Masacres

Piedad Córdoba Ruiz*. LQS. Septiembre 2020

La Colombia que se desgarra por dentro cada vez que asiste a las honras fúnebres de quienes eran futuro y terminan siendo cifras, no dimensiona que el simple y azaroso hecho de nacer en esta geografía implica al mismo tiempo una suerte de condena a muerte. Ser joven en Colombia, mujer, indígena, humilde, afrodescendiente, líder ambiental, territorial, defender los derechos humanos, ser estudiante, ser niño o niña, conlleva la posibilidad de morir de forma violenta. ¿Cómo es eso admisible?

Resulta increíble que ante estos hechos trágicos que golpean a cientos de comunidades en 16 departamentos, la respuesta del gobierno Duque sea la de, por una parte, matizar la gravedad de los hechos al tildarlos de manera timorata y mal intencionada como “homicidios colectivos” y, por otra, presumir de unas estadísticas mentirosas que comparan tendenciosamente dos años de su desgobierno con ocho del gobierno Santos. Por esa misma línea, como es evidente se mueven sus funcionarios, como el vergonzoso Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, que señala al narcotráfico como responsable de la violencia y da por solución al problema la aspersión con glifosato, como si envenenar la tierra que produce nuestra comida, fuera la solución a los graves problemas sociales y económicos del país que no es Bogotá, ni Medellín, ni Barranquilla, ni Cali, ni sus barrios estratos 5 y 6.

Para un gobierno superficial y manipulador como el del presidente Duque la solución a estos problemas estructurales puede ser construir estadios de fútbol en el sitio donde han ocurrido estas muertes inadmisibles, cuando el país vulnerable no tiene hospitales, ni escuelas, ni acueductos, y la inversión social es precaria, cuando no nula. Precisamente por ese vacío del Estado en las regiones es que han sido tomadas por grupos ilegales que ejercen sobre ellas un control voraz adueñándose de recursos, terrenos, y, cómo no, de sus habitantes a quienes someten a una violencia de todos los días.

Si bien, las regiones más azotadas por la violencia como Cauca o Nariño son corredores de tráfico de droga por vía del pacífico, también es cierto que en ellas hay minería ilegal, proyectos extractivistas, contrabando, así como presencia de bandas criminales, disidencias de las FARC, ELN y otros actores de la guerra, que sumando la ausencia del Estado da una ecuación imposible para sus habitantes, cada vez más desesperanzados, más victimizados.

Los datos recolectados por los organismos internacionales como la ONU, e incluso por nacionales como la Defensoría del Pueblo, así como por organizaciones independientes cifran las masacres en 46 en lo que va de 2020 con un saldo de 185 víctimas. Sin embargo, para el gobierno Duque la falta de inversión social, la ausencia de las instituciones estatales en las regiones, que, una vez más, posibilita la emergencia de los grupos delincuenciales que dominan el territorio, nada tienen que ver con el estado actual de estas zonas del país.

La situación es delicada y cada día que pasa la actitud displicente del ejecutivo cobra más víctimas, ciudadanos y ciudadanas a quienes el Estado da la espalda escondido en una narrativa plagada de imprecisiones, de mentiras, de recursos del discurso, como cuando con ese tonito altanero de los políticos viejos el actual presidente habla de “…hacer de la seguridad un valor democrático. Y el orden se ejerce desde con el matrimonio feliz de la seguridad y la justicia” palabras de humo que no quieren decir nada para las madres y padres, hermanos, hijas de quienes han perdido la vida por el simple hecho de ser campesinos, afrodescendientes, indígenas, mujeres, niños, o niñas. El país se desgarra ante la indiferencia, ante la pasividad, la indolencia y la apatía de la Casa de Nariño, sus instituciones y de millones de colombianos y colombianas que no sienten estas muertes como propias. Inadmisible y doloroso.

* Piedad Córdoba. Abogada y política colombiana. Dirigente del partido de izquierdas Poder Ciudadano Siglo XXI.
Colombia – LoQueSomos

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