Las políticas de derecha vacían y esquilman Castilla y León
Acacio Puig. LQSomos.
En el pasado, durante las décadas de los 50 y 60 del siglo XX, fue el éxodo de una población empobrecida que se vio obligada a marchar a ciudades-polos de desarrollo (en la España franquista, como mano de obra barata y sin derechos) y también a Europa, en condiciones menos desfavorables. Los sectores más pobres del campesinado y la ganadería de subsistencia, mal vendieron lo que tenían y abandonaron el mundo rural buscando trabajo y huyendo de la extrema escasez. Se perdió así mucha población.
Pero es preciso subrayar que durante los últimos 30 años (1991-2021), esta comunidad autónoma ha perdido casi 170.000 personas y la sangría no cesa. Las razones son claras: ausencia de oportunidades de empleo, colapso del relevo generacional en el sector primario, liquidación acelerada de servicios públicos de sanidad, educación, transporte… y bla-bla-bla sobre digitalización o las renovables, perversamente entregadas a las mismas grandes corporaciones carbonizantes.
Se agudiza pues una profunda desigualdad territorial entre comunidades autónomas, que además de viejos asuntos de financiación autonómica -que requieren profunda modificación- no eclipsan responsabilidades políticas de quienes gobiernan y gestionan. En Castilla y León, una vez eliminado el espejismo de “rectificación de rumbo” apuntado durante los meses más duros de la pandemia, la realidad subraya la falta de voluntad política y de capacidad del gobierno regional (actualmente compuesto por PP y C’s y durante décadas bajo tutela exclusiva del PP) evidenciando que aquí no se proyecta ninguna “recuperación” al servicio de la mayoría social, sino más de lo mismo… o aún peor.
Al rechazo del pasado 3 de noviembre a los nuevos Presupuestos Generales de CyL formulado por la plataforma SORIA YA (que denunciaba “su continuismo”) seguirán muchas otras impugnaciones que iremos conociendo los próximos días, en tanto que el informe oficial de la Junta (Acuerdo 53/20 ) mediante el que optaba a parte de los “Fondos Europeos de Recuperación” escondía el mal gobierno en un galimatías de “estadísticas de evolución positiva” que camuflaban la gestión del partido que aquí manda.
(Sin voluntad de ser exhaustivos, seguiremos con tres apuntes a pie de obra).
1.-Sanidad… en “el capitalismo del desastre” castellano y leonés
Empezaremos por esto porque es sector en que se han producido múltiples movilizaciones desde el anuncio en 2019 de la que denominamos “contrarreforma sanitaria de la Junta de CyL”. Y es que efectivamente aquellas medidas de adelgazamiento de la sanidad pública se impusieron aprovechando pandemia y confinamientos, decretando el cierre de centros de salud primaria en aldeas y la reducción de atención médica en pueblos de más población y de plantillas en Zonas Básicas de Salud. Todo ello en las antípodas de los aplausos -también ofrecidos por la clase política- a la generosidad del servicio de salud (SACYL) pero en definitiva acorde con el perverso aprovechamiento involutivo propio de las políticas reaccionarias (“aprovechar una crisis en gran escala para…”) que glosaba Naomi Klein en La doctrina del Shock denunciando el ultraliberalismo liquidador. En este caso, la crisis llegó de la mano de Covid-19.
Entre esas movilizaciones ha sido muy destacable la manifestación del 26 de septiembre en Segovia que retomaba, con 10.000 participantes, la campaña “Nuestro Médico se Queda” iniciada en 2019. Allí, junto a la exigencia de más financiación, reforzamiento de plantillas y cobertura en el medio rural equiparable a la del medio urbano, la demanda estrella fue la reapertura de todos los consultorios rurales al margen de la entidad del núcleo de población en que se encuentren; a los diversos apoyos de organizaciones sociales se sumó explícitamente la Unión de Campesinos de Castilla y León – la organización agraria progresista más implantada en la comunidad.
Pero días más tarde y recurriendo a la oxidada máxima de “las medidas son correctas solo hay que explicarlas bien” una delegación aparentemente neutra recorrió el mundo rural de Segovia en nombre de la Gerencia de Atención Sanitaria, la Junta de Castilla y León y el SACYL (¿representando a quienes, a qué sector… dado el descontento de la mayoría de profesionales sanitarios del SACYL con la política sanitaria del gobierno de la comunidad?).
Bajo cobertura de “Educación para la Salud” el objetivo era desmovilizar la sensibilidad acumulada el 26 desempolvando la ley del 15 de abril de 1991 (de reglamento y modificación de los equipos de atención primaria de CyL) una ley aprobada bajo presidencia de Jesús Posada (PP) y que decidía la reducción de atención en centros de atención primaria en pueblos menores de 500 habitantes y suprimiéndola en aldeas de menos de 50. Una agresión salvaje considerando que el 80% de los municipios de Castilla y León (2.645) cuenta con menos de 500 habitantes y que 1.352 están habitados por menos de 100 personas. Quedaba pues la consulta a demanda telefónica (a pesar de las amplias zonas sin cobertura de móvil) y la petición vía internet (a que no tiene acceso ni capacitación una población muy mayor que resiste en zonas rurales enormes y muy despobladas).
En el colmo del cinismo, el gobierno de Castilla y León abogaba por una sanidad pública “accesible, segura, eficaz y sostenible” y se jactaba de “su valoración positiva por los ciudadanos” ¡en 2018!
Y sin embargo fijar población en el medio rural -que es previo a soñar con ampliar población, repoblando con gente joven – requiere previamente que los mayores no se marchen (por falta de atención médica, y de transportes públicos y accesibles)… algo que ocurre en esta comunidad en que crece anualmente el porcentaje de mayores de 65 años mientras que el de menos de 16 años está varios puntos por debajo de la media nacional.
2.-La fallida “digitalización” de 2013. Polvos y lodos
En plena euforia del teletrabajo en tiempos de pandemia -vendido como panacea repobladora de zonas rurales- conviene retomar lo ocurrido en Castilla y León pocos años antes.
El 24 de abril del año 2013, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, presentó en Balboa (León) el balance del Plan de Banda Ancha Rural de Castilla y León, un plan triunfalista e incumplido que se presentó entonces como: “El Plan universaliza el acceso a internet en igualdad de condiciones con independencia del lugar de residencia, garantiza la cohesión territorial y social y completa el mapa de cobertura consolidando las actuaciones desarrolladas hasta ahora. Además, adelanta en más de un año el plazo establecido por la Agenda Digital Europea”.
Y seguían de esta guisa: “con el fin de universalizar la banda ancha a todo el territorio y especialmente al mundo rural para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. Es definitiva, que todos los ciudadanos tengan a su disposición una solución de banda ancha, alcanzar el 100 % de cobertura de calidad y a precios asequibles, para que todos los ciudadanos de Castilla y León puedan estar conectados con el resto del mundo”.
Nada de eso, que implicó entonces una inversión de 83 millones de euros, es cierto. Y hay que señalarlo porque años más tarde en el mundo rural cada cual se busca la cobertura como puede o usa los limitados anexos a las wifis municipales cuando es posible… El resto fue literatura tipo “ se ha logrado la universalización de la Banda Ancha en Catilla y León mediante la aplicación de una solución multi-tecnología terrestre combinada con solución satelital en las zonas menos pobladas y más dispersas”… fue también adecuado a la fotografía en prensa y propaganda en medios de comunicación fieles y acríticos.
Si aquello hubiera sido cierto, el mundo rural de CyL hubiera contado en 2020 y 2021, con una base sólida de digitalización capaz de resolver los más elementales problemas de conectividad de la ciudadanía residente y habría estado en condiciones de acoger a esos supuestos miles de teletrabajador@s en busca de una quimérica calidad de vida.
3.-Tejido productivo raquítico: ¡Vía libre a las macro renovables!
A- Remitiéndonos a los datos oficiales de la propuesta de CyL -documento Iniciativas de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León destinado a alimentar la inclusión de la comunidad en el Plan España Puede (Fondos Next Generation)- encontramos esta fotografía del tejido productivo castellano y leonés:
Con un enorme peso del 97% de pymes y micropymes y según datos de 2018 -los que sigue utilizando Castilla y León Económica- en primer lugar se sitúa la agroalimentación (16,3%), seguida del comercio (9,72%) el agropecuario (9,1%) el transporte (6,28%) la venta y reparación de vehículos (5,98%) la distribución (3,92%) y el turismo (3,36%) “aunque el sector automoción tiene un destacado peso global”… quizás en estas fechas –fin de 2021- sería más preciso decir que “tenía”.
¡Eso sí el gobierno regional afirma ser “vanguardia en el ámbito nacional en desarrollo de tecnología renovable”… ya que “un 85% de la energía eléctrica generada en CyL es de procedencia renovable”! Sin embargo, el apunte de proyectos a futuro en dicho documento de referencia es muy limitado: la suerte de la industria regional de la automoción se cifra en el mito de la tecnología del hidrógeno verde, el comercio en la digitalización y el resto (Forestal, turístico, transporte de viajeros…) quedan sumidos en la más espesa neblina. En cuanto al campo… ¡A ver como viene la PAC!
Y si el tejido productivo es tan endeble, el tejido asociativo-organizativo es acorde con él. En la Castilla y León de las microempresas es urgente derogar la contrarreforma laboral del gobierno Rajoy y crear marcos de defensa de esa legión de trabajador@s que forman parte del “sector servicios”. Es también urgente establecer vínculos entre el sindicalismo obrero y el sindicalismo agrario y abordar desde un modelo alternativo la generación de empleo juvenil más allá de ofertar el enganche en las fuerzas de seguridad del estado o la emigración permanente (que dicho sea de paso permite que así se evapore el dato buena parte del paro juvenil existente).
B- ¿Renovables?
Dado que desde el año 2015 Castilla y León se posicionaba como la mayor potencia eólica de España (el 24.2% del total del país con 5.560 megavatios instalados) y que a día de hoy la Junta subraya el papel de la comunidad como “vanguardia en desarrollo de tecnología renovable” importa dar a conocer sus cloacas, de las que hay abundante información desde 2015 hasta hoy mismo en diferentes trabajos periodísticos que pueden consultarse en internet bajo el epígrafe “Trama eólica en Castilla y León”.
La trama, que actualmente está en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, considera las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción que encausa a altos cargos de la Junta, a eléctricas (Iberdrola y también Endesa…) y a empresarios locales de los sectores industria y construcción principalmente. El modus operandi, fraguado entre los años 2003 y 2011 por la Consejería de Economía del gobierno regional y el director de Iberdrola en CyL (Ibercyl) consistió en forzar la creación de empresas mixtas (eléctricas y empresarios castellano leoneses) como única vía para lograr la autorización legal de instalación de esos parques…a los pocos meses, las empresas locales desaparecían -tras acelerado “reparto de beneficios”: docenas de millones aún por cuantificar- y ser inmediatamente absorbidas por las eléctricas.
Actualmente son 17 los encausados por la Fiscalía (desde el ex viceconsejero de Economía, el ex director de energía y minas, el exconsejero delegado de Excal, o el antiguo director general de Deportes, hasta tres altos cargos de Ibercyl y empresarios de diversa envergadura. En las Cortes de Castilla y León se ha constituido una Comisión de Investigación que “parece solo interesar al PSOE y Podemos” pero no al resto del arco parlamentario.
Todo un repertorio de delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, estafa a la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. La trama debería salpicar al propio presidente de la Junta en los primeros años del turbio manejo, a Juan Vicente Herrera (PP) que avisado –relataba entonces Diario.es “de abusos de poder en las adjudicaciones” – no se dio por enterado. Veremos hasta donde se tira del hilo.
Y a esos pantanosos cimientos, se superpone – en todo el país y de la manos de los fondos europeos – “lo nuevo” es decir, la descarbonización adaptada al capitalismo verde acaparado por las grandes corporaciones eléctricas que perpetúan “en renovable” el modelo energético preexistente. Porque como se desprende de los estudios de que disponemos, la afirmación gubernamental de que “el mundo rural debe liderar el cambio climático” es más que dudosa (casi imposible) si nos referimos a suelo y población…cuando todo apunta a la mera ocupación de suelo por grandes corporaciones que explotan eólicas y fotovoltaicas, oligopolios que con sus megaproyectos acaparan la parte del león de los fondos subvencionados desde la UE: más de 130.000 millones (de los 170.000 adjudicados a España) serán para grandes empresas españolas y de ellos, casi el 40% quedará en manos de Iberdrola, Endesa y Naturgy.
Si las macro renovables son gigantes de producción intensiva de capital pero enanos en generación y mantenimiento de empleo, la despoblada Castilla y León no va a “liderar nada” sino que verá usurpados suelos agrícolas fértiles por esos gigantes sin disponer de mecanismos de control, ni de participación y viendo como se eluden los estudios de impacto ambiental por la comandita de los poderosos de la energía y sus aliados políticos locales.
(…Y seguiremos con más temas en otra ocasión, si es que estos asuntos suscitan algún interés).
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La primera solución de choque, sería dejar de votar a la derecha… Pero
Qué bueno, Acacio! Salud