Los Mitos de la Transición Energética
Por Lavinia Steinfort y James Angel*
Dado que la crisis climática se agrava día a día, este informe procura poner en tela de juicio seis mitos perniciosos pero influyentes acerca de la transición energética. En conjunto, estos mitos pretenden persuadirnos de que el sector privado, el libre mercado, precios más bajos y la descentralización pueden descarbonizar el sistema energético, y que los derechos de propiedad intelectual y los tratados de protección del comercio y la inversión son necesarios para facilitarlo. Estos mitos impiden que los responsables políticos, los movimientos sociales y las comunidades defiendan, generen y aboguen por soluciones reales: sistemas públicos de energía que puedan descarbonizar la sociedad de manera democrática
El desmantelamiento de los seis mitos políticos que amenazan la descarbonización
Los pronósticos rimbombantes y los comentarios entusiastas de los actores que dominan la industria energética pueden causar cierto alivio. un suspiro de alivio. “Las perspectivas de una transición con bajas emisiones de carbono siguen siendo sumamente halagüeñas”, según Bloomberg New Energy Finance, que informó que la inversión mundial en tecnologías energéticas con bajas emisiones de carbono superó el billón de dólares en 2022.
Nos dicen que los inversores privados y los mercados liberalizados allanan el camino hacia un futuro energético limpio. Los comentaristas de la industria apuntan al descenso de los costos de las energías renovables como prueba de que los combustibles fósiles pronto serán cosa del pasado. Mientras los inversores estén protegidos por los derechos de propiedad intelectual y los tratados de comercio e inversión inversión, el capital fluirá sin trabas hacia la transición energética. Los gobiernos, al parecer, pueden cruzarse de brazos mientras la energía se descentraliza a través de proyectos renovables a pequeña escala y el auge del ‘prosumidor’, por el que los particulares se convierten en productores de energía, además de ser consumidores.
Lamentablemente, estas aseveraciones optimistas no pueden tomarse al pie de la letra. De hecho, lo que está en juego en este caso es una serie de mitos peligrosos, que amenazan con consolidar aún más la inacción y la injusticia. Cuesta entender cómo el estado de la transición energética puede calificarse de algo parecido a “halagüeño” cuando el consumo de carbón, petróleo y gas sigue en aumento. Los combustibles fósiles aún abarcan 82 % del consumo total de energía primaria en el planeta. A finales de 2022, el consumo mundial de carbón alcanzó un nivel récord. Un estudio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de 2021 señala que el consumo mundial de petróleo para 2022 alcanzaría un promedio diario de 2,1 millones de barriles más que en 2021. Se prevé que esta cifra crezca 2,1 millones de barriles más por día en 2023.
La inversión en energías renovables está creciendo, pero no lo suficiente. La tasa de crecimiento del despliegue de nuevas energías renovables se redujo a la mitad entre 2016 y 2021. La inversión mundial en energías renovables alcanzó la cifra récord de 0,5 billones de dólares en 2022, menos de un tercio de la inversión promedio anual necesaria entre 2023 y 2030 si queremos cumplir la meta que acordó la comunidad internacional para limitar el calentamiento a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. A mediados de 2023, la AIE calculó que solo tres de los cincuenta componentes de la transición energética estaban plenamente en marcha.
En resumen, la transición energética está en graves apuros. Además, allí donde se está avanzando, la narrativa dominante a favor del sector privado y del mercado vuelve a equivocarse drásticamente. La financiación pública, más que la inversión privada, ha sido el principal motor de la transición por ahora: 60 % de la financiación contra el cambio climático en el planeta correspondió a fondos públicos (incluidos los hogares) entre 2019 y 2020. En contraposición a la ideología neoliberal –según la cual el sector público es ‘reacio al riesgo’ y el sector privado es ‘innovador’—, las instituciones públicas son más propensas a financiar sectores de transición de mayor riesgo, y el sector público lidera en las tecnologías más alejadas de la comercialización, como la energía mareomotriz y undimotriz o el almacenamiento térmico.
De hecho, la mayor parte de la inversión privada en la transición energética depende en gran medida de las subvenciones públicas. Cuando los Gobiernos que lideran la transición energética, como Alemania y China, suprimieron las subvenciones a las energías renovables conocidas como feed-in tariffs, las consecuencias fueron drásticas. En Alemania, las inversiones en energías renovables cayeron 46 % en 2015. Y entre 2017 y 2018, las inversiones en energías limpias en China se redujeron 38 % (con una caída de las inversiones en energía solar de 53 %).10
¿Esta situación podría cambiar con el descenso de los costos de las energías renovables? Muchos sostienen que el costo de las energías renovables está bajando a tal grado que pronto alcanzaremos un ‘punto de inflexión’ en el que las renovables serán más baratas que los combustibles fósiles, tras lo cual los patrones de inversión cambiarán sustancialmente. Aunque es cierto que el costo unitario de las energías renovables está bajando, los datos sobre los precios de las renovables tienden a tapar los costos ocultos de las mejoras y cambios infraestructurales necesarios para integrar estas energías a la red. Se calcula que estos costos ocultos añadirán entre 10 y 15 % al precio de la unidad de energía cuando las renovables correspondan al 25 % de la producción total de energía11 y no harán sino aumentar a medida que avance la descarbonización. Además, el precio no es el factor decisivo en la transición energética. Las pruebas, tanto históricas como actuales, demuestran que la caída de los precios de la energía suele reducir las ganancias de la industria energética. A su vez, el descenso de los precios de las energías renovables corre el riesgo de alejar a los inversores. Y lo que es más importante, se basan en la explotación laboral constante en las cadenas de suministro de las energías renovables, cada vez más vinculadas al trabajo forzoso y la esclavitud moderna.
Por lo tanto, el modelo de transición energética con fines de lucro está plaga- do de contradicciones y fracasa por sí mismo. También impulsa la desigualdad y la injusticia. Un tercio de la población mundial carece de acceso a la energía fiable. En 2021, se calcula que 860 millones de personas carecían de acceso a la electricidad en el Sur global, y otros 1100 millones solo tenían un acceso intermitente. La situación en Europa no es muy diferente. De hecho, la pobreza energética se duplicó en 10 años a lo largo del continente durante el periodo de liberalización de la energía. Y como señala la AIE:
“Por primera vez en décadas, el número de personas sin acceso a electricidad habrá de crecer en 2022”.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? La historia del modelo de mercado se reduce a una combinación de ‘liberalización y subsidios’, ya que el crecimiento de las energías renovables se produjo, en realidad, a pesar de la liberalización y no gracias a ella. De hecho, nunca hubo un libre mercado de energías renovables, ni es probable que lo haya. Por el contrario, el sector de las energías renovables ha sido sostenido por los subsidios públicos. Estos coexisten con las políticas de liberalización, que concentraron el poder en manos de unas pocas empresas que conforman un oligopolio.
Estas empresas se enfrentan ahora a una ‘espiral de la muerte’ a medida que suben sus costos y bajan sus ingresos. La inversión de las empresas estatales en las energías renovables se desalentó o se prohibió directamente, como es el caso de Eskom, la empresa pública sudafricana de electricidad. En su lugar, tuvieron que apoyar las inversiones privadas, cubrir los crecientes costos de la red y dedicarse a recuperar los costos de producción y de servicio, en detrimento del acceso de la población a la energía. Como las empresas de servicios públicos están sometidas a cada vez más presiones, algunos Gobiernos comenzaron a emitir ‘pagos por capacidad’ a los productores de combustibles fósiles por suministrar generación de ‘carga base’ en todo momento, con el fin de garantizar la seguridad del suministro. Hete aquí el modelo de liberalización y subsidios en pleno apogeo. Los Gobiernos compensan la falta de control sobre el sector energético con subsidios para todos, verdes y sucios por igual.
Al mismo tiempo, este modelo desastroso de mercado sigue siendo sostenido por un conjunto de marcos jurídicos que agravan el problema. Tómese, por ejemplo, las leyes de propiedad intelectual (PI), que conceden a las empresas derechos exclusivos de uso, licencia y lucro sobre las innovaciones. Sus defensores afirman que la PI estimula la inversión al proteger la cuota de mercado de las empresas. El resultado, sin embargo, es un sistema sumamente excluyente, que limitó la producción de tecnologías de energía limpia a un puñado de empresas, en su mayoría de países de altos ingresos. Las 10 principales empresas fabricantes de turbinas eólicas del mundo están ubicadas en Europa, Estados Unidos y China. Este oligopolio mundial de la producción de energías renovables es una de las razones por las que en todo el continente africano solo se produce 1,5 % de la energía solar del planeta, a pesar de tener la mayor capacidad productiva posible.
A ello se suman los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permiten a las empresas demandar a los Gobiernos por políticas que afecten sus ganancias. Los inversores argumentan que necesitan protección a través del ISDS para brindar seguridad jurídica y estabilidad. En la práctica, esta ‘protección’ se convierte en una poderosa arma para la industria de los combustibles fósiles, que en repetidas ocasiones demanda a los Gobiernos por medidas que procuran frenar el consumo de combustibles fósiles. Los Países Bajos, por ejemplo, fueron objeto de demandas dos veces debido a sus planes de cesar la producción de energía de carbón para 2030. Las demandas reclamaban un total de 2400 millones de euros en indemnizaciones.
La protección de las inversiones también se extiende a la tecnología renovable. Por ejemplo, España fue objeto de muchas demandas del ISDS por supuestos inversores en renovables, pero en realidad la gran mayoría de los demandantes eran entidades financieras, no productores de energía. Casi la mitad también tenían inversiones en combustibles fósiles y energía nuclear, y muchos se limitaron a comprar instalaciones existentes para aprovechar los rendimientos superiores a los del mercado, en lugar de ampliar la producción renovable.
En definitiva, las promesas de soluciones favorables al sector privado y al mercado amenazan a las personas y el clima con profundas pérdidas. Necesitamos alternativas. Para algunos, la respuesta es la descentralización del suministro energético mediante el fomento de iniciativas renovables a pequeña escala. Sin embargo, aquí reside otro mito. Se calcula que la energía solar fotovoltaica en tejados puede satisfacer 18 % de las necesidades de electricidad de la UE, pero solo si se instala en cada tejado de la región que sea compatible con la energía solar. Las energías renovables descentralizadas son esenciales y deben aprovecharse al máximo, pero no pueden hacerlo por sí solas.
Los sistemas energéticos comunitarios encuentran grandes dificultades cuando se ven obligados a competir en un mercado con afán de lucro. De hecho, surgen serias dudas sobre las credenciales democráticas de las iniciativas energéticas descentralizadas debido al riesgo de la exclusividad. Por eso el objetivo no debe ser la descentralización, sino la democratización. Como ilustra el modelo de energía pública integrada de Costa Rica, que combina empresas estatales, municipales y cooperativas, debemos mejorar la rendición de cuentas y conectar eficazmente las iniciativas descentralizadas con la producción de energía a mayor escala (y viceversa) para conseguir una energía limpia para todos.
En última instancia, la transición energética exige planificación y coordinación en todas las escalas. Es necesario recuperar la energía del mercado y la colaboración entre los servicios públicos, las comunidades y los Gobiernos en todos los niveles. Un sector público revitalizado y democratizado puede marcar el camino. Eso implica la propiedad pública del sector energético con rendición de cuentas y participación de los trabajadores del sector y los usuarios de la energía. Significa inversión pública directa en la transición energética, con un nivel de ambición y urgencia proporcional a la magnitud de la crisis a la que nos enfrentamos. Y significa reconocer el papel de la energía como una necesidad social básica a través de una estrategia de ‘bienes públicos mundiales, que priorice la equidad, la justicia y el acceso a la energía por encima del beneficio privado.
Descargar informe: Los Mitos de la Transición Energética: El desmantelamiento de los seis mitos políticos que amenazan la descarbonización, clic aquí
Comparte este artículo, tus amig@s lo leerán gratis…
Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Telegram: LoQueSomosWeb
Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos
