Juicio a los jueces sin juicio
Arturo del Villar*. LQS. Abril 2018
El clamor de las calles en toda España exige que sean apartados de la carrera judicial los tres jueces que habían perdido el juicio antes de dictar sentencia contra cinco animales andaluces con figura humana, que ellos mismos se denominan La Manada. Uno es soldado de la Unidad Militar de Emergencia en Morón de la Frontera, y otro guardia civil, ambos con entrenamiento para detener y retener a personas. Están convictos de haber violado a una muchacha madrileña de 18 años en Pamplona, durante los sanfermines de 2016. La obligaron a entrar en un portal a las 3 de la madrugada, y allí la retuvieron durante 19 minutos, violándola reiteradamente, mientras grababan los hechos como una diversión, y además le robaron el teléfono móvil antes de dejarla abandonada.
Comenzó el juicio contra ellos en la Audiencia de Navarra el 13 de noviembre de 2017, y se ha publicado la sentencia el 26 de abril de 2018: se les condena a nueve años de cárcel por un delito de abusos deshonestos, quedando absueltos de la acusación de agresión sexual. Uno de los tres jueces faltos de juicio, el que dice ser y llamarse Ricardo González, presentó un voto particular, por considerar que son inocentes de todo delito, y en consecuencia debieran ser absueltos.
Primero fue estupor, y después indignación lo que levantó esta sentencia. La gente se está echando a las calles en toda España, para reprobar a los jueces sin juicio: en Pamplona una manifestación reunió a 35.000 personas el día 28. Todo el mundo ha gritado contra esa sentencia deleznable, desde monjas carmelitas a la presidenta del Banco Santander, actrices, escritoras, y gentes de todas las condiciones sociales. También desde otros países se ha protestado contra ese fallo inicuo.
Están descerebrados
El que dice ser y llamarse Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo de Injusticia y del Gonsejo Ceneral del Joder Pudicial, ante el clamor callejero contra los jueces faltos de juicio, reclamó el día 27 que cesaran las manifestaciones populares, porque así “se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos”. Este fulano es un lunático, por creer que los ciudadanos confiamos en la injusticia española, que no cesa de asombrarnos con sus sentencias absurdas.
El 8 de abril de 1997, el expresidente del Gobierno sociata Felipe González afirmó durante una rueda de Prensa en el Congreso de los Diputados: “Hay algunos jueces que, como mínimo, son unos descerebrados, si no son algo más”, y ninguna autoridad judicial se atrevió a replicar, porque todos sabían y siguen sabiendo que en esa ocasión dijo la verdad. Los hechos han confirmado sus palabras, como estamos comprobando.
Lo curioso es que esta sentencia descerebrada haya provocado tanta indignación, y en cambio se aceptara tranquilamente la dictada el 17 de febrero de 2017, con la absolución de la infausta Cristina de Borbón, la mayor ladrona de España, organizadora de una banda para robar con su marido, un chulo jugador de balonmano al que hizo pasar por financiero. Claro que ella es hermana del rey, y según el artículo 117:1 de la Constitución vigente en este reino “La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados”, sin que hasta ahora nos hayamos enterado de por dónde emana de nosotros.
Otros guardias civiles
Algo parecido influyó en la sentencia contra La Manada, habida cuenta de que una de sus bestias es guardia civil y la otra militar, es decir, intocables. Las consideradas fuerzas de seguridad del reino tienen un tratamiento de favor por parte del Estado. Lo comprobamos en estos mismos días, porque desde el 16 de abril se está juzgando a ocho jóvenes acusados de terrorismo, nada menos, por haberse peleado con dos guardias civiles y dos mozas que los acompañaban, una noche de vinos. Ocurrió el percance en el bar Koxka, en la autovía A 1, en Altsasua, a las 4 de la madrugada del 15 de octubre de 2016.
En un principio se detuvo a 12 muchachos de la localidad, dos de ellos menores de edad, pero la acusación se ha limitado a ocho de ellos. A los miembros de La Manada, incluido el guardia civil y el militar, los condenan a nueve años de cárcel por la comisión de un delito de violación clarísimo para todo el mundo, excepto los descerebrados que redactaron la sentencia. En cambio, cuando dos guardias civiles se pelean en un bar a las cuatro de la madrugada con unos jóvenes, la Fiscalía califica de terrorismo la actuación de los jóvenes, y pide para ellos penas de hasta 62 años de cárcel. Descerebrados totales irrecuperables.
En Altsasua no se puede tener buena opinión de los guardias civiles: durante la huelga general en octubre de 1934 mataron a un huelguista que protestaba sin armas por las agresiones contra el pueblo. La villa es mayoritariamente izquierdista, por lo que nada más producirse la sublevación militar en 1936 fue ocupada a sangre y fuego por requetés llegados desde Lizarra, a los que apoyaban los guardias civiles.
Ante esta situación, para evitar que se siga impartiendo la injusticia en nombre de rey, hemos de exigir la constitución de tribunales populares que juzguen en nombre del pueblo a los jueces prevaricadores. Que no cesen las manifestaciones callejeras hasta conseguirlo.
* Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio.
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