Nicaragua. Nueva ley contra la violencia a las mujeres
El acompañamiento para la denuncia, defensa y recuperación de las mujeres víctimas de violencia en Nicaragua ha recaído por décadas en las organizaciones de mujeres, las que han cabildeado por leyes, impulsado cambios culturales y empujado la creación de las Comisarías de la Mujer.
La aprobación el 26 de enero de 2012 de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres y de Reformas al Código Penal, devuelve esta responsabilidad al Estado.
La nueva norma recupera avances que las nicaragüenses habían perdido con la aprobación del nuevo Código Penal de 2007, como el establecimiento de medidas cautelares a las víctimas desde el momento de la denuncia y el reconocimiento de la violencia sicológica.
Entre las novedades, está la tipificación de nuevos tipos penales, entre ellos el feminicidio, violencia en el ejercicio de la función pública, violencia patrimonial, sustracción de hijos e hijas y el acoso sexual.
Aunque respecto a otros países de Centroamérica la cifra de muertes violentas de mujeres es menor en Nicaragua, las organizaciones feministas han denunciado un crecimiento sostenido de crímenes y agresiones, especialmente a partir de 2003.
Las estadísticas reportan un total de 89 mujeres asesinadas, incluyendo nueve niñas en edades de dos a 10 años. En lo que va de 2011, se observa una curva creciente en relación con 2010, lo cual obligó a la necesidad imperiosa de aprobar la presente iniciativa.
Pero no solo este escalonamiento, sino la impunidad frente a los agresores, afligen a las mujeres. Según denuncia del Colectivo de Mujeres ITZA, el 31 de marzo, tras dos años de sufrir cuadriplejia, falleció en un hospital de la capital la menor de 16 años Yaritza del Carmen. En 2000, un vecino que la acosaba le disparó con intento de asesinato, cuando ella resistió una agresión sexual.
El sujeto, de nombre Francisco Javier Falcó Melgara, soltero, agricultor de 30 años, estuvo muy poco tiempo detenido, pues la Fiscalía tipificó el delito como "lesiones imprudentes gravísimas y tenencia ilegal de armas. La pena original de tres años de cárcel fue reducida a seis meses por "buen comportamiento".
La nueva ley contempla responsabilidad penal para los funcionarios y las funcionarias públicas, cuya displicencia o complicidad perjudican la aplicación de la legislación.
A los casos de impunidad se suman algunos deportistas y funcionarios del gobierno, por lo que las dirigentes feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, como Bertha Sánchez, respaldaron la demanda de que con esta nueva norma, verdaderamente, "la justicia no sea permeada ni por el dinero, ni por el partido, ni por el poder, porque aquí es donde se pierde cualquier ley y cualquier capacitación de género", dijo a SEMlac la joven líder.
María Teresa Blandón, directora del programa feminista La Corriente e integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, expresó su satisfacción por la aprobación de la normativa y destacó la desaparición del trámite de mediación que, según sus declaraciones, "estaba obligando a las víctimas de violencia a negociar con sus agresores y estos a incumplir con el recurso de mediación".
Blandón criticó el rechazo a la formación de un Consejo Nacional de lucha contra la Violencia, propuesto por la Red de Mujeres Contra la Violencia, un mecanismo que incluye a la sociedad civil y existe en otros países de América Latina para darle "vida" a la ley e implementar políticas consensuadas.
La iniciativa de una Ley autónoma contra la violencia la presentó, inicialmente, el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC), mientras que la Corte Suprema de Justicia introdujo posteriormente su propia iniciativa. Después de meses de discusión, la norma definitiva fue aprobada unánimemente por 84 de los y las 91 diputadas de los diferentes partidos, con "ningún voto en contra".
Pero no será hasta el 22 de junio que se inicie su aplicación, pues se dejan 120 días desde su publicación en el diario oficial, La Gaceta, para darla a conocer y realizar los ajustes necesarios en las instituciones involucradas.
Las reacciones contrarias no se han hecho esperar: líderes de opinión como Valentín Barahona Mejía considera que el texto legal contiene penas muy altas para los agresores. Según Barahona, la racionalidad que hay tras los 30 años que se aplicarán a los culpables de feminicidio corresponde a criterios medievales, que consideraban que penas de este tipo impedirían la comisión de delitos, cuando la modernidad probó que no es así.
Otros abogados, hombres y mujeres, califican de inconstitucional la ley, al señalar que viola los principios de oportunidad y de igualdad, y están empezando a recoger firmas para respaldar una moción de inconstitucionalidad.
En declaraciones a SEMlac, la doctora Marta Sandino Raudez, exprofesora, abogada y líder del MEC, rechaza estos señalamientos, alegando que "la ley surge porque el Estado nicaragüense no estaba cumpliendo con el principio de igualdad jurídica, habiendo por el contrario en las denuncias, procesos de revictimización".
La jurista también señaló que con esta norma "se incluye en la legislación interna un marco jurídico para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, de manera que las medidas administrativas y judiciales sean apropiadas y eficaces para las mujeres que hayan sido sometidas a violencia. Con ello se estaría cumpliendo con el objetivo que persigue la Ley: disuadir a las personas que pudiesen cometer los delitos tipificados".
La procuradora de los derechos de la mujer, Deborah Grandison, declaró al respecto que, antes de esta aprobación, "los instrumentos puestos por el Estado de Nicaragua no eran suficientes. Eso hacía la urgencia de una ley integral que protegiera a la mujer. En la actualidad, hay muchos jueces y fiscales concienciados en el tema de género, pero aún falta que otros se apropien de estos elementos".
"La ley no puede aplicarse desde una percepción moralista, patriarcal y machista, sino desde una perspectiva de igualdad real en la aplicación de la justicia", comentó a los medios de comunicación.
La Corte Suprema de Justicia, la otra promotora de la iniciativa, informó a la prensa nacional que para la primera fase de la implementación se requiere un presupuesto de un millón de dólares, los que serían empleados para fortalecer las Comisarías de la Mujer y el Ministerio Público. Asimismo, esta institución estaría nombrando a 18 jueces o juezas, y a una magistrada en todas las circunscripciones.
Si bien el contenido de la Ley es integral, elimina la práctica de mediación y establece la obligación civil de avisar de casos de violencia, algunas feministas acogieron con reserva su promulgación. Varias de ellas señalan que se trata de letra muerta mientras no se firme el protocolo facultativo de la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), mientras que otras esperan la asignación de fondos para la apertura de los tribunales especializados que demanda la ley.
Al respecto, Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres, declaró que aunque no existen todas las condiciones, es saludable el ajuste del sistema, y sugirió se dedique más tiempo de preparación a los operadores de justicia y que haya mayor divulgación del contenido de la ley.
No obstante, dijo que su implementación y vigencia no pueden esperar, pues más mujeres siguen muriendo por la violencia en sus hogares "Más que conciencia de los jueces, lo que debe aplicarse es la responsabilidad. En Nicaragua siempre han existido leyes pero estas se aplican al arbitrio de la autoridad", comentó Solís.
* SEMLAC
