarnos como Frente de Resistencia para ser un interlocutor valido ante estas problemáticas”, aseveró el representante de la Rel-UITA.
Heriberto Alemán, coordinador del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el Aguán (OPIDHA), calificó de ‘trascendental’ la actividad desarrollada en la ciudad de Tocoa. “Lo que hicimos en estos días nos ayuda a mantener visible la problemática que a diario vivimos las comunidades campesinas. Necesitamos resolver el conflicto agrario y para hacerlo necesitamos de leyes y políticas públicas que permitan un distribución equitativa de los recursos naturales”, dijo el dirigente campesino.
Reforma agraria
La Audiencia Pública y el Seminario Internacional fueron ocasión no sólo para analizar las causas del conflicto agrario, sino también las posibles soluciones, en un marco de respeto a los derechos humanos y democratización del agro en Honduras.
Para Gilberto Ríos, director ejecutivo de FIAN Honduras, en el país existirían conflictos localizados, sobre todo en el Bajo Aguán y otras zonas del norte del país, pero no habría un movimiento campesino a nivel nacional. Según él, esta situación dificulta la promoción de transformaciones estructurales en el sector rural en cuanto a tenencia de tierra, acceso a servicios del Estado e implementación de políticas proteccionistas para las empresas campesinas.
“Una reforma agraria no puede estar al margen de un Plan Nacional de Desarrollo que tenga visión de país y que apunte a una justa distribución de los recursos naturales, como la tierra, el agua, los bosques, y al acceso para todos a los servicios del Estado, como el credíto, la salud, la educación y la vivienda”, dijo Ríos.
El mismo día (1/6) en que en la capital hondureña se daba a conocer la Declaración Final de la Audiencia Pública, miles de campesinos acompañados por organizaciones populares, sociales y sindicales del Valle del Aguán se movilizaron en Tocoa en rechazo a las amenazas vertidas por Miguel Facussé Barjum, de desalojar varias fincas que fueron negociadas con el gobierno y que se encuentran en posesión del MUCA.
Asimismo, los campesinos organizados exigieron el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno en 2010 y la aprobación de un proyecto de ley de Transformación Agraria Integral que fue presentado el año pasado ante el Congreso Nacional.
Declaración final
El pasado 1 de junio, las organizaciones y redes internacionales convocantes de la Audiencia Pública dieron a conocer su Declaración final en la que presentaron los principales hallazgos, sus conclusiones y formularon recomendaciones al Estado hondureño y a la comunidad internacional
Durante la conferencia de prensa que se realizó en la capital hondureña, los representantes de las organizaciones internacionales dejaron sentada su profunda preocupación ante la grave situación de violación de los derechos humanos en el Valle del Aguán.
Entre los principales hallazgos y conclusiones, las organizaciones internacionales señalaron la falta total de institucionalidad y justicia ante los homicidios selectivos, las agresiones, secuestros, actos de intimidación y torturas contra los campesinos organizados, cuya protesta está siendo criminalizada. También evidenciaron que la militarización de la región no sólo no garantiza la seguridad a las comunidades campesinas, sino que “contribuye al hostigamiento permanente, temor y violencia contra las mismas”.
Entre otros puntos señalaron que continúan los desalojos forzosos sin órdenes judiciales, los impactos y traumas sobre la vida y cuerpos de las mujeres y la pérdida del sustento por parte de las familias a causa del asesinato de familiares. Además, manifestaron que el conflicto agrario en el Bajo Aguán “es el más grave en términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años”, y que se enmarca en una situación de violencia estructural “que se expresa en la falta de acceso a las condiciones de vida digna para la población”.
“Ha sido impresionante ver como la gente en el Bajo Aguán se siente sola y desprotegida ante la ausencia total de las instituciones. Consideramos que el Estado de Honduras tiene una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo”, dijo María Silvia Guillén.
Los representantes se mostraron también muy preocupados ante los posibles desalojos que ya fueron solicitados por delegados del Grupo Dinant. “Ya hemos visto demasiados desalojos forzosos y asesinatos, y no entendemos la lógica de querer generar otra escalada al conflicto. Cuando hablamos de falta de institucionalidad, queremos decir justamente que el Estado tiene que reaccionar de manera coherente con los derechos humanos y no con los intereses de particulares”, aseveró Martín Wolpold-Bosien.
Recomendaciones
Ante esta situación las organizaciones y redes internacionales pidieron al Estado de Honduras, entre varios puntos, investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes cometidos, el cese inmediato de la represión y de los desalojos forzosos contra las comunidades campesinas, así como la búsqueda “de una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas”.
Igualmente, solicitaron a la comunidad internacional insistir para que el Estado hondureño investigue y sancione los crímenes, procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral con el Estado hondureño y las compañías privadas “no contribuya a violaciones de derechos humanos”, así como “suspender la cooperación internacional que promueve la militarización y que agrava la situación de derechos humanos”.
Finalmente consideraron que la grave situación de violaciones de derechos humanos en Honduras no brinda “las condiciones adecuadas para firmar un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y América Central”.
* ALBA SUD/Rel-UITA
¹ APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Consejo Mundial de Iglesias), con sede en Bruselas; CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México), con sede en Bruselas; FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación), con sede en Heidelberg; FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), con sede en Paris; (LAWG) Latin America Working Group, con sede en Washington DC; PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Quito; Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines), con sede en Montevideo; TROCAIRE, con sede in Dublin; y Vía Campesina Internacional, con sede en Jakarta.
² Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el Aguán (OPIDHA), sus organizaciones integrantes y organizaciones nacionales de derechos humanos (Fian Honduras, COFADEH y CDM)
