Informe sobre violencia institucional 2022
Por Irídia*. LQsomos.
La entidad de derechos humanos litigó en 62 casos en 2022, por los cuales hay un total de 131 investigados: 122 agentes de policía, 7 de seguridad privada y 2 funcionarios de prisión. En un 33% de los casos hay un componente de racismo
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Durante el 2022 se recibieron 113 solicitudes de actuación, de las cuales 57 pertenecen a este ámbito: 6 de los casos, además de otro que llevó al Servicio en 2021, todos ellos muy graves, se han asumido como litigio. A lo largo del año 2022, Irídia ha actuado como acusación en 62 litigios: 57 continúan abiertos y 5 han finalizado. Por estos litigios hay 131 agentes investigados: 31 de Mossos d’Esquadra, 72 de Policía Nacional, 19 de Policía Local (6 de ellos de Guardia Urbana), 7 de seguridad privada y 2 funcionarios de prisiones. De estos 57 casos abiertos, en 19 hay un componente de racismo.
Es necesario destacar dos resoluciones muy importantes en la lucha contra la impunidad de la violencia institucional. Por un lado, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que se ha estimado el primer recurso de amparo interpuesto por Irídia, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la información y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. La sentencia hace referencia al caso de S.E., una periodista que recibió un impacto con bala de foam mientras cubría las protestas post-sentencia de 2019. Su caso se archivó sin que se investigase suficientemente, y ahora el TC ha ordenado reabrirlo. Por otro lado, el TSJC estimó un recurso de apelación contra la sentencia que absolvía a un agente de Mossos d’Esquadra que golpeó a un manifestante en la cabeza con la porra durante una concentración contra la presencia del Rey en Barcelona en 2018. El TSJC la declaró nula, al concluir que la valoración de la prueba realizada por el tribunal había sido “objetivamente erronea, irracional y claramente incompleta”, y ordenó repetir el juicio, en tanto que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del denunciante.
Este año el informe pone el foco en las intervenciones policiales que presentan un sesgo racista. En total, desde la creación del SAIDAVI en el año 2016, se ha llevado a cabo la representación letrada de 96 casos: un 45,8% corresponde a actuaciones dirigidas a personas no nacidas en el Estado español. En el caso de las que se produjeron en el espacio público, este porcentaje crece hasta el 58,3%, es decir, 14 de los 24 casos que han ocurrido en este contexto. Estos casos se caracterizan por la desproporción de la actuación, el inicio de la misma a partir de una motivación racista (después de una identificación por perfilamiento étnico-racial o motivando esta la intervención) y/o por el uso de comentarios vejatorios claramente racistas. Cabe destacar que dos de los elementos que se identifican como desencadenantes de la situación de violencia son, por un lado, el no reconocimiento o el cuestionamiento de la veracidad de la información que da la persona y, por otro, la asociación de una persona con un hecho delictivo en base a su perfil étnico-racial.
Se destaca el caso de Imad, que fue agredido por una patrulla formada por 4 agentes de policía local a la salida de una discoteca, en Cornellá. Los agentes se dirigieron directamente hacia ellos y les pidieron la identificación. cuando quisieron saber el motivo, uno de los agentes les contestó profiriendo la frase: «Moro de mierda, ¿tú no eres de por ahí? Vete a tomar por culo que te voy a reventar la cabeza». A continuación, le dio un puñetazo en la boca, provocándole la caida de una pieza dental, entre otras lesiones. Ante esta agresión física y verbal perpetrada por un agente que no iba identificado, Imad preguntó repetidamente «que hacían y porque le golpeaban» mientras trataba de registrar los hechos. A continuación, el mismo agente que le había golpeado le quitó el teléfono, obedeciendo las órdenes de otro agente presente. Después siguieron golpeándole entre todos los efectivos que se encontraban en el lugar de los hechos, mientras proferían insultos racistas. Mientras estaba en el suelo, el agente que dio la orden de quitarle el teléfono lo cogió y borró el contenido del video que había logrado grabar. No obstante, el afectado pudo recuperarlo posteriormente de la papelera de su dispositivo.
Mientras todo esto sucedía, dos agentes de la policía que habían llegado al lugar de los hechos a pie, junto al cuarto agente que había salido del vehículo policial, retubieron a su amigo para evitar que registrase la actuación con su teléfono. Cuando finalmente los agentes se marcharon, dejando al joven tirado en el suelo y sangrando, este llamó al 112 para requerir la presencia de los Mossos d’Esquadra y de una ambulancia por tal de ser trasladado a un centro médico, ante la imposibilidad de ir por su propio pie. El joven sufrió lesiones físicas y psicológicas.
En este sentido, cabe apuntar también que durante el 2022, y por el total de 62 casos en que se ha litigado, el Área Psicosocial de la entidad ha realizado 205 intervenciones. Se constrata, una vez más, que la violencia institucional provoca fuertes impactos psicológicos. Estas afectaciones requieren de una atención prolongada en el tiempo y pueden agravarse con el proceso judicial; en que la administración perpetua la impunidad de los hechos o no valida el relato de la persona afectada, provocando así una revictimización de la misma. También es necesario remarcar que el racismo policial tiene unos impactos psicosociales concretos, asociados al hecho de que la persona que lo sufre recibe un impacto en su percepción como ciudadana de pleno derecho.
Destacamos que, siguiendo la tendencia de los pasados años, solo en 11 casos de los 57 que siguen abiertos se ha llevado a cabo algún tipo de inquisición a través de los mecanismos internos de investigación de la policía, y solo 3 de estas investigaciones se han iniciado de oficio. En ninguno de los casos estas investigaciones han supuesto la identificación de autores concretos del hecho denunciado que no estubiesen ya previamente identificados. Además, solo en 2 casos la Fiscalía ha tenido un rol proactivo en fomentar la investigación o acusación. Por contra, en 28 casos ha tenido un rol contrario a la práctica de una investigación exhaustiva y eficaz de los hechos denunciados, y en el resto su rol ha sido de inactividad. También cabe señalar que en 28 de estos casos (el 49%) en algún momento se ha procedido a archivar las actuaciones o tramitarlas como un procedimiento de delito leve antes de practicar todas las diligencias de investigación: en 15 casos se ha aceptado el recurso de Irídia para que el proceso continuase, y en 4 se está a la espera de resolución.
También es necesario poner en valor las buenas prácticas de la administración. Este año destacamos sobretodo la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial del Parlament de Catalunya, que presentó sus conclusiones el 2 de diciembre de 2022. En este marco, los grupos parlamentarios acrodaron la prohibición del SIR-X, el tipo de proyectil de foam más lesivo en uso actualmente; así como la creación de una Oficina de Atención a las víctimas de la violencia institucional. Así mismo, se valora positivamente la entrada en vigor del sistema de identificación 360 grados también en la ARRO de Mossos d’Esquadra, una reivindicación histórica.
Para acabar, exponemos diversas recomendaciones a las administraciones, la principal de las cuales es la creación de un mecanismo independiente de control de los cuerpos policiales. Así mismo, pedimos la mejora de los mecanismos de control internos de todos los cuerpos policiales. También destacamos la necesidad de implementación de formularios de parada, por tal de evitar las identificaciones policiales por perfil étnico-racial, que muchas veces son también el orígen de las actuaciones policiales racistas, injustificadas y/o desproporcionadas. Además, pedimos más autonomía y medios para la DAI (División de Asuntos Internos) de Mossos y que se genere una unidad especializada en discriminación racista dentro de este organismo. En este sentido, la entidad considera fundamental que se implementen las conclusiones aprobadas en diciembre de 2022 en la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial del Parlament de Catalunya, especialmente la referente a la aprobación de la retirada de los proyectiles de foam SIR-X, los más lesivos.
A nivel estatal, se propone la identificación de los agentes policiales en tres lugares visibles (por delante, por detrás y en el casco). También pide la prohibición del uso de las balas de goma en todo el Estado. A nivel catalán, se pide la ampliación del plazo de preservación de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las comisarías, que ahora es de un mes. También solicita al Departamento de Justicia que recupere la Circular 2/2021 para regular las contenciones en las prisiones, que fue substituida en febrero de 2022 por una normativa que no se encamina a las contenciones cero. Así mismo, que en la memoria del Departamento de Interior se desglose por que infracciones se han tramitado expedientes sancionadores y de que tipo.
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* Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos
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