Las reformas sociales de nuevo al Congreso
Por Pedro Santana Rodríguez*
El presidente Gustavo Petro inauguró la tercera legislatura de su mandato presentando una ambiciosa agenda legislativa con un enfoque en reformas sociales. Entre las prioridades se encuentran la reforma de salud, la reforma laboral y la jurisdicción agraria, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los colombianos y fortalecer los derechos laborales y sociales.
Petro busca la aprobación de reformas esenciales en salud, trabajo y tierras, enfrentando desafíos de oposición y la necesidad de consenso en el Congreso.
Este 20 de julio el presidente de la República, Gustavo Petro instaló la legislatura tercera de su mandato que marca la mitad de su período presidencial. En un tono conciliador Petro presentó la agenda legislativa que llevará al Congreso en esta legislatura. Destacan dentro de ellas las reformas sociales pues de las tres principales solo ha sido aprobada, y también ya ha sido demandada por la oposición ante la Corte Constitucional, la reforma pensional que beneficiará al 80% de los trabajadores que devengan en Colombia menos de 2.3 salarios mínimos. Con el nuevo sistema los trabajadores colombianos se verán beneficiados en sus mesadas pensionales, así como los y las colombianas de la tercera edad para quienes se establece el llamado pilar solidario que les reconoce un ingreso fijado cada año por el DANE de acuerdo con línea de pobreza que para este año es de 223 mil pesos. Este piso solidario beneficiará a unos tres millones de compatriotas de la tercera edad que no reunieron los requisitos para acceder a una pensión.
También favorece a los trabajadores que en alguna etapa de su vida laboral cotizaron, pero no lograron el número de semanas para acceder a la pensión estableciendo una renta vitalicia de acuerdo con las semanas cotizadas. Hay que decir que esta reforma universaliza con estas medidas el derecho de la población adulta en el país de tener un ingreso mínimo vital asegurado. Se entiende la satisfacción de Petro y del gobierno en el acto de sanción de la ley el 16 de julio en la plaza de Bolívar de Bogotá. Por fin una de las reformas sociales prometidas en campaña pudo aprobarse en el Congreso de la República. Esperemos que la Corte Constitucional actual que ha dado signos de retrocesos evidentes de la orientación progresista que siempre tuvo y que hoy no tiene, no se atraviese al examinar las demandas que se han presentado contra le ley. La mejor manera de proteger esta ley es con una amplia pedagogía ciudadana para que la población y la opinión pública la asimile y la defienda.
Decíamos más arriba que Petro en tono pausado y conciliador presentó su agenda legislativa y que dentro de ella destacan de nuevo los proyectos de reforma social. Anunció la presentación de nuevo del proyecto de reforma a la salud que ha sido consensuado con los movimientos sociales por la salud, con las Entidades Promotoras de Salud, EPS, que han sobrevivido a la crisis y que fue debatido muy ampliamente desde antes de su presentación formal el 13 de febrero de 2023. Aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre del año 2023 fue hundido por nueve senadores de la Comisión Séptima del Senado el 3 de abril de 2024. Este hundimiento sería lamentado después por algunas de las EPS que habían trabajado para ese hundimiento, dado que la crisis de la salud se ha profundizado lo que obligó al gobierno a intervenir tres EPS, Nueva EPS, Sanitas y SOS y dos más solicitaron un retiro voluntario, Sura y Compensar.
Con deudas acumuladas por más de 25 billones de pesos, con un déficit de Reservas Técnicas que a 31 de diciembre de 2023 llegó a 16 billones de pesos según datos de la Superintendencia de Salud, con un desfalco en 2022 tasado por la Contraloría General de la República en cinco billones de pesos, por parte de 18 EPS en el manejo de los recursos de la salud, con un faltante de 13.2 billones de pesos en solo 8 EPS durante los años 2020-2023 según investigación del proyecto ciudadano ¿Y dónde está la plata? y la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760/2008, la crisis es estructural y requiere una profunda reforma. De eso parecen ahora convencidos sectores políticos, entidades de salud como la mayor parte de las EPS que han consensuado el proyecto con el gobierno y una parte importante de las agremiaciones médicas. Los que no están convencidos son la oposición del Centro Democrático y Cambio Radical y algunos gremios médicos y de pacientes que siguen en su férrea oposición defendiendo sus privilegios. El borrador consta de 47 artículos y es un resumen del proyecto hundido en el Senado de la República y mantiene los ejes centrales de la propuesta inicial. El manejo público de los recursos públicos; la atención primaria en salud como base del sistema; las gestoras de salud y vida que se encargarían de ayudar a la conformación de las redes integradas e integrales de prestación de los servicios de salud, prestarían servicios de auditoria a las cuentas de las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud, IPS, y encargarse de la referencia y contrarreferencia de los pacientes a los niveles de mediana y alta complejidad; mantiene así mismo el proyecto la creación y fortalecimiento de un sistema de participación ciudadana y la creación de un sistema único de información.
El segundo proyecto social es la reforma laboral mutilada en todo lo que tiene que ver con los mecanismos de defensa colectivos y reconocimiento del sindicalismo, avanza en el reconocimiento de derechos como el pago de horas nocturnas a partir de las 7 de la noche, pago del 100% de los dominicales y festivos, mecanismos de protección a los contratos laborales y fortalecimiento de la contratación laboral con derechos y prestaciones sociales limitando drásticamente el mecanismo de contratación por orden de prestación de servicios. Este proyecto no busca más que recuperar derechos que fueron conculcados por los neoliberales que han gobernado el país los últimos 30 años. Camina en la dirección acertada de trabajo digno y decente. El proyecto aún tiene que sortear tres debates en la plenaria de la Cámara y en la Comisión Séptima y plenaria del Senado.
A estos dos proyectos se suma el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria absolutamente necesario para agilizar los procesos de restitución de tierras abandonadas y despojadas en el marco del conflicto armado interno. Desde el año 2011 fecha de promulgación de la ley de víctimas 1448, solo se han restituido 500 mil hectáreas de un total de 8 millones de hectáreas despojadas y abandonadas. Pero el gobierno debería aprovechar este proyecto para dos cosas adicionales: recuperar la figura de expropiación por vía administrativa que hoy existe para obras públicas y para áreas urbanas pero que en el gobierno de Andrés Pastrana se eliminó para áreas rurales, sin esta figura el proceso de reforma agraria marchara muy lentamente. La figura debería reconocer como lo hace donde se aplica, el valor comercial de las tierras que sean objeto de esta figura. Y la segunda enmienda que debería ser parte integral del proyecto es el establecimiento de la restitución de tierras por vía administrativa cuando en el proceso no haya oposición. Estas figuras jurídicas son necesarias si se quiere avanzar tanto en la adquisición de tierras para la reforma agraria como en la restitución de las tierras despojadas.
Se anuncia sin que todavía se conozca el proyecto, la presentación de un proyecto de ley de Servicios Públicos que reforme la ley 142 que tiene muchos problemas para la protección de los usuarios. Es una necesidad dado el excesivo encarecimiento de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios en el país y sobre todo en la costa Caribe.
Al mismo tiempo el presidente anunció la presentación de una reforma al código minero para establecer derechos a los pequeños mineros y a la minería artesanal, y reformas a las leyes que rigen la educación en el país. El ministro del Interior preciso que no se presentará en esta legislatura la ley estatutaria de educación pues se privilegiaría la reforma a la ley 30 de educación superior y al sistema general de participaciones para volver a la vigencia de lo establecido por la Constitución de 1991 y que fue recortado en el gobierno de Pastrana y Uribe. Son estas las reformas sociales principales anunciadas por el presidente.
También en esta legislatura deberá tramitarse la ley de sometimiento de las bandas criminales de alto impacto como se les denomina para referirse a los actores de la violencia urbana ligados a economías ilegales del narcotráfico y la extorsión, pero también a los grupos sucesores del paramilitarismo como el Clan del Golfo y los Pachenga de la Sierra Nevada. Los diálogos que se adelantan en el Valle del Aburra, en Buenaventura y en Quibdó no tendrán un puerto de llegada si no se expide una ley específica para estos actores después del fallo de la Corte Constitucional sobre la ley 2272 de 2022 también conocida como marco jurídico para la paz. En dicha sentencia la Corte Constitucional señaló que el marco jurídico para el sometimiento de estas estructuras criminales debería ser desarrollado por el Congreso de la República en una ley específica. Allí debería considerarse el marco jurídico para la negociación con la Disidencia de la Segunda Marquetalia para que esta negociación tenga una salida jurídica adecuada.
¿De la negociación al menudeo a la coalición de gobierno?
El ministro del Interior Juan Fernando Cristo ha establecido una línea política con la que siempre he estado de acuerdo y abogado desde hace ya bastante tiempo con relación a la forma como deberían establecerse las relaciones del Gobierno del Cambio con el Congreso de la República. La negociación al menudeo quizás fue útil cuando los directores de los partidos decidieron bloquear las reformas en el Congreso de la República en el mes de abril del año 2023. Pero esa negociación entraña muchos riesgos dada la cultura clientelista que caracteriza al régimen político colombiano. Un riesgo es el de la corrupción como acaba de suceder con la gestión de Olmedo López y Sneyder Pinilla en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD.
Por ello me parece acertada la nueva línea establecida por el ministro Cristo de relacionarse con las bancadas, de presentar los proyectos con antelación para que sean discutidos en el seno de esas bancadas y de esta forma se pueda avanzar en el establecimiento de consensos y claro disensos, alrededor de los contenidos de los proyectos. Pero esto debería ir más allá como siempre he señalado un acuerdo programático de mínimos de las reformas debería dar paso a la participación de esos partidos en el gobierno a nivel ministerial y esta coalición debería proyectarse al debate presidencial del año 2026. Sigo creyendo que es lo más conveniente para el país.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
Comparte este artículo, tus amig@s lo leerán gratis…
Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Telegram: LoQueSomosWeb
Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos
