La herencia económica del gobierno de Rajoy
La economía de España se ha basado en el último decenio en la conocida ‘ dieta mediterránea’ , cuyos ingredientes principales eran el ‘boom’ urbanístico, el turismo y el consumo interno y que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio desorbitado, pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa: 2008.
Riesgo de subida de los tipos de interés del BCE
La posible subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para 2012 (entre 0,25 y 0,50 punto), debido al riesgo de un escenario inflacionista (3% en los países de la Eurozona en octubre de 2011), tendría un inmediato impacto en hipotecas y préstamos bancarios, consiguiente asfixia económica de amplias capas sociales y un dramático aumento de la morosidad y los embargos de viviendas y locales comerciales.
La subida de tipos del BCE originará que el euribor pueda rozar el 3% en 2012, lo que aunado con el previsible endurecimiento de las condiciones de los futuros préstamos bancarios (con la implantación de un gravamen para las futuras hipotecas de 1´5-2 puntos por encima del euribor), conllevará incrementos de las tasas de morosidad hasta al 9% para 2012.
Así, según el Banco de España, los créditos morosos de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas y establecimientos financieros de crédito supusieron en octubre el 7,5% del total prestado a familias y empresas españolas, su nivel más alto desde 1995 (el volumen total de préstamos de dudoso cobro ascendió a 117.592 millones de euros).
Ello, aunado con la inevitable depreciación del euro frente al dólar debido a los problemas de deuda soberana de los países fleco de la Eurozona (periféricos y emergentes) y el alza galopante del precio del crudo debido a “factos” geopolíticos desestabilizadores (como la crisis de Irán) que podrían acarrear problemas de aprovisionamiento a otros países y, en particular a China, podría dar lugar a episodios de estanflación para 2012 (según las previsiones de la consultora Freemarket, España entrará en recesión el próximo ejercicio con un descenso de entre el 0,8 y el 1,5%) y producir un nuevo crash bursátil.
Dicho estallido bursátil tendría como efectos benéficos el obligar a las compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus finanzas y restablecer su crédito ante el mercado (como ocurrió en la crisis bursátil de 2000-2002) y como daños colaterales la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó en la declaración de ERES.
Aunado con la brutal reestructuración de sectores básicos de la economía, provocará incrementos de las tasas de paro hasta niveles desconocidos desde la postguerra española (estimaciones del 21,5 % para 2011 y picos que podrían alcanzar el 23% en 2012) y un riesgo evidente de Double Dip en la economía española, lo que aplazaría sine die el regreso a sendas de crecimiento positivo de la economía española, rememorando la década de estancamiento económico de la economía japonesa (Década perdida).
Agudización de la inestabilidad del sistema financiero
La bajada de tipos de interés del BCE hasta el 1% ha aliviado los problemas de liquidez de las entidades financieras, pero no impedirá que los bancos se sigan descapitalizando y necesiten más inyecciones de capital público debido a la existencia de un exceso de oferta de papel cuyo precio deberá ser reflotado.
Ello unido a la sustitución de la tradicional doctrina económica del equilibrio presupuestario del Estado por la del déficit endémico (práctica que por mimetismo han adoptado los ayuntamientos y Comunidades Autónomas) contribuirá a que la prima de riesgo aumente y el crédito siga sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales, lo que unido a las sucesivas rebajas de la calificación de la deuda del Estado podría incrementar las dificultades para obtener financiación exterior (Fitch revisa a la baja sus perspectivas sobre la deuda española, que mantiene en AA+).
El estudio de Freemarket expone que los bancos y las cajas deberán realizar una recapitalización urgente antes del día 30 de junio de 2012 (así como también la obligación de dotar activos como la deuda pública a su precio de mercado actual frente al que tenía a 30 de septiembre de 2011) y, dado que la mayoría tiene bloqueada la financiación externa privada, su situación empeorará, lo que supondrá de hecho una rebaja del rating de la deuda española y el riesgo de Default del Reino de España.
Todo ello vendrá agravado por los vencimientos de deuda pública y privada que obligarán al Estado español a pagar en 2012 unos 400.000 millones de euros y la inevitable aplicación de políticas de racionalización de servicios y optimización de resultados, acelerará el cierre de incontables sucursales deficitarias hasta dibujarse un escenario de cinco grandes cajas (operación que contaría con las bendiciones del Banco de España), no siendo descartable a más largo plazo las fusiones bancarias.
Severo estancamiento del mercado inmobiliario
Las grandes inmobiliarias integradas en el G-14 cerraron, el pasado mes de junio de 2011, uno de los peores semestres de la historia después de vender 900 viviendas, lo que supone un desplome del 60% en comparación al mismo periodo de 2010 y según la OCDE (los precios acumulan una caída de alrededor el 20%) aunado con la sustitución de la obsesión de la vivienda propia por la cruda realidad del alquiler compartido (según una encuesta de Pisos.com, en 2010 habría aumentado la oferta de viviendas en alquiler del 13 al 20%), debido a las subidas previstas del euribor para 2011 y del previsible endurecimiento de las condiciones de los futuros préstamos bancarios, pues los bancos y cajas estarán salvaguardados por las llamadas Cláusula de Blindaje de las Hipotecas.
A ello, se añadirá la revitalización de los cascos antiguos y centros urbanos de las ciudades en detrimento de los barrios periféricos, motivado por la falta de liquidez de las arcas municipales (fruto de la ya mencionada desertización comercial y de la profunda recesión del mercado inmobiliario) que conllevará el subsiguiente endeudamiento crónico de los ayuntamientos. La agencia de calificación de riesgos Standard&Poor’s (S&P) calcula que el déficit de las comunidades autónomas ascenderá este año al 2,1% del PIB si la Administración central no les presta apoyo adicional, 0,8 puntos porcentuales por encima del objetivo fijado por el Gobierno (1,3%).
Desaparición de “papá-Estado”:
El finiquito del consumismo compulsivo imperante en la pasada década, debido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores (0,1 % en 2010), unido a la ausencia de la cultura del ahorro doméstico provocará una severa contracción del consumo interno y el aumento del consumo de productos de segunda mano.
Así, según Citi, la contracción del consumo en 2010 rondó el 0,2%, con el cierre de 15.000 pequeños comercios hasta marzo y la pérdida de 44.000 puestos de trabajo aunado con la paulatina reducción de ingresos por publicidad, pues según las estimaciones del panel Zenthinela de ZenithMedia para 2011, la inversión publicitaria caería un 2,3% en televisión y un 10% en los diarios impresos, quedando internet como refugio para navegantes con incrementos estimados de la factura publicitaria del 13,3%.
Asimismo, el drástico descenso de los ingresos del Estado y el bestial incremento de las prestaciones de desempleo (en 2011 serán necesarios 60.000 millones), originará el final de los superávit de la Seguridad Social para 2012, tras el exiguo superávit de 1.836 millones de € en enero de 2011 (un 19% menos con respecto al ejercicio anterior), lo que podría provocar una dramática reducción de los subsidios sociales que afectaría a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, a las pensiones de jubilación y viudedad, a la sanidad pública con la imposición del copago sanitario.
Así, según informa Expansión, la Seguridad Social sería ya deficitaria en 12 Comunidades Autónomas y, por primera vez, los cotizantes de Cataluña no son suficientes para pagar a los pensionistas y su déficit asciende a 260 millones de euros. El País Vasco, desde 2002, ha multiplicado por cinco su agujero, hasta los 1.300 millones. Asturias, Castilla y León y Galicia son las regiones en las que más pesa el efecto del envejecimiento de la población.
Además, en vistas a la optimización de recursos, no sería descartable una progresiva reducción de las competencias autonómicas que llevaría aparejada una drástica reducción del número de funcionarios y empleados públicos (en la actualidad rondarían los 3, 5 millones y el 85% serían funcionarios con un consumo estimado del 1´5% del PIB) y la utilización de la “caja de las pensiones” (dotado en la actualidad con unos 62.000 millones de €) en el horizonte de 2013.
A ello deberemos añadir un recorte del gasto público para 2011-2012 de 6.045 millones de euros, que afectará especialmente a la construcción de nuevas autopistas, embalses, colegios públicos, establecimientos penitenciarios, centros sanitarios y futuras líneas del AVE y que tendría como efectos colaterales el engrose en las listas del paro de unos 200.000 trabajadores.
Posible salida de la Eurozona
Además, podríamos asistir en el horizonte de 2014 al inicio de la desmembración de la actual Eurozona y su sustitución por una constelación de países satélites dentro de la órbita de la alianza franco-germana (la llamada Europade los Seis), debido a las exigencias del BCE de cumplir con el límite marcado para el déficit público del 3% para 2013.
Dicha empresa se antoja harto complicada para los países periféricos (Portugal, Italia, Grecia, España e Irlanda) y emergentes de Europa Central, con tasas que superan con holgura el primitivo listón fijado por el BCE (3%), por lo que corren el riesgo de ser excluidos de la Eurozona en el horizonte de 2014 y retornar a sus monedas nacionales.
El caso de España significaría el regreso a la peseta, la subsiguiente depreciación de la misma, regresión a niveles de renta propias de la década de los 90 e inicio del éxodo al medio rural de una población urbana afectada por la asfixia económica, embargo de viviendas e ingreso en las listas del paro, con la consiguiente revitalización de extensas zonas rurales, rejuvenecimiento de su población y regreso a escenarios ya olvidados de economía autárquica.