Nicaragua. Comisión de la Verdad, Justicia y Paz presentó informe sobre crisis
Giorgio Trucchi*. LQS. Febrero 2019
Desde un inicio, la participación de la conferencia episcopal estuvo marcada por el manejo ambiguo de dos conceptos y realidades: iglesia católica – obispos de la iglesia y por la falta de definición rigurosa de dos conceptos determinantes: mesa de diálogo nacional y la función de mediación
Nuevos datos sobre fallecidos, incidencia de las redes sociales y rol de la iglesia católica
El último informe -el tercero- presentado recientemente por la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, CVJP, instancia creada por el parlamento nicaragüense con el objetivo de “conocer, analizar y esclarecer los hechos violentos y las muertes ocurridas en Nicaragua a partir del 18 de abril del 2018”, presenta nuevos elementos de suma importancia, entre otros, una actualización de cifras de personas fallecidas, la incidencia de las redes sociales en la crisis, su impacto psicosocial y el rol de la iglesia católica.
De acuerdo al documento, “tras un proceso riguroso de investigación, análisis y verificación” se determinó que el número de personas fallecidas asciende a 253, en su mayoría hombres (243) y menores de 35 años (175).
Del total de muertes, 220 se encuentran directamente relacionadas al conflicto, 27 en fuego cruzado y 6 de forma indirecta.
Al menos 9 nombres retomados de listas publicadas por organismos de derechos humanos, incluso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, no existen. También hay una diferencia de 14 fallecidos entre las dos listas (CVJP y GIEI/OEA).
Otro dato importante, que desmonta en parte de la teoria de la “masacre de opositores pacíficos y desarmados” planteada por grupos de oposición, organizaciones internacionales de derechos humanos y retomada por la OEA y la OACNUDH, es que del total de fallecidos, 31 pertenecen a “grupos autoconvocados”, 48 tienen supuesta afiliación sandinista, 22 son policías y para los restantes 152 no hay información cierta (pag. 6).
Los tranques de la muerte
140 personas fallecieron a consecuencia de los tranques (barricadas) -centenares en todo el país- levantados por los grupos de oposición, 31 en protestas por la reforma de la Seguridad Social, 27 en fuego cruzado, 13 fueron asesinados (causas ajenas a la protesta) y 11 resguardando bienes públicos y privados.
El 56% de las muertes (141) ocurrió entre mayo y junio de 2018, al anunciarse la instalación de la Mesa de Diálogo y al multiplcarse los tranques “como forma de coacción contra el gobierno”.
La inmensa mayoría de fallecidos eran obreros (60), trabajadores por cuenta propia (57) y desempleados (40). También fallecieron 7 estudiantes de secundaria y 8 estudiantes universitarios.
Ese último dato -8 estudiantes fallecidos- contradice la postura de los medios ‘mainstream’ y los ‘medios independientes’ de la oposición, que durante meses han posicionado nacional e internacionalmente la ‘noticia’ de que en Nicaragua hubo un gigantesco levantamiento estudiantil “pacífico, autoconvocado y desarmado”, que luego fue reprimido con violencia por las fuerzas policiales y paramilitares, provocando una “masacre de estudiantes”.
Detenidos judicializados
Contrariamente a los datos que manejan organismos y medios de la oposición, en diciembre pasado la CVJP detectó la presencia en las principales cárceles del país de 438 privados de libertad en el contexto de los hechos violentos del 2018. Nuevas visitas realizadas en enero del nuevo año confirmaron que 76 personas ya fueron declaradas no culpables, quedando un total de 362 privados de libertad (pag. 15).
El informe también brinda detalles sobre acceso a comunicación y relación con familiares, atención médica y otros servicios brindados, como actividades culturales y deportivas.
“Entre las y los privados de libertad, ninguno presentaba evidencia de lesiones corporales, y ninguno expresó haber sido objeto de torturas, tratos crueles o inhumanos”, se lee en el documento.
También en ese caso, el informe contradice la información brindada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como las cifras que circulan por la red acerca de casi mil o más detenidos, en su mayoría considerados por la oposición como ‘presos políticos’.
Tampoco se detecta la existencia de desaparecidos, otro de los temas con que los activistas opositores llenan las redes sociales.
Secuestros, torturas y vejámenes
La Comisión, con la cual recordamos ninguna de las organizaciones de derechos humanos internacionales que han visitado y han organizado misiones en el país quiso reunirse para cotejar datos y cifras, dijo estar sumamente preocupada por las múltiples denuncias de ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de secuestros, torturas, vejámenes, tratos inhumanos en el marco de la crisis socio-política.
El documento contiene un amplio análisis de estos eventos (pag. 17), así como testimonios de afectados y sobrevivientes, el impacto de los tranques donde ocurrió la mayor parte de muertes y que fueron utilizados para “actividades ilícitas y el uso excesivo de violencia como herir, abusar, robar, humillar, ultrajar, dominar, torturar, destruir o causar la muerte” (pag. 21).
Daños a la propiedad, redes sociales e impactos psicosociales
El 55% de municipios (84 de 153) sufrió daños severos a las infraestructuras públicas (pag. 31) por un monto total de casi 28 millones de dólares. Los municipios más afectados por grupos delincuenciales fueron Masaya (27% del total de daños), Managua (19%) y Matagalpa (17%).
En cuanto a las redes sociales (pag. 40), si bien solamente un 10% de las y los nicaragüenses posee una computadora, más del 80% tiene acceso a internet, en su mayoría a través de dispositivos moviles. Las aplicaciones más usadas son Whatsapp (88%), Facebook (86.4%), Instagram (68%), Youtube (63%) y Twitter (55%).
“El comportamiento de las redes sociales durante las protestas de abril de 2018 fue determinante para viralizar, a través de aplicaciones como Facebook y Twitter, contenido creado con premeditación y alevosía, cuyo objetivo perseguía conectar con los sentimientos y emociones de la gente que generaran conducta enardecida y violenta en contra, no solo del gobierno, sino de simpatizantes del partido de gobierno, y hasta se condenó de manera insistente a quienes sostenían posiciones neutrales”, escibe la CVJP.
“Las noticias falsas y su rápida viralización a través de las redes sociales asestaron un golpe certero que animó la protesta (…) Se abrió un espacio ideal a la noticia falsa de un joven estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA) asesinado (…) La consecuencia fue la generación de sentimientos negativos extremos”, continúa el informe.
A ese proposito, el estudio de la Comisión advierte sobre la existencia en Nicaragua de organizaciones que se han dedicado a “formar y capacitar durante años a centenares de actores de diferentes sectores para el manejo de las redes sociales y la promoción de campañas, las cuales estuvieron dirigidas particularmente contra el partido de gobierno, su liderazgo y simpatizantes, así como en contra del quehacer gubernamental y sus autoridades”.
También se analizan los impactos psicosociales de la crisis en la población (pag.47) y el rol de la iglesia católica (pag. 54).
“Desde un inicio, la participación de la conferencia episcopal estuvo marcada por el manejo ambiguo de dos conceptos y realidades: iglesia católica – obispos de la iglesia y por la falta de definición rigurosa de dos conceptos determinantes: mesa de diálogo nacional y la función de mediación”.
En este sentido se analiza la falta de condiciones mínimas (serias limitaciones, ambigüedades y confusiones) para que la mesa de diálogo nacional, donde los obispos eran ‘mediadores y testigos’, pudiese garantizar algún tipo de resultado (pag. 57).
“A lo largo de todo el proceso, ciertos obispos sostuvieron que podían asumir al mismo tiempo dos funciones, la de mediadores y la de defensores y promotores del sector opositor al gobierno (…) Este error tuvo graves consecuencias. El lenguaje de algunos obispos radicalizó los ánimos (…) y hasta provocó fuertes contradicciones en la comunidad católica”, se lee en el informe.
Para la CVJP, existe un consenso nacional y universal de que la crisis en Nicaragua tiene que resolverse por medio del diálogo.
“Acabamos de vivir una experiencia fracasada de intento de capitulación. La única conclusión es que todos los actores tenemos que revisar nuestros comportamientos, para discernir mejores estrategias que permitan superar la crisis e impedir daños inmensos e irreparabes para las y los nicaragüenses.” concluye el informe.
– Leer y descargar (PDF) el Tercer Informe de la CVJP
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