Martinica y Guadalupe: movilizaciones contra los daños causados por la clordecona
Por Agencia Mp3*.
Los habitantes de Martinica y Guadalupe llevan décadas enfrentándose a las consecuencias del envenenamiento por clordecona. Una nueva iniciativa ha anunciado que está dispuesta a llevar adelante la lucha por la justicia
Los habitantes de Martinica y Guadalupe, dos islas caribeñas aún gobernadas por Francia, persisten en su empeño de asegurar reparaciones por los daños causados por años de envenenamiento con clordecona. Apoyado por un frente unido de abogados y representantes políticos seleccionados, a partir de mayo y junio de 2023, respectivamente, un frente popular se ha comprometido a aunar recursos y fuerzas para garantizar que se cumplan todas las responsabilidades del Estado francés.
Los impactos de la clordecona sobre la salud en Martinica y Guadalupe se reconocen desde hace décadas, pero en los últimos años han resurgido los debates sobre este asunto. En septiembre de 2018, el presidente francés, Emmanuel Macron, visitó las islas y admitió la parte de responsabilidad de Francia, calificando la contaminación por clordecona de escándalo ambiental e instando al Estado a asumir su responsabilidad. A la visita de Macron siguió la amenaza del fiscal de desestimar las denuncias penales presentadas en 2006 y 2007 por prescripción. Esto desencadenó una manifestación el 27 de febrero de 2021 en Fort-de-France, donde se reunieron unas 15.000 personas para rechazar la posibilidad del sobreseimiento.
El 24 de junio de 2022, las autoridades judiciales administrativas reconocieron la responsabilidad del Estado por el uso indebido del pesticida, lo que dio lugar a un nuevo esfuerzo popular para lograr justicia sanitaria para la población de las dos islas. Un año después, la demanda sigue siendo tan acuciante como siempre, ya que un nuevo informe de las Naciones Unidas denunció a Francia por ignorar su responsabilidad en garantizar el acceso al agua potable y segura en la región, especialmente en Guadalupe. El informe afirmaba que “el acceso limitado al agua potable y la contaminación del agua por clordecona en algunas partes de los Territorios de Ultramar, especialmente en Guadalupe, contribuyen a la emergencia de salud pública…”.
A pesar de la prohibición mundial de esta sustancia en 2011, un reportaje de enero de 2018 en las televisiones locales en el que se destacaban las modificaciones de los Límites Máximos de Residuos provocó fuertes reacciones y desencadenó intensas movilizaciones sociales
Comunidades impregnadas de clordecona
La contaminación por clordecona en Martinica y Guadalupe empezó en 1972, cuando se introdujo este insecticida organoclorado altamente tóxico para combatir el gorgojo del plátano. La industria bananera se convirtió en el principal foco de desarrollo agrícola, sustituyendo al monocultivo de caña de azúcar, a pesar de la necesidad de diversificación agrícola. Las exportaciones de plátanos a los lucrativos mercados extranjeros aportaron subvenciones principalmente a los grandes terratenientes, como las familias Békées, descendientes de colonizadores franceses, y sirvieron como herramienta política para promover la estabilidad social en medio de las demandas de independencia y autonomía. Desde entonces, los intereses económicos y estatales han primado sobre las preocupaciones por la salud pública, y sólo se ha avanzado gracias a los incesantes esfuerzos de los movimientos sociales de Martinica y Guadalupe, de científicos entregados y de algunos políticos sensibilizados.
En 1963, las primeras investigaciones en ratones y gallinas confirmaron la toxicidad y los riesgos reproductivos de la molécula de clordecona. En 1975, un accidente industrial en una planta de producción de Hopewell (Virginia, Estados Unidos) provocó una intoxicación aguda generalizada entre los empleados. Las primeras investigaciones descubrieron efectos neurotóxicos, lo que llevó al cierre de la planta en 1976 y a la prohibición total del producto en Estados Unidos. En 1979, los organismos científicos identificaron la molécula como un “disruptor endocrino”. Desde entonces, numerosas investigaciones han aportado pruebas innegables de la toxicidad del producto. La clordecona puede alcanzar el cerebro, el esperma, el hígado, y hasta el feto a través del paso transplacentario de la molécula, con diferentes impactos en cada objetivo. A pesar de que estos conocimientos circulaban ampliamente entre los expertos, las instituciones estatales francesas, presionadas por grupos de interés, siguieron permitiendo el uso del producto en Martinica y Guadalupe, incluso después de su prohibición en Francia en 1990. No fue hasta septiembre de 1993 cuando las autoridades impusieron finalmente la prohibición en la región.
A principios de la década de 2000, surgieron movilizaciones de diversas asociaciones, cargos electos y denunciantes, que obligaron al gobierno francés a abordar su deber constitucional de salvaguardar la salud pública. En respuesta, se tomaron medidas para investigar y abordar la contaminación generalizada en el Caribe francés. Un estudio realizado en 2013-2014 reveló que más del 90% de la población de la región estaba impregnada de esta sustancia. Surgieron hallazgos inquietantes, destacando la contaminación del agua y de la cadena alimentaria, la presencia duradera de la sustancia altamente tóxica en el suelo, las costas y las aguas costeras de la región.
Larga lucha por la justicia
Las investigaciones parlamentarias, incluidos los informes Edmond-Mariette y Beaugendre en 2005, el informe Procaccia y Le Déaut en 2009, y el informe Letchimy y Bénin en 2019, arrojaron luz sobre la cuestión. Los investigadores hicieron saltar las alarmas sobre los efectos perjudiciales para la salud de los disruptores endocrinos, con el informe del profesor Belpomme de 2007 y los estudios que exploran la relación entre el cáncer de próstata y la exposición a la clordecona iniciados en 2010. Varias publicaciones, como “Crónica de un envenenamiento anunciado”, de Raphael Confiant y Louis Boutrin, en 2007, y “Una ecología decolonial: Pensar la ecología desde una perspectiva caribeña” de Malcolm Ferdinand en 2019, también contribuyeron a destapar el escándalo de la clordecona.
Las denuncias judiciales presentadas en 2006 y 2007 por URC, Assaupamar y Mouvement Ecologie Urbaine (Movimiento Ecologista Urbano), así como la aparición de influyentes movimientos sociales como Lyannaj’ Pou Dépolyé Matinik (LPDM) y la Association Martiniquaise de Sauvegarde de l’Environnement et de la Santé (Asociación Martinicana para la Protección del Ambiente y la Salud, AMSES), desempeñaron un papel crucial en la caracterización y sensibilización sobre las consecuencias sanitarias y ambientales de la clordecona en la población caribeña. Estos esfuerzos pusieron de relieve la gravedad de la crisis de salud pública que nos ocupa.
A lo largo de los años, las movilizaciones y las demandas de compensación han alcanzado niveles sin precedentes. Las sucesivas medidas gubernamentales destinadas a abordar los principales problemas de salud pública, como los planes clordecono 1 (2008-2010), 2 (2011-2013), 3 (2014-2020) y el plan clordecono 4 (2021-2027) en curso, han sensibilizado considerablemente a la población de Martinica y Guadalupe. Sin embargo, la respuesta del Gobierno francés no ha estado a la altura de las demandas de muchas asociaciones y ciudadanos, que buscan una solución sostenible y ambiciosa: “clordecona cero”, es decir, ninguna exposición a este contaminante. A pesar de la prohibición mundial de esta sustancia en 2011, un reportaje de enero de 2018 en las televisiones locales en el que se destacaban las modificaciones de los Límites Máximos de Residuos provocó fuertes reacciones y desencadenó intensas movilizaciones sociales.
La gravedad del impacto en la salud causado por la clordecona solo se comprenderá plenamente en el futuro, pero sus efectos devastadores ya son evidentes. Aunque los estudios científicos han confirmado sistemáticamente el impacto sanitario de la clordecona, desde su introducción en Martinica y Guadalupe hace medio siglo, hemos sido testigos de una negación desconcertante y de falta de ambición en las políticas públicas. Las decisiones han priorizado los intereses de los cultivadores de plátanos sobre las preocupaciones de salud pública. Además, se han observado irregularidades administrativas preocupantes, como la desaparición de archivos relevantes para esta cuestión. Estos factores plantean dudas sobre el verdadero compromiso de las autoridades públicas para investigar a fondo lo que se describe correctamente como un escándalo de Estado en Martinica y Guadalupe.
* Lyannaj Pou Depolye Matinik & Association Martiniquaise. Publicado por peoplesdispatch.org
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