La colonia neoliberal endeudada y sus procesos de resistencia
Puerto Rico
Por Eva Prados*. LQSomos.
Puerto Rico está sufriendo. El archipiélago en el Caribe con poco más de tres millones de habitantes vive las fuerzas combinadas de una relación colonial de 120 años con los Estados Unidos y una crisis económica que le llevó a acumular más de 74 mil millones de dólares en una deuda pública odiosa, ilegítima, insostenible y potencialmente ilegal que supera el 100% de nuestro Producto Nacional Bruto (PNB)
Los efectos de estas fuerzas combinadas se sienten actualmente a través de la imposición por el gobierno de los Estados Unidos de una Junta de Control Fiscal para reestructurar la deuda pública que ha tenido el efecto de desmantelar su esfera pública y promover una agenda agresiva de privatización y austeridad en el gasto social para garantizar algún pago a los bonistas.
Después de seis años del proceso judicial de quiebra más grande y costoso del mercado de bonos municipales de los Estados Unidos y el impacto de huracanes, terremotos y pandemias que han resultado en miles de muertes y la peor emigración en décadas, el pueblo sigue agobiado por la desigualdad, aumentos exponenciales en el costo de vida y la falta de un andamiaje público que funcione por el pago insostenible de la deuda.
Trataremos en las próximas líneas, junto a las otras voces que me acompañan en las demás notas sobre Puerto Rico, dar pinceladas de la coyuntura que se vive en la isla y sus procesos de resistencia social.
La quiebra “prometida”
En junio del 2015 el gobierno de Puerto Rico, luego de años de recortes al gasto público, despidos masivos y nuevos impuestos, reconoció públicamente que la carga de su deuda pública era insostenible e intentó un proceso de moratoria y reestructuración que terminó paralizado por los acreedores en los tribunales [1].
El 30 de junio de 2016, el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, aprobó junto al Congreso el Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (“PROMESA”, por sus siglas en inglés) para crear un procedimiento especial de reestructuración de la deuda pública. La “promesa” vendría acompañada con más sacrificios: una junta de control fiscal con poderes absolutos en materia fiscal e incluso con capacidad para pedir la anulación de legislación al Tribunal Federal de los Estados Unidos. En otras palabras, lo que expertos han llamado “un experimento legal infligido al cuerpo político puertorriqueño hecho posible por el estatus colonial de Puerto Rico.” [2]
Ahora vivimos un estado de excepción en la colonia típico de regímenes dictatoriales, donde una Junta de Control Fiscal y una jueza del Tribunal Federal de los Estados Unidos, ninguno escogido por el pueblo puertorriqueño, toman las decisiones más importantes para nuestro futuro: cómo utilizar nuestros impuestos, cuáles son o no son servicios públicos esenciales que deben ser protegidos a través de sus llamados “planes fiscales” y hasta en qué podemos legislar. La “Junta” no electa, que sus integrantes no viven en el país, nos representa frente a los bonistas y en el Tribunal Federal negociando y decidiendo “qué podemos pagar” en sus planes de ajuste de la deuda con vigencia por las próximas décadas.
Antes de la aprobación de PROMESA, organizaciones y defensoras de derechos humanos fuimos dos veces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la pobreza y altas tasas de desigualdad que vivíamos en Puerto Rico [3]. Alegamos crasas violaciones al derecho humano al trabajo, a la educación, a la salud, acceso a la justicia y vivienda provocada por las medidas de austeridad y políticas fiscales implementadas, para priorizar en el pago de una deuda pública insostenible. El reclamo principal era señalar la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la crisis económica y el problema de endeudamiento de la isla bajo su control. Se solicitó como remedio una moratoria en el pago de la deuda para comenzar una auditoría integral que permitiera evaluar la legalidad de las transacciones para cancelar cualquier deuda ilegal o ilegítima, y señalar la responsabilidad de los actores públicos y del sector financiero.
La aprobación de PROMESA generó mucha oposición. Inmediatamente se aprobó la legislación comenzaron las protestas y movilización social naciendo lo que se llamó el Campamento contra la Junta, con cientos de manifestantes acampando por meses, frente al Tribunal Federal y luego el colectivo Jornada se Acabaron las Promesas, que todavía, seis años después, se mantiene organizando protestas y actividades de resistencia contra la Junta.
El movimiento ciudadano por la Auditoría de la Deuda
Siguiendo las experiencias en Ecuador y Brasil, y antes de la aprobación de la Ley PROMESA, el gobierno de Puerto Rico había creado por ley la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, que en sus informes pre-auditoría indicó que más del 60% de la deuda pública podría estar en violación de la Constitución de Puerto Rico, con la consecuencia de declarar dicha deuda nula y no pagadera. Sin embargo, el gobierno eliminó a la Comisión luego de estos informes y la Junta ha resistido realizar dicha auditoría para quedar bien con el sector financiero y evitar rendir cuentas por sus actos.
Sin embargo, a la luz de los informes de la Comisión para la Auditoría surgió un movimiento multisectorial llamado el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, que incluía sindicatos, organizaciones profesionales, sociales, comunitarias y feministas que reclamaban se completara el proceso de auditoría integral de la deuda pública iniciado.
El reto era grande porque la mayoría del pueblo estaba ajeno a los procesos de endeudamiento y las alternativas para enfrentarlo. Sin embargo, desde el Frente se han logrado articular una serie de campañas de movilización incluyendo el recogido de más de 140,000 firmas y endosos multisectoriales, hasta el apoyo de la huelga estudiantil de la UPR de 2017, convirtiendo hoy la auditoría de la deuda en un reclamo del pueblo.
De igual forma, luego de la eliminación de la comisión gubernamental, desde el Frente creamos nuestra propia Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público con el propósito de mostrar la verdadera cara de la deuda pública y apoyar los sectores vulnerables en enfrentar la narrativa neoliberal del gobierno y la Junta.
Los Planes del Tumbe: quiénes ganan en la colonia en quiebra
La Junta ha acordado con los bonistas cuatro (4) nuevos planes de pago, junto a reformas terribles a los sistemas de pensiones. Estos nuevos planes de pago han recibido fuertes críticas por no reducir la deuda en bonos a los niveles sostenibles como se esperaba y por su impacto negativo para nuestro desarrollo económico [4].
Muchos de los inversionistas con los que la Junta negocia en el proceso de quiebra son fondos de cobertura o buitres que compraron la deuda a grandes descuentos ya que los acreedores originales vendieron ante la posibilidad de un impago [5]. Fondos buitres como BlackRock, Emso Asset Management, Mason Capital, Silver Point Capital, Aurelius Capital aumentaron dramáticamente sus compras de bonos luego del paso de los huracanes María e Irma con el objetivo de lograr un plan de pago con la Junta que duplique o triplique el valor de su inversión [6].
En el caso del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, los bonistas lograron acordar el pago de sobre veinte y una (21) emisiones de bonos impugnadas judicialmente por ser emitidas ilegalmente y en violación de nuestra Constitución, que totalizan $13,500 millones o el 40% de la deuda a pagar y el cierre de más de 120 reclamaciones para la devolución de comisiones ilegales contra 20 bancos y casas de corretaje de Wall-Street por participar del esquema ilegal [7].
Para cumplir con sus propuestas insostenible de nuevos planes de pago a los bonistas se ha recortado más el ya menguado presupuesto de todas las agencias, cerrado más de 567 escuelas públicas, achicado en un cincuenta por ciento (50%) el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, reformado el sistema de pensiones reduciendo en más de un sesenta porciento (60%) las pensiones futuras del magisterio y judicatura y eliminado derechos laborales incluso en el sector privado.
La lucha por un retiro digno
Desde que el gobierno comenzó sus medidas de austeridad por la crisis fiscal, las pensiones futuras del sistema público han sido reformadas agresivamente y el beneficio de pensión reducido en más de un 60%. La Junta, por su parte, propuso reformar los sistemas públicos de pensiones del magisterio y la judicatura que habían sido los menos afectados por el gobierno, además de un recorte de un 8.5% en las pensiones actuales y eliminar cualquier ajuste en estas por el aumento en el costo de vida por al menos 10 años, reduciendo el valor de las pensiones en un 40%. [10]
Para evitar el recorte de las pensiones distintas organizaciones nos unimos en la campaña Construyamos otro Acuerdo que logró organizar a miles de pensionados por toda la isla opuestos a los recortes de sus pensiones y junto al Capítulo de Pensionados de la Federación de Maestros y Maestras, UNETE, Federación de Jubilados y Pensionados de la Central Puertorriqueña de Trabajadores y la Asociación de Gerenciales del ELA creamos el Frente en Defensa de las Pensiones. Desde el Frente se convocó la 1era Asamblea Nacional por Un Retiro Digno donde más de mil pensionados aprobaron un plan de trabajo para evitar el recorte del 8.5%. [11]
Fueron múltiples las estrategias que se llevaron para evitar el recorte de las pensiones, incluyendo marchas, protestas y cabildeo con la presentación de la Ley por Un Retiro Digno, redactada y presentada por el Frente en Defensa de las Pensiones a la Asamblea Legislativa haciéndola comprometerse en que no apoyarían ningún plan de ajuste de la deuda que incluyera el recorte de un 8.5%. La Ley fue aprobada y firmada por el gobernador. Por primera vez en todo el proceso de quiebra el gobierno se alineó, aunque temporalmente, con la clase pensionada en enfrentar a la Junta y su propuesta de recorte a las pensiones.
La Ley por un Retiro Digno fue anulada por el Tribunal Federal a pedido de la Junta, pero el tranque con el gobierno, junto a las protestas, logró que la Junta desistiera del recorte del 8.5%, una importante victoria no sólo para la clase pensionada sino para la lucha en contra de las políticas neoliberales demostrando que la resistencia y trabajo de los sectores sociales organizados da resultados.
Queda mucho por delante
A manera de cierre, aunque queda poco para que termine el proceso especial de quiebra judicial bajo PROMESA, el problema de endeudamiento de la colonia neoliberal está lejos de concluir. El pronóstico de muchos expertos en la materia es que la isla no tendrá la capacidad para cumplir con estos nuevos planes de pago a los bonistas y la crisis económica continúe.
Queda por reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica donde la Junta, propone pasar el pago de estos bonistas a la ciudadanía con nuevos aumentos en la factura de la luz, la privatización de la corporación pública y el desmantelamiento del sistema de retiro de los empleados. Ahí los trabajadores organizados bajo la UTIER y el sector ambiental están llevando la lucha.
Dicho lo anterior, la desmovilización y agotamiento de los sectores sociales es un reto constante, ante el poderío de la Junta brindado por el gobierno de los Estados Unidos, la priorización en el pago a los bonistas buitres, la corrupción gubernamental y el debilitamiento de las instituciones bajo la receta neoliberal.
Vemos un renacer social en las protestas masivas contra la privatización de servicios en el tema energético y un revivir del sector sindical que salió como nunca antes a la calle a exigir salarios y retiros dignos luego de la confirmación de los planes de ajuste de la deuda pública. Sin lugar a dudas, urge un despertar a nuevos modos de lucha y resistencia ante el nuevo escenario post-quiebra judicial y austeridad en la colonia neoliberal endeudada.
Notas:
1.- “Supremo federal falla contra Puerto Rico en caso de quiebra criolla” MICROJURIS.
2.- CNE, “PROMESA: ¿Un experimento colonial fallido?” (2021) Disponible en https://grupocne.org/2021/06/29/promesa-un-experimento-colonial-fallido/
3.- Informe “Deuda Pública, Política Fiscal y Pobreza en Puerto Rico”(2016): https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2016/04/final-informe-audiencia-pucc81blica-pr-4-de-abril-2016-2.pdf
4.- Espacios Abiertos: https://espaciosabiertos.org/en/el-dilema-de-la-deuda-de-puerto-rico/;
https://espaciosabiertos.org/nueva-propuesta-del-pago-de-la-deuda-deja-a-puerto-rico-sin-dinero-en-efectivo-en-ocho-anos/
5.- https://www.80grados.net/fondos-buitre-acorralan-a-puerto-rico/;
https://www.80grados.net/fondos-de-cobertura-compraron-el-67-de-los-bonos-chatarra-de-puerto-rico-en-2014/
6.- https://espaciosabiertos.org/cuanto-ganaron-los-fondos-buitre-con-cofina/;
https://sincomillas.com/junte-de-viejos-colegas-en-grupo-que-exige-puerto-rico-el-pago-de-la-deuda/;
7.- https://cb.pr/junta-fiscal-radica-demandas-para-recuperar-1-billon-de-bonistas/
8.- https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/09/18/construyamos-otro-acuerdo-insiste-en-que-no-se-recorten-las-pensiones.html
https://sincomillas.com/retirados-repudian-recortes/?print=print
https://www.noticel.com/la-calle/20200903/organizaciones-de-empleados-publicos-lanzan-campana-electoral-en-defensa-de-las-pensiones/
9.- Para más información: https://www.plandeltumbe.com/
10.- https://espaciosabiertos.org/plan-de-ajuste-las-preguntas-que-hay-que-contestar-antes-de-aprobarlo/
11.- https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/convocan-a-los-jubilados-del-gobierno-a-asamblea-para-detener-recortes-en-las-pensiones/
* Eva Prados, abogada, feminista, consultora en temas de derechos humanos, equidad de género y participación ciudadana, y portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda en Puerto Rico. En CADTM
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