Las estafas bancarias de las preferentes
Más de 12.000 personas en Málaga han sido víctimas de las estafas de las participaciones preferentes, según cálculos de la asociación de consumidores ADICAE. Se trata de uno de los engaños más dramáticos y masivos que han cometido las entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, en los últimos años. Y no sólo en nuestra provincia sino en todo el país. Para hacerse una idea de la magnitud basta saber que en mayo de 2011 había en España un total de 22.000 millones de euros «invertidos» en estos productos financieros.
La trampa puede explicarse de forma sencilla. Todo banco o caja de ahorro necesita cumplir unos requisitos legales de capital, es decir, necesita tener dinero suficiente para evitar problemas de solvencia y la quiebra de la entidad. Para ello puede emitir acciones o, si lo prefiere, puede emitir unos títulos jurídicamente parecidos que no comportan derechos políticos, es decir, capacidad de decisión sobre la entidad. Dentro del conjunto de esas otras posibilidades se encuentran las acciones o participaciones preferentes (en función de si es un banco o una caja quien emite), que son en realidad productos perpetuos, esto es, contratados de por vida. Quien compra una participación preferente recibe cada año un interés alto en comparación con otras fórmulas de ahorro –tales como depósitos o fondos de inversión– pero no puede sacar el dinero del banco salvo que éste voluntariamente lo permita. El contrato beneficia teóricamente a ambas partes, pues la entidad recibe dinero con el que contentar a los reguladores y el cliente que compra el producto recibe un alto interés cada año.
Pero eso es la teoría. Los directivos de las entidades financieras pidieron a sus empleados realizar todos los contratos posibles con esos productos. Y ahí entró la capacidad de engaño y «persuasión» de muchos empleados bancarios, quienes en gran número de casos lo hacían presionados desde arriba o con pleno desconocimiento de las implicaciones reales que conllevaban tales contratos. En última instancia estos productos de vida ilimitada eran presentados como extraordinarias fórmulas para hacer más dinero del habitual, y se vendían mayoritariamente a personas de avanzada edad que buscaban mantener en sitio seguro los ahorros de toda la vida. La mayoría de estos clientes asegura, de hecho, que el banco o caja les recordaba que podrían sacar el dinero cuando desearan. Pero cuando quisieron hacerlo, asustados por la crisis o por necesidad, las entidades financieras les negaron esa posibilidad.
Hay incluso casos en los que tales contratos se realizaron con personas analfabetas, quienes firmaron usando su huella dactilar y desde luego empujados por la confianza que tenían en el empleado de la entidad financiera. Eran, en realidad, el último eslabón de una cadena que permitía a bancos y cajas cumplir con la regulación y poder mantener en niveles altos su actividad especulativa en la burbuja inmobiliaria.
Presionados por las movilizaciones sociales, las entidades han ido convirtiendo las participaciones preferentes en depósitos a largo plazo. No obstante, a veces en depósitos a 10 años ofrecidos a personas de más de 80. Pero aún quedan más de 5.000 millones de euros atrapados en fórmulas perpetuas.
En cualquier caso, y como desgraciadamente es costumbre en este país, nadie se ha responsabilizado de esta estafa. Los reguladores se limpian las manos asegurando que hicieron lo que las leyes dictaban –revelando la insuficiencia legislativa– y los directivos de las entidades financieras aseguran que no son culpables. Usaron y engañaron a los pequeños ahorradores para satisfacer su ambición especulativa y su infinita avaricia, pero las leyes les siguen protegiendo.
La verdad de lo que ha sucedido, sin embargo, está aún lejos de conocerse con precisión. Hace dos semanas el Gobierno bloqueó la propuesta de Izquierda Unida de investigar la crisis y estas estafas con ánimo de buscar responsabilidades. Este es nuestro país, lugar donde abundan las estafas y los grandes hurtos y donde todos ellos quedan impunes.
