Nayib Bukele: más represión bajo la ilusión de más seguridad
Por Gerardo Villagrán del Corral*
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, amparado en el estado de excepción impuesto desde hace más de dos años, desplegó dos mil soldados y mil policías en cinco barrios de Apopa, localidad de 130 mil habitantes en el norte del país, en respuesta a denuncias sobre actividad de grupos delictivos, incluyendo la instalación de puntos de inspección policial en las entradas y salidas y en varias de sus calles.
El régimen de excepción priva a los salvadoreños de derechos constitucionales básicos
En marzo de 2022 Bukele declaró una guerra contra los grupos delictivos –bandas de “maras”- que aterrorizaban a la población, controlaban importantes porciones del territorio y extorsionaban a un gran porcentaje de la ciudadanía, cuando los homicidios habían alcanzado la cifra de más de 100 por cada 100 mil habitantes. En las primeras horas del nuevo despliegue represivo, se logró la detención de cuatro presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18.
Hace dos años comenzó una masiva y una ola de detenciones sin orden judicial que lograron disminuir de manera radical los asesinatos y otros delitos en el país, dejando a las prisiones salvadoreñas rebosantes, con la plusmarca mundial de 605 presos por cada 100 mil habitantes.
La clave del relativo éxito de Bukele en debilitar las estructuras de las pandillas descansa en tres pilares fundamentales: el uso de medidas legales extremas; una interpretación más laxa de lo que significa pertenecer a una pandilla; y la concentración del poder político en torno a su administración.
Los muy promocionados resultados de la lucha contra la delincuencia soslayan el hecho de que las causas sociales profundas de la criminalidad –la pobreza, el desempleo, las carencias de salud y educación, la desigualdad, entre otras– permanecen intactas y no parece que al gobierno de Bukele le interese combatirlas.
Lo que preocupa a los analistas de la situación salvadoreña es que la represión tarde o temprano desembocará en la formación de más infractores y en una nueva crisis de padecieron la más extrema brutalidad policial, muchos sin haber cometido delito alguno.
¿Ilusión o seguridad?
La ofensiva comenzó con la promulgación del régimen de excepción, usada cuando terremotos y pandemias, pero nunca para hacer frente a las pandillas, que a fines de 2022 perpetraron masacres que causaron 87 muertes. Fue cuando los legisladores afines a Bukele aprobaron la petición de decretar el estado de excepción durante un mes, renovada en noviembre de 2023 por 20 meses consecutivos. Se espera que se renueve en diciembre.
La represión de Bukele golpea a las pandillas a costa de los derechos humanos en El Salvador, en la medida en que están permitidas las detenciones sin autorización de un juez y únicamente con base en la apariencia de los individuos. Sin duda, en las atiborradas cárceles hay un alto número de inocentes, como han denunciado organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.
El régimen de excepción priva a los salvadoreños de derechos constitucionales básicos, como el derecho a la defensa legal y la libertad de movimiento, al tiempo que flexibilizan las normas sobre detenciones y permiten al Estado interceptar las comunicaciones de los civiles.
Estos poderes de emergencia han permitido a las fuerzas de seguridad llevar a cabo una guerra relámpago sin orden de captura o basados en denuncias anónimas y, por extensión, a un ritmo mucho más rápido y con mucha menos discreción que en anteriores operaciones. Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 33.000 personas en los dos primeros meses del régimen de excepción, según datos de inteligencia policial.
Caer en manos de la policía salvadoreña por sospecha de pertenecer a una pandilla significa pasar un periodo indefinido sin derecho a juicio, en situación de aislamiento y sin que abogados o familiares puedan saber siquiera en qué cárcel se encuentra la persona en cuestión.
Historias de tortura, tratos inhumanos y degradantes, privación de alimentos, palizas y ejecuciones extrajudiciales han trascendido los muros de las prisiones y han motivado múltiples denuncias contra el régimen. En suma, la pacificación y la seguridad pública logradas por Bukele se basan en una masiva violación de los derechos humanos, señala un editorial del diario mexicano La Jornada.
Ante la caída de los índices delictivos, la popularidad de Bukele se vio impulsada y en los comicios generales de febrero pasado logró reelegirse con más de 84 por ciento de los votos, y su partido, Nuevas Ideas, se aseguró el control de la Asamblea Legislativa con 54 de los 60 escaños. La sociedad, exasperada por la inseguridad y la violencia delictiva que imperaban hasta 2022, se arrojó en brazos del punitivismo y el populismo penal del gobernante salvadoreño.
Cabe preguntarse si la reactivación de la actividad delictiva en Apopa no es ya un síntoma temprano de la superficialidad y la barbarie con que se ha abordado el desmantelamiento de las pandillas y si la seguridad y la paz construidas por la barbarie de Estado que ha venido aplicando Bukele no va a revelarse como una ilusión, pregunta el diario mexicano.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al CLAE.
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