Los fondos buitre se lanzan al ‘asalto’ del sector estratégico español
Por Agencia Mp3*
Los llamados fondos buitre son inversoras que adquieren, por lo general, a precios muy bajos títulos de deuda de empresas o de Estados para luego litigar o presionar por el pago del 100 % de su valor nominal. Por ello, generó alerta la compra del fondo Global Infrastructure Partners (GIP) por el gigante estadounidense BlackRock, principal inversionista de la Bolsa española. GIP es propietaria del 20 % del capital de Naturgy, operadora española en los sectores eléctrico y gasístico
Las empresas en la mira son Telefónica, Naturgy y Talgo
En los últimos tiempos el capital extranjero está mostrando su voracidad por las empresas españolas, especialmente aquellas que forman parte de lo que se denomina el “sector estratégico”. Entre ellas destacan diversos fondos soberanos, algunos de ellos procedentes de países árabes.
Los últimos movimientos han hecho reaccionar al Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, que intenta maniobrar para defender los intereses nacionales, alentado por sus socios, de Sumar, para participar en las empresas estratégicas. “No puede venderse al mejor postor, hay que preservarlo”, decía este viernes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El último en saltar a la palestra ha sido el fondo Taqa, del emirato Abu Dhabi, cuyo Gobierno es propietario del 90 %: esta semana confirmó su intención de entrar de manera mayoritaria en el accionariado de Naturgy.
Más del 40 % de Naturgy en el aire
Este miércoles Taqa reconoció su intención de comprar el 41,3 % de Naturgy, la empresa eléctrica y gasística, antigua Gas Natural Fenosa.
Para conseguir su objetivo, el fondo emiratí deberá presentar una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad del capital de la compañía y necesita obtener el visto bueno del Gobierno.
La participación pública en las empresas estratégicas es el mejor seguro para garantizar la soberanía.
Lo común es aquello que nos pertenece a todos y todas y de lo que dependen nuestras vidas. No puede venderse al mejor postor, hay que preservarlo. pic.twitter.com/MTS5IA7b4X
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) April 19, 2024
Actualmente el accionariado de la energética tiene como principales protagonistas a CriteriaCaixa (el holding de inversiones de CaixaBank), con el 26,7 %; el fondo CVC (entidad de capital riesgo británica), con el 20,7 %; y GIP, un fondo de inversión con sede en Nueva York, que posee el 20,6 % de los papeles.
Son estas dos últimas las que estarían interesadas en deshacerse de sus participaciones, después de 6 y 8 años respectivamente en el capital de la compañía de origen español. De hecho, la operación estaría auspiciada por Criteria, con el ánimo de encontrar un socio fiable para el negocio.
Si Taqa consigue su propósito, se convertiría en el accionista mayoritario de una compañía que es la principal proveedora de gas natural en España y la tercera de electricidad.
Arabia Saudí penetra en Telefónica
Antes que Taqa, otra compañía de Oriente Próximo ha logrado penetrar en una de las grandes empresas españolas en los últimos meses. Se trata de STC, que en septiembre se hizo con el 9,9 % de Telefónica de manera sorpresiva.
El gigante de Emiratos Árabes ha confirmado que negocia con CVC y GIP, y de acuerdo con La Caixa, una oferta por el 100% de Naturgy.
Un análisis de @mpatinogomez
Vídeo: @raquelmorgar pic.twitter.com/pZ3nTxZksK— expansioncom (@expansioncom) April 18, 2024
Así, STC, controlada por el fondo soberano de Arabia Saudita, se convirtió en el mayor accionista de la compañía de telecomunicaciones gracias a un desembolso de alrededor de 2.100 millones de euros.
Si, en el caso de Naturgy, el Gobierno español todavía se encuentra estudiando la situación antes de dar pasos, en este otro caso, el Ejecutivo de Sánchez optó por lanzarse a la compra de hasta el 10 % de Telefónica, el segundo operador nacional de telefonía.
A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Gobierno ya ha adquirido el 5 % y está a la espera de avanzar hasta completar su objetivo.
Hungría a la caza de Talgo
En el caso de Talgo, la empresa es codiciada por el grupo húngaro Magyar Vagon, en manos del fondo de inversión soberano del país presidido por Viktor Orbán.
Magyar Vagon lanzó su OPA a principios del mes pasado por 619 millones de euros, ofreciendo cinco euros por acción, que está a la espera de resolución. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apostado por encontrar una empresa española que presente una ‘contraopa’ para que Talgo conserve su españolidad y mantenga su carácter estratégico para el país, según recogió El Periódico.
En este caso, la mayoría del accionariado ya se encuentra en manos extranjeras –con la mayor tanda para el estadounidense Trilantic Capital Partners, con el 40 %–, por lo que las tribulaciones además tienen aristas geopolíticas, al tratarse de tecnología que también se utiliza en el ámbito militar.
Escudo antiopas
Este interés extranjero por empresas españolas llega poco más de medio año después de que entrara en vigor en España un real decreto sobre inversiones exteriores, conocido como el ‘escudo antiopas’.
La nueva regulación mejoraba la existente en varios aspectos, como la limitación se su alcance a operaciones que pudieran afectar al orden público, la seguridad pública y la salud pública.
Esto se traduce en que el Gobierno español tiene más herramientas, además de la inversión directa en el capital de las empresas, para mantener cierto control sobre estas compañías consideradas estratégicas, como, por ejemplo, vetando los derechos políticos del capital extranjero en el Consejo de Administración de la empresa.
¿Renacionalización tras privatización?
Los movimientos que se están dando en los últimos meses recuerdan al polémico caso de Endesa, una de las tres grandes compañías eléctricas de España. De origen estatal, su privatización se concluyó en 2003, de la mano del gobierno conservador de José María Aznar.
Tan solo cuatro años después, en 2007, la compañía eléctrica estatal italiana Enel entró en el accionariado de la española con el 10 %, para, dos años después, llegar al 90 % del accionariado. En la actualidad la cifra se sitúa en torno al 70 %.
Entonces la maniobra causó un gran alboroto, toda vez que se habían frenado anteriores intentos de OPA, provenientes de capital español y que se había terminado privatizando una empresa para acabar entregándola a un Gobierno extranjero.
En el caso de Telefónica, también se trata de una gran compañía estatal privatizada en 1997. La vuelta del Estado a su accionariado levanta la pregunta de si estamos en un escenario en que el Gobierno de España volverá a entrar en las compañías que vendió en torno al principio del siglo.
* Con información del canal censurado en Europa RT Noticias.
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