La jueza “inquisidora” y el sindicalismo de franquicia
Abrió la veda Alfonso Guerra, chistoso oficial del PSOE, estableciendo sospechas sobre la intimidad de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los EREs fraudulentos. Cuando la investigación subió de grado y se acercó a los despachos de la Junta de Andalucía, los presuntos implicados se vinieron arriba y clamaron que se “está poniendo en peligro la democracia”, tan importantes se lo fiaban. Y ahora en plena marabunda sindical llega el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y afirma que la detención de sus subordinados en Andalucía le recuerda tiempos que ya creía superados, denunciando métodos autoritarios en los procedimientos de la jueza.
De ahí que no resulte raro que un grupo de delegados sindicales de CCOO y UGT hayan respondido al auto de Alaya con una tumultuosa protesta ante la sede de los juzgados al grito de ¡libertad,libertad!, ¡viva la lucha de la clase obrera!, ¡inquisidora! y ¡que fea,que fea! Una repulsa pública totalmente lógica visto el clima hostil creado desde las cúpulas sindicales y políticas de la izquierda institucional, y perfectamente legítima como saludable ejercicio de la libertad de expresión. Aunque también incoherente y contradictoria. Porque primos hermanos de los sindicalistas que ponen en la picota a la “inquisidora” de los EREs, animan e incluso jalean al magistrado que en la Audiencia Nacional lleva el caso Bárcenas, donde se investiga una posible trama de corrupción que tiene por protagonista al ex tesorero del Partido Popular. Por no hablar del aclamado y esperpéntico juez Elpidio José Silva, expedientado por decretar arbitrariamente prisión para Miguel Blesa, ex presidente de Bankia, o del igualmente celebrado Gómez Bermudez, que compitió por el expediente Bárcenas en secreta alianza con los denunciantes de la oposición.
La diferencia sustancial a día de hoy está en que en el affaire que salpica al gobierno conservador lo que se ventila es el uso irregular de dinero privado, mientras que en el caso andaluz el foco está puesto en partidas de dinero público que, por una cuantía de unos 721 millones de euros, estaba destinado a los parados. Aunque no es esa la única sorpresa. La acusación contra la jueza Alaya conlleva un intento de enmienda a la totalidad del sumario por considerarlo falto de garantías para los imputados. Algo que choca cuando se advierte que entre quienes se oponen a investigar los EREs están muchos dirigentes que defendieron a capa y espada al ex juez Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial precisamente por vulnerar flagrantemente estos derechos al autorizar que se grabara a los abogados de los detenidos de la red Gürtel.
Con lo que ya se sabe de la investigación de la trama de los EREs hay materia suficiente para tachar de indigno el linchamiento público con que los liberados de CCOO y UGT aludieron a la jueza y acogieron la liberación con cargos de sus dirigentes Imputados. Que duda cabe, y ya está en la leyenda del movimiento obrero, que siempre han existido militantes osados que se saltaron la legalidad, expropiando entidades financieras y fortunas de magnates, para sufragar sus organizaciones. Desde Durruti a Enric Durán. Ya dijo Beltor Brecht aquello de “qué es robar un banco comparado con fundarlo”. Ahora bien, resulta totalmente nuevo e insólito que los propios representantes de los trabajadores aplaudan el presunto robo del dinero público destinado a los más necesitados y que encima pretendan venderlo como un gesto de filantrópico digno de elogio. Si hacemos memoria sólo el caso Noos, el uso de una ONG para dar sablazos a administraciones públicas y empresas, se parece al perverso “altruismo” de los EREs.
Se dirá como eximente que los sindicalistas de CCOO y UGT encausados no se han lucrado con el botín evadido, unos 7,6 millones de euros según el sumario, mientras la explantilla de Delphi sigue esperando desde 2007 el rescate prometido por la Junta. Pero lejos de ser esto algo positivo, resulta un baldón porque sugiere que los imputados actuaron por “obediencia debida” para amañar la “financiación irregular” de sus respectivas centrales. Es el inverso del caso Bárcenas, donde los datos contrastados hasta la fecha parecen indicar que “Luis el cabrón” utilizó su cargo de gerente en el PP para provecho personal, colocando esos capitales en bancos situados en paraísos fiscales.
Y aún así la cosa no escampa. Al mismo tiempo que la dirección andaluza del sindicato socialista daba una rueda de prensa poniendo la mano en el fuego por sus compañeros detenidos (como Rajoy con Bárcenas en su día), sosteniendo que “ajustar el concepto de una factura no es falsificarla”, la nueva presidenta de la Junta Susana Díaz reconocía en sede parlamentaria que UGT ya “había reintegrado 25.000 euros indebidamente cobrados”. Imaginemos en qué quedaría el caso Noos y el affaire Bárcenas si el argumento del “ajuste de conceptos” fuera aceptado para justificar sus fechorías.
Ocurre que lo que es bueno para las cúpulas sindicales no necesariamente es bueno para todos los trabajadores. Por más que la doctrina de la izquierda institucional crea que ladrones son gente honrada cuando “es uno de ellos nuestros” y piense que “el enemigo de mi amigo es mi enemigo”, conceptos ambos que deberían situarse en el altar de la estulticia política. Lo que pasa es que con tales credenciales no hay razón que avance ni mentira que no prospere. Cuando se detuvo al ex dirigente ugetista Juan Lanza, por su responsabilidad como intermediario entre la Junta, los sindicatos y las empresas, la dirección de la central en Madrid zanjó el asunto con un comunicado asegurando que “el conseguidor”, cuya madre en un insólito rasgo de sinceridad declaró a la policía que su hijo tenía dinero “para asar una vaca”, hacia años que se había dado de baja. Posteriormente la prensa publicó su hoja de afiliado donde figuraba que en realidad había seguido perteneciendo a UGT hasta justo el día después de su encarcelamiento.
Lanzas podía ser la oveja negra, esa manzana podrida que hay en las mejores casas, pero las evidencias insinúan lo contrario. Recientemente se ha sabido que en el sumario de los EREs aparece la transcripción de un email recibido en su móvil donde se lee “no te olvides de felicitar a tu jefe, G.Z”. Curiosamente las iniciales G.Z coinciden con la identidad de Gaspar Zarrias, y la fecha de emisión de ese correo con la de nacimiento del que fuera brazo derecho de Chaves y Griñán, los dos últimos presidentes del partido que monopoliza el gobierno desde hace 31 años en la región con más paro de toda Europa.
Se argumenta, también en línea exculpatoria, que toda esa documentación que está apareciendo en los medios de comunicación, descubriendo trapos sucios de los dos sindicatos, procede de ex empleados infieles que han filtrado papeles internos tras resultar despedidos. Lo que ocurre es que, en esa referencia, de nuevo no se sabe si es mejor el remedio que la enfermedad. Porque el culpar a ex trabajadores del sindicato de esas fastidiosas revelaciones están haciendo bueno el dicho “en casa del herrero cuchillo de palo”. En sus EREs internos tanto UGT como CCOO aplicaron la legislación de la contrarreforma laboral que en sus ideario dicen combatir, convocando movilizaciones contra la derecha en el poder (nada sobre parecida agresión a la clase trabajadora durante la era Zapatero, donde CCOO, UGT, la CEOE y Moncloa consensuaron la norma). Por no hablar de otro “fuego amigo”, como la confiscación de la cuota del trabajador realizada por Izquierda Unida (IU) con parte de su plantilla durante años, que ha llevado a la coalición a tener que dejar como aval varias sedes para responder ante Hacienda y la Seguridad Social de tales desatinos.
Todo este pliego de cargos podría parecer un memorial de agravios producto de la enemistad ideológica, y quien lo piense está en todo su derecho. Lo que sucede es que la hemeroteca está llena de pifias espectaculares que demuestran que lejos de ser anomalías estas prácticas son cada día más socorridas. El complot de los EREs y esas escenas de celebración del hurto organizado, que recuerdan una nueva edición de aquel histórico ¡vivan las caenas!, no son accidentes irrelevantes, sino el resultado de una larga tradición acrítica, de obediencia debida, culto al jefe, mangancia intelectual y autismo ético. Lamentablemente, lo que podía ser una oportunidad para la catarsis se transforma en un !prietas la filas! de la peor ralea, lo que abona un tancredismo que socava los mínimos presupuestos democráticos. Hemos visto a un Griñan cediendo el testigo de la presidencia de Andalucía con malas artes a su pupila, como si se trata de la dote de una herencia comprometida, y a los secretarios generales de UGT y CCOO, en pleno rifi-rafe de los EREs y tras la etapa de genuflexión ante las hazañas neoliberales del zapaterismo, reelegidos tan ricamente con mayorías a la búlgara.
Casos como el de Bankia, con gentes como Moral Santin (IU), Rodolfo Benito (CCOO) y Francisco Vaquero (CCOO) en el mismo órgano directivo que aprobó la estafa de las preferentes; el de María Jesús Paredes al frente de COMFIA, el área de banca y seguros de CCOO, cobrando en especies de Citibank y como tertuliana de la emisora ultra Intereconomía; José María Fidalgo, anterior secretario general de CCOO, en la dirección de la patronal del muy selecto Instituto de Empresa Familiar o ese representante del sindicato liderado por Toxo aprobando el informe para recortar pensiones de la Comisión de Expertos, no señalan más que los jalones de una derrota. Por no hablar de una UGT que aún lleva sobre sus espaldas la losa del escándalo de la Cooperativa de Viviendas PSV, implosionada por el propio PSOE para liquidar al viejo Nicolás Redondo que no tragaba la política neoliberal de Felipe González. Por cierto que el “Bruto” de aquella pendencia fue el actual secretario general de UGT, Cándido Méndez, cuyo poco cándido gesto fue compensado con un escaño parlamentario por Ferraz.
Todo esta escalada de sinvergonzadas, fechorías y simples robos son parte de la corrupción diaria a que nos tiene mal acostumbrada la clase institucional, política y sindical. Un latrocinio, en fin, que si bien ayer parecía ser patrimonio exclusivo de la derecha, hoy se practica a manos llenas por los que en teoría deberían ser en todo sus adversarios. Y no vale decir el clásico “no todos son iguales”, porque los atropellos que vienen desde esa izquierda franquiciada en los contravalores de la pasta producen un enorme daño entre la izquierda currante y decente porque la opinión pública mete a todos en el mismo saco. De ahí la absoluta necesidad de denunciar desde abajo a la sedicente izquierda que ha hecho de la democracia una performance, un simulacro, puro teatro.
O eso, o esperar sentados a que el espacio baldío lo ocupe la extrema derecha representativa, o sea, con apoyo social y ascendencia parlamentaria. El laboratorio francés, y no solo la Grecia de Amanecer Dorado, debía ser nuestro referente, con el xenófobo Frente Nacional (FN) convertido en el primer partido del país cara a las elecciones europeas según las últimas encuestas. Y, ojo, no nos hagamos trampas en el solitario. El sorpasso del FN de Marine Le Pen no es debido a un reclutamiento de capitalistas, burgueses y neonazis, sino a una estámpida de trabajadores que huyen de la corrupción de la izquierda institucional (política y sindical) y de sus bárbaras medidas de austeridad calcadas de la derecha. Lo afirma con rotundidad el corresponsal de El País, Miguel Mora, en la crónica “La ultraderecha francesa se pone en cabeza”, del pasado 10 de octubre: “El sondeo refleja que sube sobre todo entre las personas de más edad, los obreros y los que votaron a Hollande”.
