Honduras. Un Estado para pocos en el reino de la impunidad
Concluye con éxito la Audiencia Pública sobre derechos humanos en el Bajo Aguán.
Los testimonios desgarradores de las víctimas del conflicto agrario, que en poco más de dos años y medio ha dejado un saldo de 48 campesinos organizados asesinados y ha sembrado el terror en el Valle del Aguán, han sido los protagonistas de la Audiencia pública sobre derechos humanos de las comunidades campesinas de esta región al noreste de Honduras.
Una vez más quedó en evidencia la ausencia total del Estado, la injusta repartición de las tierras y la urgente necesidad de una reforma agraria enmarcada en un Plan Nacional de Desarrollo.
Por más de cuatro horas, las víctimas de la brutal represión tuvieron la oportunidad de brindar su testimonio ante una Audiencia Internacional proveniente de doce países de América Latina y Europa, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo, así como del cuerpo diplomático presente en Honduras.
Las voces y las lágrimas de las viudas del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), cuyos maridos fueron masacrados en el Tumbador por guardias privados del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, se unieron con los dolorosos recuerdos del joven Santos Bernabé Cruz, torturado por militares y policías en la Comunidad de Rigores, y a la de Nectalí Esquivel, del MUCA, quien sufrió lesiones graves y permanentes a sus piernas por los disparos y la brutal golpiza de varios policías.
“En el Bajo Aguán no se respetan los derechos humanos y el Estado de Honduras no tiene la voluntad de proveer justicia a su población, y tampoco para resolver el grave problema agrario que ha desencadenado una voraz violencia.
En este sentido, estamos padeciendo una carencia extrema de institucionalidad, con una Fiscalía que no investiga los crímenes perpetrados contra las familias campesinas, una Policía que no persigue a los delincuentes y un órgano judicial que funciona solamente para algunos ciudadanos.
La impunidad es total, y al Estado no le interesa resolver el asesinato de campesinos, ni la destrucción de sus viviendas. Antes bien, parece estar al servicio de unos pocos en este país”, manifestó a Sirel, María Silvia Guillén, presidenta de la Audiencia Pública y ex comisionada de la CIDH.
Según Martín Wolpold-Bosien, coordinador de FIAN Internacional para Centroamérica, lo que se vive en el Bajo Aguán es el conflicto con más violencia contra comunidades campesinas que se ha dado en Centroamérica durante los últimos 15 años.
“Los números hablan por sí mismos: 48 campesinos organizados, un periodista y su novia asesinados y otro campesino desaparecido, y la impunidad es total.
El Estado debe asumir de inmediato las obligaciones que le imponen los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. En lugar de seguir militarizando la zona y sembrar más terror entre la población, debe mostrar señales claras de su voluntad política para investigar todas las violaciones que se han venido dando”, aseveró Wolpold-Bosien.
También aseguró, en nombre de todas las organizaciones internacionales presentes, que la comunidad internacional sigue teniendo el ojo puesto en el Bajo Aguán, y que esto debería ser un elemento que ayude a evitar más violencia y lograr el esclarecimiento de los crímenes cometidos.
“Hay un proceso de monitoreo constante de la situación y de denuncia internacional que se va a profundizar con la participación de más organizaciones y redes internacionales. Que sepan las familias campesinas que no están solas, porque en todo el mundo hay organizaciones que están velando para que se respeten sus derechos humanos”, finalizó el representante de FIAN Internacional.
Concluyendo la actividad, las organizaciones convocantes¹ dieron a conocer algunas observaciones preliminares, entre las cuales destacan la urgente necesidad en Honduras de realizar una Reforma Agraria que se enmarque en un Plan Nacional de Desarrollo más amplio e integral, la modificación del marco jurídico para revertir los efectos nefastos de la Ley de Modernización Agrícola y de las políticas neoliberales.
Asimismo, pedir a la Unión Europea que no firme el Acuerdo de Asociación (AdA), a la comunidad internacional el cese de toda ayuda militar a Honduras y la suspensión del financiamiento a aquellas instituciones o empresas que violenten los derechos humanos.
La Declaración Final de la Audiencia Pública será dada a conocer el próximo viernes 1 de junio.
Fuente: Rel-UITA
Notas:
¹ – APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Consejo Mundial de Iglesias), CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México), Derechos en Acción, FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación), FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), LAWG (Latin America Working Group), PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos), Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines), TROCAIRE y Vía Campesina Internacional
