La otra cara de Qatar 2022: corrupción, explotación laboral y violaciones de DDHH
Por Paula Giménez y Matías Caciabue*. LQSomos.
Ya están en marcha las campañas publicitarias, los pasajes aéreos y las ofertas de televisores en cuotas para participar o mirar el Mundial de Fútbol masculino 2022
Esa pasión global promovida y administrada por la FIFA, un organismo que se comporta como una suerte de Ministerio Agencia del Deporte de un Estado Global controlado por la red financiera y tecnológica que hoy mueve los hilos de la economía mundial.
Este año, el valor de la entrada para mirar un partido, que oscila entre los 300 y los 1200 dólares, estará por encima del salario mínimo que cobraron los trabajadores migrantes en Qatar, el país sede, por trabajar en las obras que se desarrollaron desde 2010 para acondicionar la infraestructura a las exigencias del evento.
Algunos datos significativos como este se han dado a conocer a duras penas, mientras los dedos mediáticos, cuando no están promocionando el show, apuntan sobre todo a la cultura Qatarí y las reglas que impone el país respecto del consumo de alcohol, las manifestaciones de afecto en público y la ilegalidad de la homosexualidad.
Desde que el pequeño país del Golfo Pérsico fue elegido como sede, las denuncias por trabajadores muertos, discriminación y orientación sexual y hasta corrupción no han cesado. Sin embargo, nada se ha modificado.
Hansi Flick, seleccionador de Alemania, dijo hace pocas semanas: “Tengo muchos conocidos a los que les encantaría volar a Qatar, pero se abstienen de hacerlo por muchas razones. Porque no pueden permitirse precios exorbitantes, porque la situación es inaceptable para los homosexuales, porque hay violaciones de los derechos humanos o porque las minorías están marginadas”. “Básicamente, creo que es una pena que este torneo no vaya a ser un Mundial para los aficionados. El fútbol debería ser para todos. Por eso digo que no es un Mundial para el fan normal”, señaló.
Paradójicamente, el pequeño país, con una superficie similar a la de la provincia argentina de San Luis, -poco más de 13.000 kilómetros cuadrados- es considerado actualmente uno de los países más ricos del mundo según el Global Competitiveness Report y el FMI, lo ubica en la lista de los mayores PIB per cápita del planeta. Un indicador que se sostiene a base de negar la ciudadanía a los trabajadores migrantes, que, por sus condiciones laborales precarias, de semi esclavitud, sin dudas empeorarían estos números.
Qatar, está ubicado en una pequeña península del Golfo Pérsico, donde se encuentra el estrecho de Ormuz, que une el golfo de Omán con el golfo Arábigo-Pérsico y por el que transita más de 20% del petróleo crudo mundial, según datos compilados por World Energy Trade en 2020. Posee la tercera reserva de gas natural del mundo y los principales productos de exportación del país son el petróleo crudo, el petróleo refinado, el etileno y los polímeros de aluminio, enviados principalmente a Corea del Sur, Japón, India, China y Singapur.
También se encuentran entre sus socios comerciales, Estados Unidos, que posee una importante base aérea en ese territorio, Alemania y Reino Unido, a quienes compra productos para la producción industrial. Además, Qatar es un gran paraíso fiscal, en el que la carga impositiva para cualquier actividad es muy baja y es el lugar que ha elegido para asentarse la cadena de noticias árabes Al Jazeera, de la cual Hamad Al Thani, padre del actual emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani, es dueño del 50%.
El 75% de los más de dos millones de habitantes que viven allí son extranjeros. Se rige por una monarquía, y adopta la Sharia o Ley Islámica para normar comportamientos morales en los que se basan luego los sistemas jurídicos. Es por esto que en Qatar están prohibidas y penadas por ley las relaciones entre personas del mismo sexo o fuera del matrimonio, el consumo de alcohol, las demostraciones de afecto en el espacio público y maldecir. La vida y la conducta de las mujeres queda bajo la tutela de sus esposos a quienes deben pedir permiso para estudiar, viajar e incluso a acceder a cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva.
En 2010 Qatar se aseguró los derechos a la Copa del Mundo al ganar una votación de los 22 miembros ejecutivos de la FIFA. Derrotó las candidaturas de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Australia. Aunque el país fue acusado de pagar a los funcionarios de la FIFA 3,7 millones de dólares en sobornos para asegurar su respaldo, fue absuelto después de una investigación de dos años.
Organizar un mundial de fútbol requiere al país sede ajustarse a las exigencias edilicias que impone la FIFA y supone que dinamiza la economía local, a partir del aumento del turismo. Según un informe de Bloomberg, los ingresos que genera el evento se reparten entre la FIFA y el país sede. Por ejemplo, los derechos de televisión, los patrocinios y la venta de mercancía alusiva al Mundial de Fútbol corresponden a la FIFA. Mientras que los anfitriones se quedan con una parte de la boletería, con una cantidad específica por organizar el torneo y lo que pueda percibir por turismo y promoción de su marca país.
La conveniencia de organizar un evento como este para abrirse al mundo es para nada despreciable para un país como Qatar que entre 2017 y principios de 2022 en medio de una crisis diplomática soportó sanciones y aislamiento económico por parte de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, en conjunto con Estados Unidos, quienes lo penalizaron por entablar relaciones con Irán y Turquía y lo declararon país amigo del terrorismo, al tiempo que exigieron el cierre de Al Jazeera y de una base militar turca en suelo qatarí.
El inicio de las obras de infraestructura para la construcción de estadios, hoteles, aeropuertos y rutas destaparon las condiciones abusivas y de reducción a la esclavitud crónicas, en las que trabajaban en general las y los trabajadores migrantes. Según Naciones Unidas, en 2020 el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto al de nacimiento) alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo – 48% de mujeres – de los cuales 164 millones son trabajadores migrantes.
A fines de 2015, la ONG Amnistía Internacional (AI) publicó un informe en el advirtió que 1,7 millones de trabajadores, es decir más del 90% de la mano de obra en Qatar era migrante. En las obras para la reforma del estadio de Jalifa, se desempeñaron 3.200 trabajadores, en su mayoría en esta condición. Allí AI identificó que más de 234 hombres sufrieron abusos y explotación, a la vez que algunos fueron víctimas de trabajo forzado e incluso la muerte.
La llamada kafala, un sistema de empleo por patrocinio, que se extiende por toda la zona del Golfo, pone a los trabajadores migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad ya que en muchos casos son engañados o no obtienen toda la información respecto de las condiciones en las que deberán desarrollar la tarea para la que son contratados. De acuerdo con el informe de AI las agencias de contratación cobraban entre 500 y 4300 dólares en los países de origen para conseguir trabajos en Qatar.
Bajo este sistema de contratación los trabajadores pueden ser denunciados si renuncian a sus trabajos y una vez que ingresan al país quedan sometidos a la tutela del empleador que los trajo, lo que los expone a aceptar condiciones de hacinamiento, encierro, salarios bajos, demoras en los pagos y tareas forzosas, entre otros abusos.
De acuerdo con los datos de AI, de los trabajadores en las obras del estadio Jalifa que fueron entrevistados, el salario mensual medio era de 220 dólares. Menos que la entrada más económica a un partido del mundial. Mientras, Six Construct, la empresa contratada para la reforma del estadio y Eversendai, la principal subcontratista se llevó 90 y 35 millones de dólares respectivamente. Los ingresos de la FIFA, en 2014, según compara el informe, fueron de dos mil millones de dólares.
The Guardian denunció que 6.500 trabajadores inmigrantes murieron desde 2010, cuando se pusieron en marcha las obras, en un informe que publicó en marzo de 2021.
Números estremecedores
En agosto de 2020, Qatar promulgó dos leyes laborales, destinadas a eliminar las restricciones para que los trabajadores y trabajadoras migrantes cambien de trabajo sin el permiso de quienes los emplean y a elevar el salario. Sin embargo, en 2021, Amnistía Internacional evaluaba que tales medidas no se habían cumplido y que en la práctica lo peor de la Kafala continuaba vigente.
A la explotación laboral, se suman las denuncias por la discriminación (y criminalización) por la orientación sexual. Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la ONU se expresó en junio en contra de la posibilidad de vivir el mundial en Qatar bajo una perspectiva que considere los Derechos Humanos.
“Creo que una verdadera ejecución de este evento con un enfoque de derechos humanos inmediatamente crea el dilema de la incompatibilidad. El estado de Qatar, para entrar en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, tiene que desmantelar esa legislación, como lo tienen que hacer los 69 países que aún criminalizan la intimidad entre personas adultas del mismo sexo”, observó en una entrevista.
Lo cierto es que, lejos del ámbito deportivo, la FIFA se ha visto envuelta en diversas operaciones jurídicas y mediáticas producto de tensiones geopolíticas que disputan sobre esta especie de superestructura deportiva global. Desde las denuncias por “corrupción” instaladas por medios británicos a raíz de la designación de Rusia y Qatar como sedes de los mundiales hasta el “fifagate” por el cual tribunales neoyorquinos condenaron a diversos directivos del organismo por diversos casos de sobornos relacionados con la elección de sedes y la asignación de derechos de televisación, comercialización y patrocinio de eventos futbolísticos.
Otra evidencia de que este es un espacio de poder que se disputa nos tocó de cerca en Argentina cuando Macri fue cuasi premiado por su labor al ser nombrado presidente ejecutivo de la recientemente creada (2018) Fundación FIFA, que en 2022 obtuvo un presupuesto casi sin control de 18 millones de dólares, pero con la autonomía además para recibir donaciones, herencias, legados u obsequios.
El mundial de Qatar 2022 no es ajeno a esta situación, aunque hoy las voces denunciantes esgrimen realidades inaceptables, como la violación de los derechos humanos y la criminalización de las elecciones sexuales. En un mundo en el que todos los ámbitos están atravesados por los grandes conflictos, la mercantilización del fútbol y la doble vara sobre la violación de derechos humanos hacen necesario, una vez más, correr el velo de la apariencia y reconocer que detrás de las expectativas con que millones de personas del mundo esperan el mundial, se esconden importantes intereses económicos y políticos.
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– Copa mundial de la tiranía: Qatar 2022
* Matías Cacciabue es licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF en Argentina. Paula Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son Investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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