México: alto a la violencia contra los pueblos
Por Silvia Ribeiro*
Una amplia red de comunidades indígenas y campesinas en México denuncia el alarmante incremento de la violencia en sus territorios. Durante un foro reciente, líderes de diversos pueblos originarios expusieron la alarmante situación que enfrentan, agravada por el avance de cárteles criminales y megaproyectos del gobierno que amenazan su existencia y derechos.
En México alzan la voz contra la violencia en sus territorios, impulsada por cárteles y megaproyectos, y exigen respeto a sus derechos y un alto inmediato al despojo y la criminalización.
Una amplia red de comunidades y organizaciones campesinas e indígenas de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, chuj, lacandón, zoque, mam, ikoot, ayuuk, chinanteco, bene gula, nahua, me’phaa, hñähñu, wixarika y rarámuri, junto a organizaciones, colectivos y movimientos sociales en defensa de los territorios y la vida campesina, con presencia en 18 estados de la república, señalaron en declaración conjunta que la violencia en contra de los pueblos originarios y las comunidades rurales ha crecido de manera alarmante y es la constante en el país (https://tinyurl.com/328z3db7).
En un foro de dos días se sucedieron los testimonios y la reflexión colectiva que conformaron un panorama sombrío para los pueblos y comunidades. Se trata de una red de redes, que incluye entre otras a la Red en Defensa del Maíz y que mantienen intercambio y colaboración en muchos ámbitos desde hace más de una década, tanto en la construcción y afirmación de formas de vida basadas en la comunidad y la agricultura campesina y ecológica,como en la defensa de sus territorios frente a proyectos mineros, gasoductos, megarrepresas, megagranjas eólicas, solares y porcícolas, contra agrotóxicos, transgénicos y otros proyectos contaminantes.
Se han reunido muchas veces sin arrogarse un nombre o pretender representar a otros, para compartir luchas y visiones de la situación que viven y elaborar mapas que les permiten entender los contextos más amplios y afirmar formas de colaboración y solidaridad mutua.
En su pronunciamiento este primero de agosto 2024 vuelven a compartir sus luchas contra minas, presas hidroeléctricas, plantas de energía eólica y fotovoltaica, explotación de hidrocarburos y otros proyectos extractivos que trastocan la vida de las comunidades.
Ahora en el marco de dos grandes realidades paralelas y complementarias que han significado una situación mucho más grave para las comunidades y organizaciones: el avance de los cárteles criminales y el establecimiento de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, el Corredor interoceánico del Istmo, el Proyecto Integral Morelos.
En la mayoría de nuestros territorios, los cárteles criminales se han convertido en la mayor amenaza a nuestras posibilidades de existencia y a nuestros bienes naturales. En regiones de Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas, Puebla, las organizaciones criminales se adueñan de los bienes naturales de las comunidades, destruyen los bosques y los incendian, explotan las minas, roban combustibles, acaparan el agua, obligan a la población a defenderlos y les utilizan como escudo humano frente a sus enemigos.
Denuncian los muchos pobladores forzados a desplazarse y la terrible situación para las y los que se quedan. Todo ocurre a la vista de las autoridades del estado, en lugares cercanos a los cuarteles del Ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la población no intervienen, mientras al mismo tiempo las autoridades federales y estatales culpan a los pueblos por la violencia.
Denuncian que los megaproyectos del actual gobierno se construyen sin consentimiento de los pueblos, ya que luego de ser catalogados como de seguridad nacional fueron exentos de regulaciones, impidiendo que la población ejerza sus derechos. El Tren Maya favorece la especulación inmobiliaria, el acaparamiento de tierras para turismo, las agroindustrias y la urbanización ( ) el gigaproyecto Corredor Interoceánico aglutina planes extractivos, agroindustriales, energéticos y de ensamble que amenazan la cultura y el tejido social de 13 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, a la par que coloca en grave riesgo la naturaleza de una de las regiones más biodiversas de México.
Se ha criminalizado sistemáticamente a los opositores a estos proyectos y a sus organizaciones. Han ocurrido asesinatos, como el de Samir Flores Soberanes, luchador social nahua asesinado en 2019 por oponerse al Proyecto Integral Morelos, crimen que sigue impune. Suman 102 defensores del territorio asesinados en este sexenio. Denuncian y se solidarizan con la familia de los hermanos Cortina Vázquez, asesinados en junio en protesta pacífica contra Granjas Carroll; condenan la criminalización de los opositores del movimiento en esa región y varias otras en el Istmo.
Denuncian muchas situaciones de violencia, especialmente en Chiapas, y se solidarizan con las madres y padres y sus demandas de verdad y justicia en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A pesar de este entorno de invasión y despojo de nuestros territorios los pueblos indígenas y comunidades rurales resistimos y fortalecemos nuestra identidad, concluyen, manteniendo la comunidad, las asambleas, el cuidado de las semillas, manantiales, cenotes, bosques y selvas. Exigen alto inmediato a la violencia y respeto a sus derechos y territorios.
* Periodista y activista uruguaya, directora para América Latina del Grupo ETC, con sede en México.
“La Jornada”
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