M-30: Fin a una gestión ruinosa en Madrid iniciada por Gallardón

Por Agencia Mp3

Nos complace sin duda la noticia de la compra en tanto que se acaba con el agujero económico que supone la actual situación, pero la privatización del mantenimiento significará condiciones laborales precarias, incumplimiento de derechos de los trabajadores/as, denigrar la libertad sindical y un nuevo sobrecoste por el pago del IVA, impuesto de sociedades y beneficio industrial

El área de Obras del Ayuntamiento de Madrid anuncia que en 2025 adquirirá el 20% de Calle 30, la compañía que explota la vía de circunvalación, a través de una cláusula del contrato que permite sacar a las constructuras privadas de su accionariado sin indemnización … A partir de 2026 las arcas municipales dejarán de gastar unos 55 millones de euros cada año….

Reproducimos la nota informativa de la Plataforma de Trabajador@s y Vecin@s por la Remunicipalización y Gestión directa de los Servicios Públicos de Madrid:

Comunicado modelo de gestión M-30

Desde esta Plataforma social, creemos oportuno resaltar la decisión adoptada en Pleno Municipal en 2022 por unanimidad de todos los grupos, que se llevará a cabo en diciembre de 2025 según ha decidido y hecho público recientemente el Área de Obras y Equipamientos del Ayto. de Madrid. Esta decisión se adopta respaldada por un informe del Área de Hacienda, el dictamen de la Comisión de Investigación de 2017 y un informe del Tribunal de Cuentas.

La confirmación de esta noticia, sin duda deja patente la pésima decisión adoptada por el gobierno del señor Ruiz Gallardón en 2005, dando entrada en una empresa pública a capital privado con unas condiciones excesivamente beneficiosas para la parte privada de la sociedad mixta en que se convirtió Madrid Calle 30 con la entrada de Emesa (Ferrovial, Dragados y API Conservación con un 20% del accionariado), creando un gasto innecesario para las arcas públicas al asumir el coste del IVA, impuesto de sociedades e intereses de préstamo.

La recuperación de la gestión significa un ahorro anual en torno a 55M€, quince años de ahorro al hacer efectiva la cláusula de compra del 20% del accionariado en 2025, evitando cumplir el contrato hasta 2040. Este hecho no oculta la realidad económica de pérdidas por valor de 1.100M€ entre 2005 y 2025. Una buena parte en dividendos fijos y garantizados para la parte privada en contra del ahorro público.

Esta remunicipalización de la gestión de Madrid Calle 30, siendo una buena noticia por lo significado del ahorro de dinero público para el consistorio, no es una recuperación completa, pues las labores de mantenimiento de la M-30 seguirán prestándose de forma indirecta con nuevos contratos con concesionarias que deberán subrogar a los más de 600 trabajadores que actualmente se dedican a estos cometidos.

La Plataforma por la Remunicipalización de los ss.pp. de Madrid, lamenta que se pierda la oportunidad de asumir una gestión del todo pública, subrogando directamente a la plantilla actual por parte de Madrid Calle 30 100% pública y gestionando de forma directa todas las labores de conservación y equipamiento de esta infraestructura. No podemos entender, que estando al alcance esa asunción de responsabilidades que es más barata y eficiente, y a demás, conserva el control de las actuaciones ordinarias y extraordinarias que se pudieran dar, se vuelva a incidir en gastos para favorecer a las empresas privadas.

La decisión del PP del señor Almeida de seguir privatizando las responsabilidades públicas, obedece a una ideología de complicidad con lo privado a costa del interés de madrileños/as que abonan sus impuestos y ven como estos se dedican a la rentabilidad privada por encima del interés común.

Por todo lo anterior, no podemos asumir como remunicipalización total la adquisición de ese 20% privado del accionariado de la empresa mixta actual. Nos complace sin duda la noticia de la compra en tanto que se acaba con el agujero económico que supone la actual situación, pero la privatización del mantenimiento significará condiciones laborales precarias, incumplimiento de derechos de los trabajadores/as, denigrar la libertad sindical y un nuevo sobrecoste por el pago del IVA, impuesto de sociedades y beneficio industrial. Todo ello evitará que la financiación del servicio esté condicionada plenamente a este.