¿Hacia números rojos en la Seguridad Social?

El drástico descenso de los ingresos del Estado y el bestial incremento de las prestaciones de desempleo (en 2011 serán necesarios 60.000 millones) podrían causar el final de los superávit de la Seguridad Social para 2012.   

Según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y recogidos por EuropaPress, las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un superávit de 5.610,60 millones de euros en los diez primeros meses de 2011, lo que supone un descenso del 44,3% frente a los 10.077,1 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. Situación agravada por una caída en noviembre de 111.782 afiliados –el 2,07% menos respecto al mismo mes de 2010–, que nos retrotrae a escenarios de noviembre de 2008, con un descenso de 197.087 cotizantes a la Seguridad Social.

Además, según informa Expansión, la Seguridad Social sería ya deficitaria en 12 Comunidades Autónomas. Por primera vez, los cotizantes de Cataluña no son suficientes para pagar a los pensionistas y su déficit asciende a 260 millones de euros. El País Vasco, desde 2002, ha multiplicado por cinco su agujero, hasta los 1.300 millones. Asturias, Castilla y León y Galicia son las regiones en las que más pesa el efecto del envejecimiento de la población.

Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha recordado que el superávit del sistema se verá reducido en diciembre porque en ese mes se imputa la paga extra a los pensionistas y la paga compensatoria por la desviación del IPC a los pensionistas de mínimas y no contributivas (en 2011 ascenderá a casi 856 millones de euros.), pero subrayó que “si al cierre del año, la Seguridad Social tuviera déficit (300 millones de euros), se financiaría con el superávit de ejercicios anteriores y no sería necesario acudir al Fondo de Reserva”.

Por otra parte,  la sustitución de la tradicional doctrina económica de equilibrio presupuestario del Estado por la del déficit endémico (práctica que por mimetismo han adoptado los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas) contribuirá a que la prima de riesgo aumente y el crédito siga sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales, lo que unido a las sucesivas rebajas de la calificación de la deuda del Estado podría incrementar las dificultades para obtener financiación exterior (Fitch revisó en octubre a la baja sus perspectivas sobre la deuda española hasta “AA-” con perspectiva negativa).

Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, déficit crónico

Además, según el G-14, la profunda recesión del mercado inmobiliario (con un desplome de ventas en julio de 2011 del 60% en comparación al mismo periodo de 2010 y una caída en el precio de venta de alrededor del 20 %) conllevará el subsiguiente endeudamiento crónico de los ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Así, la agencia de calificación de riesgos Standard&Poor’s (S&P) calcula que el déficit de las Comunidades Autónomas ascenderá este año al 2,1% del PIB si la administración central no les presta apoyo adicional, 0,8 puntos porcentuales por encima del objetivo fijado por el Gobierno (1,3%).

Por si ello fuera poco, la consultora Freemarket expone que los bancos y las cajas deberán realizar una recapitalización urgente  antes del día 30 de junio de 2012, así como también la obligación de dotar activos como la deuda pública a su precio de mercado actual frente al que tenía a 30 de septiembre de 2011 y dado que la mayoría  tiene bloqueada la financiación externa privada, su situación empeorará, lo que supondrá  de hecho una rebaja del rating de la deuda española y el riesgo de default del Reino de España.

Ello vendrá agravado por los vencimientos de deuda pública y privada que obligarán al Estado español a pagar en 2012 unos 400.000 millones de euros y la inevitable aplicación de políticas de racionalización de servicios y optimización de resultado que conllevará el cierre de incontables sucursales deficitarias hasta dibujarse un escenario de cinco grandes cajas (operación que contaría con las bendiciones del Banco de España), no siendo descartable a más largo plazo las fusiones bancarias.

Finalmente, con vistas a la optimización de recursos, no sería descartable una progresiva reducción de las competencias autonómicas que llevaría aparejada una drástica reducción del número de funcionarios y empleados públicos (en la actualidad rondarían los 3, 5 millones y el 85% serían funcionarios con un consumo estimado del 1,5% del PIB), lo que podría provocar una dramática reducción de los subsidios sociales que afectaría a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, a las pensiones de jubilación y viudedad, a la sanidad pública con la imposición del copago sanitario y a la posible utilización de la “hucha de las pensiones” (dotada en la actualidad con unos 65.000 millones de euros) en el horizonte de 2013.

* Los restos del naufragio