Nota de prensa. Asociaciones, Colectivos de Victimas por el Robo de Niños

Federación Coordinadora X 24*. LQSomos. Septiembre 2014

Las Víctimas por Delitos Permanentes, identificados como Robo de Niños, están profundamente indignadas, entre otros motivos, por lo siguiente:

1º.- La invisibilidad intencionada de la mayoría de los medios de comunicación con el fondo de este gravísimo problema de Estado, una vez que creyeron agotado el filón emocional del sensacionalismo primario.

2º- La contumacia en la ilegalidad de la que parecen hacer gala los poderes del Estado, unida a una parálisis que ya está siendo crónica con este Gobierno que incluso afecta a partidos políticos incapaces de plantear en su dimensión real planes para el reconocimiento de la Verdad de esos hechos. Entendemos que este problema es sin duda el de mayor complejidad de los que están incluidos en las dos Recomendaciones de los organismos de NN. UU., remitidas a España como exigencia a finales del pasado mes de julio con un plazo perentorio de noventa días para poner en marcha un plan razonable para su resolución. En el conjunto de las víctimas de la dictadura militar y sus secuelas los casos de Robo de Niños y Alteración Dolosa de la Identidad representan la mayor complejidad. Por ejemplo, el inmenso problema humano de las fosas de asesinados en un genocidio panificado, falta la voluntad política y una dotación perfectamente asumible, ya que el mapa de fosas es conocido, existen testimonios vivos y los asesinos hace muchos años que siguieron la ruta natural de la muerte no violenta, eso sí, rodeados del respeto de sus cómplices. Pero en los casos que nos afectan, además de constituir tipificación clara de personas desaparecidas y Delitos Permanentes de lesa humanidad, pesa la relevancia social de algunos de los criminales implicados y sus redes clientelares, además del riesgo añadido de que muchos de ellos y sus cómplices, encubridores y beneficiarios siguen vivos y con mucho poder. En su afán de perpetuar la impunidad este Gobierno quiere olvidarse que precisamente estos casos tienen la relevancia de Delitos Internacionales por afectar a tráfico de seres humanos fuera de nuestras fronteras.

3º.- A mitad de los noventa días del emplazamiento expreso no se ha producido ningún intento de coordinar con los únicos interlocutores naturales para atacar este problema, y que lógicamente son las Víctimas, las familias y sus representantes legitimados. Lo conocido apunta a que volveremos a asistir impotentes a la repetición de otra vergonzosa simulación, en este caso no “en diferido” sino con voluntad de mantener la estrategia de inacción, tantas veces denunciada por nuestras asociaciones, y paradójicamente corroborada por la Defensora del Pueblo en respuesta a nuestras quejas. Serán nuevamente excusas inadmisibles y, como mucho, presentar un falso plan de actuación que no tendrá ninguna aplicación, que en absoluto resolverá los problemas y que será otro capítulo más de la desvergüenza internacional de España.

4º.- De las manifestaciones literales del Relator Especial de NN. UU., Pablo de Greiff, se desprende un indicio claro de la falta de voluntad política, judicial y legislativa, para intentar siquiera aceptar las exigencias de NN. UU. y resolver este inmenso problema social del Estado. Dice literalmente un apartado de ese Informe: “Varios representantes del Go¬bierno, en las reuniones que mantuvieron, enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Como siempre esgrimiendo el trasnochado peligro guerracivilista. Esto apunta con toda claridad a que, con las ya conocidas argucias empleadas frente a otras demandas anteriores de aclaración y reparación de estos organismos internacionales, el Ejecutivo español se volverá a pasar estos contundentes Informes por el forro.

Las Asociaciones de Víctimas por el Robo de Niños en España, que ya han aportado documentados testimonios y datos contrastados, no sólo en sedes judiciales sino acreditando sus experiencias en el libro “Nos encargamos de todo. Robo y tráfico de niños en España” (editorial Clave Intelectual), no pueden silenciar un comportamiento estatal que, aunque esperado, no deja de ser una vergüenza internacional. Apelamos a la ética cívica de nuestro pueblo para que demande con toda contundencia que el Estado cumpla con unos mínimos criterios de legalidad ante los organismos a los que pertenece por decisión ratificada mediante instrumentos de Derecho Internacional. Desde este momento avisamos que no depondremos nuestra legítima actitud de exigencia en todos los foros internacionales hasta que España cumpla con sus obligaciones. No le servirá la argucia de malos leguleyos (además de rozar la prevaricación) tras haber invalidado una parte sustancial de la Justicia Universal, ya que sigue operando, fuera de su ámbito de manipulación, el Principio de Concurrencia de Jurisdicciones que hace valer su eficacia erga omnes, es decir frente a todos, en aquellos procesos a los que se intenta entorpecer la acción de la Justicia, mediante la estrategia de que, es el país que tiene abierto un procedimiento de esta naturaleza el que puede impedir que se abra en paralelo en otros. En casos como los nuestros, cuya transcendencia trasversal e internacional se reconoció expresamente en el Parlamento Europeo al que acudimos en su momento y en cuyo ámbito nuestros expedientes siguen su proceso, será muy difícil que prosperaran las excusas tramposas a las que acostumbra el Gobierno de España.