Los mexicanos elegirán a sus jueces: el fin de la burocrática casta judicial
Por Gerardo Villagrán del Corral*
México se convirtió en el primer país del mundo en el que el pueblo tendrá el poder de elegir a casi todos los jueces del país, luego que este miércoles el Senado adoptó una reforma del poder judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y fuertemente rechazada por la oposición, funcionarios judiciales y Estados Unidos.
«Los jueces, salvo honrosas excepciones, están al servicio de una minoría depredadora que se ha dedicado a saquear al país».
“Queda aprobado en lo general”, sentenció el presidente del Senado, Gerardo Fernández, una vez que la coalición oficialista reunió 86 votos -a última hora sumó a un opositor-, los dos tercios requeridos, frente a 41 senadores que se opusieron. La reforma se aprobó con una cómoda mayoría de 359 contra 135 en la Cámara de Diputados, ahora va a las legislaturas de los estados y tras su esperada aprobación (al menos 17 de 32) y promulgación cambiará el panorama del poder judicial.
Durante meses, los opositores a la reforma del Poder Judicial intentaron amedrentar a los legisladores y a los ciudadanos con la especie de que dicha enmienda constitucional provocaría una catástrofe económica con fuga de capitales, cancelación o retiro de inversiones, devaluación y otros males debidos a una supuesta incertidumbre jurídica. Los temores son producto de la desinformación y el golpeteo judicial-mediático.
López Obrador, que el 1 de octubre entregará la presidencia a su correligionaria Claudia Sheinbaum, impulsó la reforma al final de su sexenio tras una polémica con la Suprema Corte, que bloqueó sus iniciativas para ampliar la participación del Estado en el sector energético y dar más tareas de seguridad a los militares.
Según el mandatario, quien respondió a la injerencia del embajador estadounidense Ken Salazar, “lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de potentados, de la delincuencia de cuello blanco”.
No sólo la derecha mexicana se oponía a la nueva norma: Los dos socios comerciales clave de México, Canadá y Estados Unidos, expresaron preocupación por la posibilidad de que pierda independencia el poder judicial, o que los jueces sean captados por las organizaciones criminales que son poderosas en varios estados de México y tienen influencia política, aunque lo que termina es un poder judicial proclive a la corrupción.
Algunas organizaciones internacionales asediadas en EEUU mostraron su preocupación con el argumento de que se socavaría la independencia del poder judicial, y se establecen figuras como jueces sin rostro para conocer casos de delincuencia organizada, lo que podría afectar los derechos de las personas objeto de procesos judiciales.
Los cambios “pudieran incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a votantes o a patrocinadores de campañas para incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, dijo la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite,
Estos reclamos sobre la independencia del poder judicial se basan en el amplio dominio electoral que ha conseguido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del presidente López Obrador y de su sucesora Claudia Sheinbaum, que podría reunir en sus manos mediante el voto los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Es deplorable que algunas firmas con fuertes intereses en el país se empeñen en generar zozobra e instalar la idea de que el saneamiento de la judicatura socava el estado de derecho y hace que la ley sea propensa a una aplicación arbitraria, señala un editorial del diario la Jornada.
Ya es tiempo de que ese puñado de compañías y sus voceros oficiales u oficiosos cesen su campaña de chantaje contra el país, acepten el fin de una época en la que los jueces y ministros han fungido como brókers de sus intereses y aprendan a hacer negocios en un entorno judicial apegado a la legalidad, en el que autoridades, empresas, colectividades y ciudadanos estarán mejor posicionados para combatir la corrupción, el influyentismo y la venalidad, añade.
Marcelo Ebrard, ex canciller y próximo secretario de Economía, descartó cualquier riesgo de que se frene la llegada de inversiones a México con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, pues su texto no contiene ninguna disposición que ahuyente al capital foráneo, el cual, además, está protegido por la Constitución y los tratados en la materia signados por el país.
La actual titular de esa cartera, Raquel Buenrostro invitó a quienes desconfían de la seguridad de los capitales a leer la reforma en vez de navegar en la desinformación. La amplia reforma judicial se aprobó después de que los manifestantes irrumpieran en el Senado en un intento desesperado por impedir que los legisladores votaran, obligándoles a continuar el recuento en un edificio separado.
«Es muy importante acabar con la corrupción y la impunidad. Avanzaremos mucho cuando sea el pueblo de México el que elija libremente a los jueces, a los magistrados, a los jueces», dijo López Obrador, quien agregó que «Los jueces, salvo honrosas excepciones… están al servicio de una minoría depredadora que se ha dedicado a saquear al país».
López Obrador ha insistido en que la elección popular de los jueces “acercará la justicia a la gente”, en este país de 128 millones de habitantes donde cada día se registran unos 80 homicidios, y las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, presentan constantes quejas por el tema de la impunidad.
En el Senado y la Cámara de Diputados apoyaron la propuesta de Morena sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, en tanto se opusieron legisladores de los partidos tradicionales Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolucionario Democrático (PRD), así como el Movimiento Ciudadano.
A diferencia de campañas electorales para cargos públicos, quienes busquen llegar a cualquier tribunal del país deberán respetar un lapso de 60 días de campaña, no se permitirá el financiamiento público o privado, y los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al CLAE.
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