Nueva crónica de una institucionalidad agotada: Perú
Por Paula Giménez y Matías Caciabue*
A un año de la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, la ciudadanía peruana definitivamente tomó conciencia del confuso y sofisticado “golpe de mano” que encumbró a Dina Boluarte con el apoyo decidido de la elite económica limeña, la banca transnacional y las corporaciones mineras multinacionales, que contaron con el decidido apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, del Poder Judicial, y de un Congreso capturado por la corrupción y la derecha
Todos estos sectores, a los que podría caracterizarse como un “bloque autoritario” de fuerzas, han silenciado con censura, represión y muerte la persistente y fuerte protesta popular, particularmente en las barriadas de Lima y en los departamentos (provincias) andinas. La inmensa mayoría de la sociedad peruana exige acabar con el viciado sistema político, diseñado por el fujimorismo luego del autogolpe de 1992 y la cuestionada Constitución de 1993.
La misma sólo ha funcionado como un cerrojo para que el país esté estratégicamente controlado por las elites limeñas y globales, sostenedores de un férreo y violento Estado neoliberal, con una democracia raquítica, que ya ni siquiera funciona como mecanismo de selección de grupos políticos dirigentes. Desde la salida del cuestionadísimo Ollanta Humala en julio de 2016, se sucedieron seis presidentes, ninguno de los cuales superó los dos años y medio de mandato, y sólo dos fueron elegidos por las urnas.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, contabiliza desde la destitución de Pedro Castillo a 61 fallecidos, 49 de ellos, civiles. “¿Cuántas muertes más quieren?”, preguntó Dina Boluarte en declaraciones previas a la tercera “Toma de Lima”, realizada el pasado 19 de julio, en la que organizaciones de todo el país se movilizaron hacia la capital para reclamar la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y el llamado a elecciones. Otra de las demandas populares está en reclamar una Asamblea Constituyente, tal y como lo proponía Pedro Castillo, en su plataforma de gobierno. De cara a esa movilización, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas gastó 8,5 millones de dólares, tanto en municiones como en equipamiento de uso militar, sólo para “apoyar” a la Policía Nacional del Perú.
Hasta octubre de este año, la Defensoría del Pueblo registraba 4.282 acciones colectivas de protesta, ocurriendo 1.261 de estas en el primer mes del año, luego del golpe del 7 de diciembre a Pedro Castillo. En octubre pasado, de las 410 protestas ocurridas, el 14,1% se desarrollaron como marchas y 62,2% como plantones. La Defensoría ha detallado que los lugares que registraron mayor número de protestas, solo en el mes de octubre, fueron Lima Metropolitana (51), Arequipa (46), Puno (39), Piura (35), Áncash (25).
De acuerdo al Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la presidenta designada del país, Dina Boluarte, obtuvo en noviembre de 2023 la mayor desaprobación en su gestión gubernamental. Según reflejó su informe, “sólo el 8 por ciento de los encuestados aprueba la gestión de la presidenta”. La población encuestada desaprobó, además, la labor del Congreso. Cerca de 91 por ciento de la muestra manifestó rechazo o desaprobación al desempeño del Poder Legislativo.
El Fujimorismo
Perú ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina en los últimos 20 años. Según el Financial Times, su PIB se ha más que cuadruplicado desde el año 2000, impulsado por la demanda china de su cobre. A pesar del crecimiento económico, la República de Perú vive una desigualdad persistente y, según el reconocido diario británico y globalista, esto se debe al deficitario rol del Estado en la economía. Alberto Fujimori, que dejó una marca indeleble de violencia, corrupción y autoritarismo en la sociedad peruana, goza desde el pasado 5 de diciembre de un indulto firmado por un Tribunal Constitucional con el beneplácito de Boluarte.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió el 5 de diciembre un fallo en favor del irregular indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017. Dicho indulto permitió, en esos días, la primera excarcelación de Fujimori, quien debió regresar a prisión en 2018, luego de que un juzgado de la Corte Suprema anulara dicha gracia presidencial por considerarla no ajustada a ley.
Fujimori huyó a Japón en el año 2000 después de revelarse múltiples casos de corrupción y violación de derechos humanos. Desde el año 2007 su suerte quedó en manos de las por entonces autoridades judiciales peruanas, y fue condenado por corrupción, así como por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta por los que recibió 25 años de prisión.
Con esta decisión, la República de Perú está rompiendo con el sistema internacional de justicia, dado que el fallo concedido en favor del expresidente estableció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es competente para ordenar que no se ejecute una sentencia de un tribunal nacional, a pesar de que existe una medida de supervisión, que siempre es de caracter vinculante para los Estados americanos.
Los magistrados Francisco Morales (presidente), Luz Pacheco (vicepresidenta) y Gustavo Gutiérrez suscribieron la resolución que establece la excarcelación de Fujimori, mientras que Helder Domínguez emitió un voto en contra. La polémica se profundizó porque los dos magistrados restantes en el TC, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich, denunciaron que no fueron notificados de que el organismo que integran iba a analizar la situación de Fujimori.
Para agregarle un condimento a esta enorme farsa judicial, mientras Pedro Castillo cumple un año de una detención, a todas luces, inconstitucional, Fujimori saldrá en libertad sin haber pagado aún los aproximadamente 57 millones de Soles (15,4 millones de dólares) que debe por concepto de reparación civil, según el estimado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Este monto incluye los intereses generados por no haber pagado la reparación impuesta por el Poder Judicial en favor del Estado por diversos hechos.
La movilización popular
A un año del golpe de Estado contra Pedro Castillo, se desarrolló una nueva jornada de protestas que se extenderá durante todo el fin de semana. Gremios, organizaciones sociales y movimientos políticos impulsaron marchas para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la liberación de Fujimori, y la convocatoria a nuevas elecciones generales, a la que se suma la destitución de la Fiscal de Nación, Patricia Benavides, una figura controvertida pero evidentemente molesta para el poder político y económico limeño.
La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) convocó a diversos gremios y agrupaciones sociales de todas las regiones a una marcha con un título que recuerda a nuestro país: “Que se vayan todos”. En Lima, la manifestación empezó a las 16hs desde la Plaza Dos de Mayo. Entre las organizaciones que participan de la protesta se encuentran la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la ONG feminista Manuela Ramos, Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), el Colectivo “No a Keiko”, y la Central Unitaria Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC).
La represión llegó antes. En la tarde del miércoles 6, a un día de las anunciadas protestas, la Policía Nacional (PNP) informó que en una casona del centro limeño donde se incautaron morteros elaborados con madera y plástico, escudos de madera y de metal, máscaras antigases, megáfonos, y 150 remeras con mensajes sobre la movilización. Para espectacularizar dicho allanamiento, a la misma asistió Víctor Torres, el ministro del Interior de Boluarte, donde declaró que “toda persona tiene el derecho de manifestarse de manera pública, pero no puede permitir actos de violencia contra la propiedad pública y privada”.
En el Departamento de Puno, al sur del país, organizaciones de las trece provincias (municipios) del mismo anunciaron un paro de 72 horas con bloqueos de vías y carreteras en contra del gobierno de Dina Boluarte. En el Departamento de Ayacucho, el Frente de Defensa del Pueblo agregó, a las movilizaciones y cortes del 7 al 9 de diciembre en contra del gobierno, anunció un paro regional de 24 horas para el próximo 15 de diciembre. En esta fecha, se conmemora la muerte de 10 manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivi.
En Cusco, el comité ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTC-CGTP) también marchó contra el gobierno este 7 de diciembre, mientras que en Arequipa 50 mercados cerrarán sus puertas por movilización de sus comerciantes. Con ello, más de 7.000 comerciantes del Frente de Defensa de la plataforma comercial “Andrés Avelino Cáceres” de Arequipa participaron de las marchas contra el gobierno.
Además de las protestas señaladas en esos Departamentos, también se registraron manifestaciones masivas en Junín, Huánuco, Apurímac, Ica, Cajamarca, La Libertad, Piura, Lambayeque, San Martín, Áncash, Tumbes, y Callao.
Así, a un año de la destitución y encarcelamiento al Presidente Pedro Castillo, una creciente porción de la sociedad peruana se moviliza contra un sistema político atrapado en su propio laberinto de violencia y corrupción.
* Matías Cacciabue es licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF en Argentina.
* Paula Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos.
Ambos son Investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Perú – LoQueSomos
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