Llamamiento urgente de los presos políticos saharauis a los organismos internacionales
Por Alfonso Lafarga*
Los presos políticos saharauis, que se encuentran en cárceles situadas la mayoría a más de 1000 kilómetros de su tierra y de sus familias, sufren la represión del régimen marroquí, que no respeta sus derechos más elementales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclama el respeto al derecho internacional y la búsqueda de la seguridad de todos los pueblos, pero no habla del pueblo saharaui, que fue español
Los presos políticos saharauis hacen un llamamiento urgente a los organismos y organizaciones internacionales ante las extremas condiciones de reclusión que padecen en cárceles marroquíes, donde cumplen condenas impuestas en juicios simulados, con confesiones obtenidas bajo coacción y tortura.
El llamamiento se produce en medio del silencio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantienen sobre el Sáhara Occidental desde que apoyan la ocupación marroquí.
La Liga para la Protección de Prisioneros saharauis (LPPS) detalla en su informe correspondiente a 2023 la negativa del Estado marroquí a respetar sus obligaciones jurídicas e internacionales en materia de Derechos Humanos y la represión que sufren los presos saharauis, que se encuentran en cárceles situadas la mayoría a más de 1000 kilómetros de sus familias y de su patria, el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
La LPPS considera que el traslado de los presos saharauis a cárceles de Marruecos es “una forma de venganza contra ellos y sus familias y una flagrante violación del espíritu del Derecho Internacional, en particular los Convenios de Ginebra relativos a los detenidos en territorios ocupados”.
Las difíciles condiciones de vida de los reclusos saharauis constituyen un delito “equivalente a crímenes de lesa humanidad”, particularmente ante el desprecio por la vida que muestra la administración penitenciaria marroquí, que “ignora las legítimas quejas de los internos saharauis” y no cumple sus promesas, afirma la Liga.
Ante ello, pide la intervención internacional urgente para impedir que Marruecos traslade a los presos políticos saharauis a cárceles situadas en Marruecos, con lo que son expulsados de su patria de origen, violando su condición de ciudadanos de un territorio ocupado.
Las prisiones de Marruecos en las que hay presos políticos saharauis se encuentran entre 922 y 1218 kilómetros seis de ellas y entre 320 y 640 kilómetros otras cuatro de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.
El informe detalla casos de la anómala situación de los presos saharauis: falta de atención sanitaria, incumplimiento del derecho de visita de familiares y abogados, malos tratos y uso de la fuerza por parte del personal penitenciario, condiciones inhumanas en celdas de aislamiento, prohibición y decomiso de bienes e impedimentos para realizar estudios.
Ante las situaciones de represión, los presos saharauis recurrieron a la única arma de lucha que tienen en sus manos, la huelga de hambre. En 2023 la LPPS registró un total de 23 huelgas de hambre, que duraron entre 48 horas y 36 días continuos. En la mayoría de los casos, las huelgas terminaron después de que la dirección penitenciaria prometiera responder a sus demandas, lo que, con frecuencia, incumple.
La LPPS considera que los organismos y organizaciones internacionales deben proteger a los presos políticos saharauis y que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene que asumir su responsabilidad con los reclusos saharauis “dada su condición jurídica de ciudadanos de un territorio ocupado por la fuerza militar”.
También pide que se presione al Estado marroquí para que ponga fin a la detención de activistas saharauis, a los que un mecanismo internacional independiente debe garantizar su derecho a un juicio justo, y reclama a la Unión Africana que presione a Marruecos para que libere a los presos políticos saharauis.
Ante el Ministerio de Justicia por los presos saharauis
Por los presos saharauis en cárceles marroquíes, para los que la LPPS pide a los medios de comunicación que informen de su sufrimiento y del de sus familias, el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) se manifiesta cada lunes ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la plaza de la Provincia, en Madrid.
Desde hace tres años y tres meses, el MPPS pide al presidente del Gobierno y al ministro de Exteriores que España, potencia administradora del Sáhara Occidental, actúe ante las autoridades marroquíes por la libertad de los alrededor de cuarenta presos políticos saharauis, que cumplen condenas de hasta cadena perpetua.
Sin embargo, el Gobierno no se ha pronunciado sobre la situación de los presos saharauis, como tampoco lo ha hecho tras el comunicado de la LPPS.
Sánchez, que afirma que su Gobierno defiende la paz y la legalidad y llama a defender los derechos humanos en “cualquier parte del mundo”, se muestra orgulloso de “ser de izquierdas, progresista” a pesar del radical giro que dio a favor de Marruecos en lo referente al Sáhara Occidental, en contra de la postura mantenida hasta entonces por los diferentes gobiernos de España de apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Con motivo del reconocimiento del Estado palestino, Sánchez fundamentó la decisión “en el respeto al derecho internacional y la defensa del orden internacional basado en reglas”. A esto, añadió: “Principios que nos guían siempre. Sea cual sea el contexto, tanto en Gaza, Palestina como en Ucrania, España siempre defenderá los propósitos y principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas”. “Con el paso que hoy damos, asumimos nuestra responsabilidad en la búsqueda de la paz, la seguridad y la prosperidad de todos los pueblos, conforme al mandato que establece el preámbulo de la Constitución Española”. Y en X (twitter), escribió: “Quiero que los españoles tengan el orgullo de que su país estuvo en el lado correcto de la historia”.
Ni una palabra sobre el Sáhara Occidental, el territorio que España consideró español y tenía la obligación de descolonizar y entregó a Marruecos y Mauritania, ni de los derechos del pueblo saharaui a decidir su futuro, como defendían el PSOE y los diferentes gobiernos de España.
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