Masacre en Perú. La democracia en guerra contra los pueblos
Por Raúl Zibechi*. LQSomos.
“En los Andes las masacres se suceden
con el ritmo de las estaciones.
En el mundo hay cuatro; en los Andes cinco:
primavera, verano, otoño, invierno y masacre”
Manuel Scorza
El 4 de enero comenzó un paro regional en el sur de país, que había sido interrumpido en diciembre por las fiestas navideñas. Más de 60 bloqueos de carreteras (sobre todo en Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno), en demanda de elecciones en 2023 y la renuncia del Congreso, que tiene sólo el 8% de apoyo en la población.
El 9 de enero decenas de miles de comuneros aymaras entraron en la ciudad de Juliaca, la mayor del departamento Puno, en manifestación pacífica que fue reprimida desde helicópteros con gases lacrimógenos y desde tierra por policías que disparaban balas que estallan en los cuerpos, como han denunciado médicos del hospital local (¿El gobierno de Boluarte está usando “balas explosivas”?). Además, la policía disparó gases contra las enfermeras y personal sanitario que pretendía asistir a los heridos, golpearon médicos y bomberos y según algunas denuncias se robaron medicamentos.
El resultado fueron 17 muertos, sumando un total de 48 asesinados desde que sumió la ex vice de Pedro Castillo, Dina Boluarte. Casi todas las muertes sucedieron en tres horas, entre las 15 y las 18 horas según los detallados relatos del diario La República. A los muertos deben sumarse alrededor de 300 heridos, incluyendo niños y periodistas, en especial en las regiones de los pueblos quechua y aymara de Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa.
Son crímenes de la democracia peruana, de una casta política que siempre ha gobernado el país desde un Estado racista “cuya descomposición inició el fujimorismo, siguió con los demás gobiernos, partidos y empresarios corrompidos por Odebrecht, y que hoy asesinan para seguir en las repartijas del poder”, como señala un comunicado de organizaciones sociales.
Son crímenes avalados por un parlamento corrupto hasta la médula. Prueba de ello es que el pleno del Congreso blindó, el mismo día, al parlamentario Freddy Díaz que es investigado por el Ministerio Público por violación sexual de una trabajadora del Legislativo en su propio despacho (Freddy Díaz: Congreso blindó a parlamentario denunciado por violación).
Horas después, el mismo Congreso dio un voto de confianza a un gobierno que carga con más de 40 muertos en sus espaldas (https://bit.ly/3itrqR5) y cuando la Fiscalía está comenzando a investigar a la presidenta, al primer ministro y a los ministros de Interior y Defensa, por “delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones de los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho” (Fiscalía investigará a Dina Boluarte y a Alberto Otárola por genocidio).
Lo que se denomina democracia, en los Andes son Estados totalitarios donde sólo pueden gobernar los herederos de los hacendados, hoy empresarios mafiosos que dominan los medios de comunicación y las economías ilícitas. Por eso en Perú no es necesario un golpe militar, porque los medios (en particular la televisión) están absolutamente controlados, no informan de las masacres y se refieren a los manifestantes como “terroristas”.
En estas condiciones, unas nuevas elecciones no van a garantizar más que la continuidad de gobiernos autoritarios y corruptos, como viene sucediendo desde la década de 1980, situación agravada por el actual predominio de las economías mafiosas.
Si fuera cierto, como acaba de apuntar Noam Chomsky, que “un mundo mejor está a nuestro alcance” y que “Otro mundo es posible,”, debemos reflexionar qué caminos tomar para acercarnos a ese objetivo.
Los pueblos amazónicos agrupados en Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) se están movilizando contra el gobierno, como los demás pueblos del Perú. Pero también apuntan hacia la creación de gobiernos territoriales autónomos (como han hecho ya wampis y awajún), porque consideran que es la única forma de frenar este modelo de muerte que llamamos extractivismo. Un modelo que lo sostienen los Estados criminales con barniz democrático y las bandas armadas, legales e ilegales, que gobiernan los territorios de la minería, la extracción de oro, la tala de bosques y los laboratorios de cocaína.
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