La coyuntura colombiana: navegando en aguas revueltas
Por Pedro Santana Rodríguez*
El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta su momento más complicado desde su llegada al poder en Colombia. Las investigaciones sobre el financiamiento de su campaña, la crisis del paro camionero por el aumento de los combustibles, y las dificultades en la implementación de la Paz Total, son los principales desafíos que enfrenta la administración, que sigue apostando por el diálogo y la negociación sin traicionar sus principios.
El gobierno de Petro navega en una tormenta política mientras intenta mantener el rumbo hacia el cambio.
Quizás desde el comienzo del gobierno del presidente Gustavo Petro éste no se había enfrentado a una coyuntura tan compleja por la convergencia de diferentes factores que hacen difícil la gobernabilidad, pero la cual el gobierno está enfrentado sin traicionar sus principios. Tres factores son a mi juicio los que convergen en esta coyuntura. Las investigaciones del Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre el financiamiento de la campaña presidencial que llevó al triunfo del hoy presidente Gustavo Petro; un segundo factor lo constituye la difícil situación fiscal del país y la elevación de los precios de los combustibles del cual deriva el paro camionero que estamos viviendo y finalmente un tercer factor las dificultades que afronta el proceso de la Paz Total y que afecta en algunas regiones el orden público. A lo que habría que añadir el ataque sistemático de los medios de comunicación contra el gobierno acentuado por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, UNGRD, la cual se maximiza de forma perversa cuando los graves hechos de corrupción donde no están en juego unas decenas de miles de pesos, que claro deben ser investigados y los responsables castigados, sino billones de pesos como es el caso del manejo de los recursos de la salud y de las regalías no merecen más que pequeñas notas periodísticas ocultado la gravedad de los hechos y recursos perdidos sin investigaciones ni cubrimiento mediático.
Un frente abierto desde hace ya unos cuantos meses es el del financiamiento de la campaña electoral de las elecciones presidenciales del año 2022. Un Consejo Nacional Electoral, CNE, que es la extensión politiquera de los partidos que eligen a los Consejeros de sus candidatos en el Congreso de la República es un remedo de justicia administrativa como lo hemos señalado desde hace muchos años. Hemos abogado desde entonces sobre la necesidad de aprobar una reforma política no solo para honrar los compromisos de los Acuerdos de Paz suscritos por la insurgencia de las antiguas FARC con el Estado Colombiano sino porque es una necesidad para el país. Se requiere de un Tribunal Electoral sustrayendo esas funciones del Consejo de Estado, Tribunal que debe garantizar la independencia de sus integrantes de los partidos políticos al tiempo que se debe reformar profundamente el Consejo Nacional Electoral garantizando que los partidos políticos a los que debe vigilar no intervengan en su elección. Como esta hoy conformado este Consejo Nacional Electoral no es garantía de una justicia administrativa imparcial. La imparcialidad de las decisiones de los organismos de la justicia es la base de la legitimidad de sus decisiones.
El CNE tiene competencia para examinar las cuentas de las campañas eso no está en discusión. Lo primero es cómo las está examinando. Es claro que por ejemplo el financiamiento de los testigos electorales al correr por cuenta de los partidos políticos no deben ingresar a las cuentas de los candidatos, esto no lo tiene en cuenta para nada la ponencia presentada por los consejeros Benjamín Ortiz del partido liberal y el sub judice Álvaro Hernán Penagos del Centro Democrático, investigado por la Corte Suprema de Justicia en el proceso de compra de testigos presuntamente realizado por Álvaro Uribe actualmente en juicio por estos hechos. La investigación debe hacerse, pero el otro asunto clave es hasta dónde llega. Es claro que la responsabilidad estaría en los cuadros directivos de la campaña y como el presidente electo en este certamen electoral goza de fuero y su juez natural es la Comisión de Acusaciones es a ella a la que compete examinar este tema. No se puede separar como lo hace el concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado al candidato del presidente. Es una burda maniobra que se la creen pocos. Ya veremos que pasa y decide una Sala Plena del CNE, pero allí el gobierno no goza de mayorías. Siempre hemos dicho que otra reforma pendiente es la de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Reforma que ha resultado imposible. Lo que hoy existe es que el juez natural de los presidentes es la Comisión de Acusaciones y este es el camino que debe seguir esa investigación.
Un segundo factor es el que tiene que ver con el paro camionero. El alza de los combustibles es inevitable mientras el esquema de manejo de los precios de los mismos este ligado a los precios internacionales y al Fondo de Estabilización de precios de los Combustibles, FEPC. El déficit de este fondo lo dejó el irresponsable manejo de Duque que llegaba ya a más de 36 billones de pesos por lo cual era inevitable la subida de precio tanto de la gasolina como del ACPM. El ajuste de los precios de la gasolina ya se hizo y ahora le toco el turno al diésel. Esto motivó el paro que busca ser capitalizado por la oposición. Las negociaciones con los poderosos gremios de los grandes transportistas se mantienen estancadas porque simplemente se oponen a cualquier incremento. Estas negociaciones deben continuar y mientras tanto el gobierno mantiene su política de permitir la protesta pacífica. Esto debe ser así, pero se debe obligar a los transportistas a establecer corredores humanitarios para el paso de las ambulancias y de los vehículos que transportan alimentos, así como garantizar el transporte de quienes no están en el paro. Es urgente que el gobierno adopte medidas al respecto.
El tercer factor esta ligado a las dificultades del proceso de la llamada Paz Total. Estas dificultades están relacionadas con el estancamiento de las negociaciones con el ELN y la no prolongación del cese bilateral de cese al fuego. El gobierno insiste en que las dificultades sean examinadas en la Mesa de Conversaciones, pero el ELN se niega argumentando incumplimientos por parte del Gobierno. Las confrontaciones hasta ahora no han escalado pese al Paro Armado realizado en el Chocó, a los ataques a los oleoductos y a miembros de la fuerza pública, pero de no reanudarse existen serios riegos de ese escalamiento. Parece claro que el ELN quiere prolongar como ha sido su conducta frente a gobiernos sucesivos de avanzar lentamente en la negociación a la espera de los resultados de las elecciones presidenciales del año 2026. El ELN definitivamente no entendió que las mejores condiciones políticas para una negociación exitosa estuvieron dadas con este gobierno. Creo que las negociaciones seguirán con algunos avances, pero estamos lejos del cierre de la confrontación armada con esta insurgencia.
El proceso con la Disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central tiene dos vertientes. Los dirigidos por Iván Mordisco se retiraron de la Mesa de Negociaciones y se encuentran en una dura confrontación armada sobre todo en el departamento del Cauca con las Fuerzas Armadas y de Policía. Han recibido duros golpes tanto en el Cañon del Micay en el municipio de Argelia como en otras zonas de este mismo departamento. Allí se libra una confrontación armada de alta intensidad. En cierta forma en el Cauca se juega el futuro del proceso de paz en todo el país. Pero en esa confrontación no es solo la presencia de la fuerza pública sino la presencia del Estado y en esta coyuntura depende del éxito del proyecto Misión Cauca que busca articular las acciones del conjunto del Estado para hacer presencia en el territorio con la inversión pública y con la presencia permanente de servicios de salud, educación, mejoramiento de la vivienda, vías terciarias y sustitución de cultivos ilícitos en una coyuntura favorable dada la caída brutal de los precios de la coca. El punto clave allí es que las comunidades y sus organizaciones se liguen a estos programas y se alíen con las instituciones estatales para sacarlos adelante.
Con la fracción orientada por alias Calarcá las expectativas son distintas sin estar exentas de problemas se ha avanzado en la Mesa de Negociaciones y las perspectivas de un acuerdo final son mejores. Allí lo que es más urgente es terminar de definir la agenda de negociaciones y afinar los mecanismos de monitoreo y evaluación del Cese al Fuego bilateral pactado. El tema de la justicia transicional es allí clave para adelantar ese punto de la negociación.
Con la segunda Marquetalia la Disidencia que comanda Iván Márquez también es promisoria, pero las dificultades mayores allí se encuentran en el marco jurídico al tratarse de una Disidencia desertora del proceso de Paz que esta excluida expresamente de la Justicia transicional de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Este es el escollo que debe ser trabajado para encontrar alternativas que permitan avanzar en un proceso que tiene en su centro reivindicaciones regionales en el suroccidente del país principalmente. Entre tanto avanzan los acuerdos con el frente Comuneros disidente del ELN que debe avanzar para su desarme y reincorporación a la sociedad de sus integrantes.
El otro gran frente de acción de la Paz total tiene que ver con los grupos sucesores del paramilitarismo como lo son el Clan del Golfo que es de lejos la organización armada con mayor presencia en el territorio nacional y los Pachenca herederos de las estructuras paramilitares de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ha conformado la Mesa de diálogos sociojurídicos y se avanza a buen ritmo en lo que sería el marco jurídico para un proceso de sometimiento a la justicia o de acogimiento como prefieren denominarlo sus voceros. La vía de la reforma de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005 parece ahora la vía más adecuada siempre y cuando supere las limitaciones de esta ley partiendo de su evaluación que en sus resultados es agridulce. Modificaciones que deben resolver en primer lugar la metodología y abordaje de la investigación que debe centrarse en las estructuras como crimen de sistema y de allí derivar en identificar las responsabilidades individuales de los mandos o determinadores o jefes de estas estructuras. Unas penas privativas de la libertad entre cinco y ocho años, verdad para las víctimas y reparación para las mismas que debe partir de la entrega de los bienes, aunque una parte de los mismos debe legalizarse para que sea la base de la resocialización de sus integrantes. Estos temas también cobijan a las bandas armadas que están en las Mesas en Buenaventura, Valle del Aburra y Quibdó. Para que el proceso sea exitoso ese marco jurídico debe ser negociado con estos actores armados.
El gobierno navega en aguas revueltas en medio de una posición incoherente y obstruccionista. Hoy aplauden el paro camionero cuando en el pasado amenazaron con expropiar los vehículos que participaran de los bloqueos. Una oposición sin programas y sin ideas para enfrentar los problemas del país. En resumen el gobierno a mi juicio debe confrontar de manera argumentada las investigaciones sobre los topes electorales, afrontar el paro camionero haciendo cumplir los corredores humanitarios para las misiones médicas, transporte de alimentos y circulación de vehículos que no se han sumado al paro de los gremios de los grandes transportadores y en la paz persistir en el camino del diálogo acelerando los procesos que pueden avanzar para mostrar resultados de esta política y conjurar los llamados a la guerra de los sectores de oposición de Cambio Radical y el Centro Democrático. Perseverar en el camino de la paz negociada.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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