Islandia: el naufragio bancario condenado en el juicio

Renaud Vivien*. LQSomos. Marzo 2016

Entrevista a Eva Joly. En Islandia los responsables del naufragio bancario no pudieron evitar su condena en el juicio

Eva Joly, diputada europea del grupo de Los Verdes, fue consejera entre 2009 y 2010 del fiscal especial islandés para los procedimientos penales contra los banqueros que arrastraron al país a la quiebra. En esta entrevista aborda la gestión de la deuda en Islandia y las presiones de los acreedores para obtener el reembolso de una deuda ilegítima.

Tras su visita a Grecia, que terminó el 8 de diciembre de 2015, el Experto de las Naciones Unidas sobre deuda, Juan Pablo Boholavsky, recomendó al gobierno griego «mejorar los procedimientos jurídicos y administrativos para examinar la responsabilidad de las autoridades del gobierno griego y la de los responsables de tomar las decisiones en el sector privado», y citó el ejemplo de Islandia. Ese pequeño país, de 320.000 habitantes, demostró, efectivamente, que es posible enjuiciar a los responsables de la crisis financiera y condenarlos a penas de prisión.

Antes de hablar del papel que tuvo como consejera del Fiscal islandés, ¿podría recordarnos la situación de los bancos islandeses en 2008?

Como los otros países europeos, Islandia fue golpeada por la crisis financiera desencadenada por la crisis de las «subprimes». En septiembre de 2008, los tres principales bancos del país (Kaupthing, Landsbanki y Glitnir) se declararon en quiebra y el Estado tuvo que nacionalizarlos de urgencia.

La quiebra de esos bancos tiene su explicación en la desregulación financiera que comenzó en los años 1990. El sector bancario, que ya en 2003 había sido totalmente privatizado, comenzó una política muy arriesgada con el fin de atraer capitales extranjeros. Los bancos islandeses habían principalmente desarrollado cuentas por internet que permitían ofrecer unos tipos de interés tan elevados que no tenían competencia. El resultado fue que, en apenas cuatro años, la deuda externa de esos tres bancos islandeses se había casi quintuplicado: pasó del 200 % del PIB en 2003 al 900 % del PIB en 2007. En 2008, cuando la crisis de las subprime golpea Islandia, esos bancos se vieron totalmente incapaces de reembolsar sus deudas.

Contrariamente a otros países europeos, las deudas del sector bancario no fueron transferidas al sector público, sino soportadas más por sus acreedores que por la población islandesa. Cuestión totalmente normal ya que la gran mayoría de los islandeses e islandesas en absoluto habían sido responsables del comportamiento de dichos bancos.

El rechazo a asumir las deudas de esos bancos provino de la formidable movilización ciudadana que, desgraciadamente, fue silenciada por los grandes medios europeos. Recordemos que en dos referendos sucesivos (marzo de 2010 y abril de 2011), el pueblo islandés rechazó el pago a los acreedores extranjeros, que eran, principalmente, ahorradores británicos y holandeses. Estos habían perdido su dinero al quebrar en 2008 el banco por internet Icesave, sucursal “on line” del banco Landsbanki, que ofrecía delirantes tipos de interés. Los resultados de esos referendos fueron respetados por el gobierno islandés, a pesar de las protestas de los gobiernos británico y holandés. Por consiguiente, la población obtuvo una victoria sobre los acreedores.

¿Qué reclamaban los gobiernos holandés y británico?

Exigían que Islandia les pagara unas sumas astronómicas (más de 7.200 millones de euros para el Reino Unido y más de 1.300 millones de euros para los Países Bajos) acompañadas de una tasa de interés del 5,5 %.

Mientras que los Países Bajos y el Reino Unido acogieron con los brazos abiertos las filiales y sucursales de esos bancos islandeses. Aunque las autoridades de ambos países habían sido alertadas del riesgo que pesaba sobre esos bancos, estimaron que era el Estado islandés quien debía garantizar los depósitos realizados en el Icesave. Y decidieron fijar ellos mismos, Reino Unido y Países Bajos, una garantía de 50.000 a 100.000 euros por depósito. Sin embargo, lo que decía la directiva europea sobre las garantías de los depósitos era muy diferente.

En primer lugar, la directiva preveía cerca de 20.000 euros por depósito (lo que ya era imposible que el gobierno islandés podía asumir). En segundo lugar, esa directiva no obligaba a los Estados a garantizar los depósitos con dinero público. Efectivamente, esa directiva pedía solamente a los Estados constituir un fondo de garantías que podía, por lo tanto, ser alimentado por los propios bancos, mediante retenciones obligatorias realizadas por el Estado.

Además de negar sus responsabilidades |1| y de burlarse del derecho europeo, los gobiernos del Reino Unido y de los Países Bajos intentaron imponer el reembolso de esas deudas privadas mediante un chantaje odioso al gobierno islandés. No obstante, el pueblo resistió al chantaje y empujó al presidente de Islandia a recurrir al referéndum |2| con el fin de rechazar las demandas de los acreedores.

¿En qué consistía el chantaje de los acreedores?

En octubre de 2008, el Reino Unido de Gordon Brown tomó una medida de retorsión extrema: la congelación de los haberes del banco Landsbanki y también del Kaupthing, a pesar de que este último no tenía nada que ver con el Icesave, utilizando su legislación antiterrorista. Al hacer eso, el gobierno británico ponía a los islandeses en la misma categoría que organizaciones como Al Qaeda. El Reino Unido también utilizó su influencia para que no se concediera a Islandia ninguna «ayuda» internacional (tanto de la UE como del FMI) antes de que ese país pagase las deudas privadas en cuestión.

En cuanto al propio FMI, este acompañó las condiciones de su préstamo de 2.100 millones de dólares con medidas drásticas cuyo objetivo era disminuir hasta cero el déficit islandés, desde ese momento hasta 2013. Ese objetivo, imposible de mantener, conllevó enormes recortes en los gastos públicos. El FMI también condicionó el pago de partes de ese préstamo al reembolso de las deudas privadas por parte de Islandia (cuestión que también fue rechazada por la población islandesa). El FMI se comportó, por consiguiente, como un verdadero agente cobrador al servicio del Reino Unido y de los Países Bajos.

La Comisión Europea también se puso claramente al costado de estos dos países, ya que José Manuel Durão Barroso, su presidente en ese momento, había señalado que no habría ayuda europea mientras el caso Icesave no hubiera sido resuelto |3|. Agreguemos a esto que la Comisión Europea se asoció a la demanda presentada por los Países Bajos y el Reino Unido contra Islandia ante el tribunal de la AELC (la Asociación Europea de Libre Comercio).

¿Nos podría resumir la sentencia emitida por ese tribunal?

Ese tribunal dio la razón a Islandia en su rechazo a pagar la deuda reclamada por el Reino Unido y los Países Bajos, y, por lo tanto, no dio lugar a las demandas presentadas por esos países. La sentencia indica claramente que no es responsabilidad del país en el que una sociedad bancaria tiene su sede cubrir los costes de garantías de su sistema bancario. Esa sentencia es totalmente conforme con el derecho europeo porque, y yo lo repito: no hay nada en las directivas europeas que obligue a los Estados a auxiliar a los bancos con dinero público.

Y ahora toquemos el asunto penal. ¿Cómo la contactó a usted el gobierno islandés en 2008 para una investigación sobre las responsabilidades en las quiebras bancarias? ¿Cuáles han sido los principales resultados de la investigación?

Previamente, en 2008, hubo un programa de entrevistas en la televisión islandesa en el que participé como experta jurídica sobre los delitos y los crímenes financieros. El periodista presentador de esa emisión me había invitado a su programa porque había leído mi libro Justice under siege, y porque había una fuerte demanda de justicia por parte de la población para identificar y sancionar a los responsables de la crisis.

Esta emisión despertó un entusiasmo increíble: fue creada una página «Eva Joly» en Facebook y ¡en una noche reunió a 20.000 internautas! También di varias conferencias en las universidades islandesas. Ante esa popularidad, el gobierno me pidió que lo asesorara en la investigación de responsabilidades penales con respecto al naufragio bancario. Por lo tanto, hubo una clara voluntad política por parte de las autoridades islandesas, empujadas por la población, de enjuiciar a los responsables de la crisis financiera.

Como el sistema jurídico islandés es muy parecido al sistema noruego |4|, acepté la propuesta pero con la condición de disponer, de verdad, de medios humanos para llevar a cabo la investigación. Felizmente, el gobierno aceptó y pude trabajar con un amplio equipo de 84 personas, compuesto de varios expertos jurídicos y auditores financieros. Mi misión como consejera del Fiscal especial islandés sobre esas investigaciones duró de enero de 2009 a octubre de 2010.

Con ese equipo, pudimos llevar a cabo registros en las filiales bancarias islandesas, como la filial del Kaupthing en Luxemburgo. Hay que señalar que ese banco obtenía préstamos del Banco Central Europeo (BCE) de manera fraudulenta, puesto que la ratio de solvencia requerida por las Convenciones de Basilea no fue respetada en absoluto y se habían cometido delitos bursátiles. Además, aparecieron otros delitos durante nuestra investigación.

En concreto, esas investigaciones permitieron enjuiciar y condenar a varias decenas de responsables de alto nivel. Hasta hoy, desgraciadamente, no se ha hecho nada equivalente en otros países europeos.

¿Quiénes son esos responsables condenados y por qué motivo lo fueron?

Las personas enjuiciadas y condenadas por los tribunales islandeses ocupaban diferentes puestos clave. Encontramos a presidentes de esos bancos, directores financieros, abogados, grandes accionistas, así como altos funcionarios del Estado.

Las penas impuestas -algunas de ellas fueron apeladas- llegaron hasta los 6 años de prisión. Esos individuos no pudieron «comprar su procesamiento» mediante transacciones financieras para escapar a cualquier sanción, como es a menudo el caso en otros lugares, especialmente en Estados Unidos.

Los motivos de sus condenas son múltiples: manipulación de cotizaciones en Bolsa, estafa, delitos correspondientes al manejo de información privilegiada, falsificación de cuentas, concesión de préstamos fraudulentos, etc. Esos casos fueron juzgados en varios tribunales islandeses: el Tribunal Supremo y los tribunales de primera instancia.

Para dar algunos ejemplos de condenas por el Tribunal Supremo de Islandia: el ex jefe de gabinete del ministerio de Finanzas fue condenado a dos años de prisión por un delito referente al manejo de información privilegiada. Este hombre poseía participaciones en el banco Landsbanki y las revendió algunos días antes de la quiebra del banco. El ex presidente del banco Byr tuvo una condena de 4 años de prisión y el presidente del banco MP fue condenado a 1 año y medio de prisión por préstamos fraudulentos. En los tribunales de primera instancia, dos ex presidentes del Kaupthing fueron condenados respectivamente a 3 años y medio y a 5 años y medio de prisión. Un gran accionista del Kaupthing fue condenado a 3 años de prisión por manipulación de cotizaciones y préstamo fraudulento. Varias de esas personas condenadas apelaron ante el Tribunal Supremo pero, por el momento, continúan en prisión.

Hay también numerosos procedimientos judiciales en curso (unos cuarenta) y expedientes en fase de investigación (cerca de treinta). El combate contra la impunidad está lejos de haber terminado en Islandia. Y ya es hora de que esta voluntad política de llevar ante la justicia a los responsables de la crisis financiera se extienda al resto de países.

Entrevista realizada por Renaud Vivien (CADTM).
Traducido del francés por Griselda Piñero.
Islandia-LoQueSomos

Notas:
1.- Las directivas europeas dedicadas a los conglomerados financieros indican que los Estados miembros de la UE que autoricen la entrada en su territorio de establecimientos originarios de un tercer país deben garantizar que estos establecimientos gozan tienen el mismo grado de control, por parte de las autoridades del respectivo Estado, como prevén los textos europeos.
2.- El 30 de diciembre de 2009, el Althingi (Parlamento islandés) aprobó la ley llamada «Icesave», de acuerdo a las exigencias de los países demandantes, que ratificaba el reembolso de 4.000 millones de euros al Reino Unido y a los Países Bajos. Eso representaba que cada habitante de Islandia debía pagar casi 100 euros por mes durante 8 años por la quiebra de un banco que había hecho inversiones sumamente arriesgadas. .La población manifestó su desacuerdo y exigió, mediante una petición y varios días de «caceroladas» ante el parlamento, que el presidente Olaf Ragnar Grimsson no promulgara dicha ley. Esas manifestaciones permitieron también la sensibilización de una parte de la población sobre los desmanes del mundo financiero. Ante la presión de la calle, demostrando que cuando los pueblos se movilizan pueden hacerse entender, el presidente se negó a firmar, apelando, en el marco del artículo 26 de la constitución islandesa, a la realización de un referéndum vinculante para el gobierno. El 6 de marzo de 2010, con una fuerte movilización, el 93 % de los islandeses rechazaron el acuerdo. El 9 de abril de 2011, los islandeses se negaron, en casi un 60 %, a pagar para asumir los errores de aquellos que habían conducido su país hacia el abismo. Nuevamente rechazaron por referéndum el acuerdo Icesave, que preveía que el Estado indemnizara. Por consiguiente confirmaron el primer No pronunciado en marzo de 2010.
3.- L’Islande ou les faux semblants de la régulation de l’après-crise, por Eva Joly, Le Monde.fr | 01.08.2009. http://www.lemonde.fr/idees/article..
4.- Eva Joly tiene doble nacionalidad: noruega y francesa.