Paraguay 2018: elecciones, corrupción, robo de tierras
Redacción*. LQS. Abril 2018
La rosca mafiosa de los allegados del stronismo para hacerse con esas fincas públicas se realizó adjudicándose las mismas sin ser beneficiarios del estatuto agrario. Entre la lista de jerarcas del régimen que se atribuyeron arbitrariamente tierras sin ser beneficiarios de la legislación del estatuto agrario se encuentra MARIO ABDO BENITEZ, quien se apropió de dos fincas en los años 1973 y 1983
Lo que el candidato del Partido Colorado quiere ocultar. Elecciones general Paraguay 2018
Reproducimos este informe que nos hace llegar la iniciativa Paraguay Resiste en Madrid*. Sobre la apropiación ilegítima de tierras del estado por parte de la familia Abdo Benítez. De cómo lejos de luchar contra la corrupción la familia se benefició de tierras malhabidas expoliadas al conjunto de los paraguayos. Un informe que tiene por objeto revelar la incongruencia existente en el discurso electoral del actual candidato presidencial del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez. Las elecciones generales de Paraguay de 2018 están previstas para el 22 de abril.
1. INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene por objeto revelar la incongruencia existente en el discurso electoral del actual candidato presidencial del Partido Colorado, MARIO ABDO BENITEZ. El candidato afirma recurrentemente que su objetivo principal es la lucha contra la corrupción y la salvaguarda de los bienes públicos. Sin embargo, ese discurso es manifiestamente incongruente con el hecho de que su familia se haya lucrado de tierras apropiadas ilegítimamente del Estado paraguayo, formando parte de un esquema de corrupción que ha empobrecido a Paraguay.
El padre de MARIO ABDO BENITEZ se desempeñó durante la dictadura como Secretario Privado de Stroessner. Fue persona de absoluta confianza del dictador, conformando el núcleo duro más cercano a Stroessner. Desde su posición como servidor público se hizo valer de su cargo para esquilmar al Estado suculentas tierras que pertenecían al pueblo paraguayo. Por lo tanto, lejos de servir al pueblo paraguayo el padre del actual candidato participó activamente en la maquinaría de corrupción que más daño a hecho a la historia reciente de Paraguay, la del saqueo de las tierras de todos los paraguayos, las conocidas como “tierras malhabidas”.
La apropiación de recursos del Estado en la época dictatorial generó una élite económica que llega hasta la actualidad. MARIO ABDO BENÍTEZ, a través de la apropiación de preciadas tierras de todos los paraguayos, estableció una estirpe familiar privilegiada. Sus hijos siguen beneficiándose de esos privilegios, estudiando en caras universidad extranjeras, y manteniendo un nivel de vida alejado de la realidad del ciudadano medio, todo ello fruto del latrocinio a bienes que son de todos los paraguayos.
De esta forma, como se verá en el presente informe, carece de sentido que el actual candidato haga pivotar su programa electoral en torno a la lucha contra la corrupción. Y ello porque precisamente su familia ostenta una posición acomodada y privilegiada respecto al resto de ciudadanos, como consecuencia de la corrupción generalizada de su padre, quien se apropió de tierras públicas que han generado los beneficios familiares de los cuales disfrutan los Abdo Benitez.
Por lo tanto, la conclusión del presente informe es que si MARIO ABDO BENÍTEZ hijo efectivamente tiene una clara voluntad de luchar contra la corrupción y de salvaguardar el patrimonio público, debería proceder a la devolución de las tierras esquilmadas al Estado paraguayo, junto a los beneficios obtenidos por ellas ilegítimamente.
2. LAS TIERRAS MALHABIDAS
Paraguay presenta una de los índices de pobreza más dramáticos de la región. En concreto, se estima que el 40% de la población infantil vive bajo el umbral de la pobreza, afectando al 28,86% de la población en términos generales (1) . Como determinan todos los análisis la pobreza en Paraguay está marcada por la exacerbada desigualdad en la distribución de la riqueza que presenta el país, según el índice Gini Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo (2). La desigualdad social existente es principalmente producto de una radical inequidad en la distribución del principal elemento de producción de un país agroganadero, la tierra. Recientes estudios indican que un 2,5% de personas concentran el 85% de las tierras (3). Por lo tanto, es la desigual distribución de la tierra en el país el principalmente elemento responsable de la estructural pobreza que vive el país.
Si se analiza el momento histórico en el que detonó esa alarmante concentración de las tierras en tan pocas manos, creando una estructura de pobreza generalizada, tenemos ineludiblemente que acudir a las conocidas como “tierras malhabidas”. Durante el régimen dictatorial del General Alfredo Stroessner (1954-1989), además de gravísimos crímenes de lesa humanidad contra la población paraguaya, se desarrolló un sistema cleptocrático de apropiación de tierras del Estado de forma irregular por parte de los altos cargos políticos del régimen. De esta forma, al calor del stronismo se erigió una élite económica que expolió y robó sistemáticamente al pueblo paraguayo su bien más preciado, la tierra, principal elemento de generación de riqueza en nuestro país. Políticos, militares y allegados al régimen de Alfredo Stroessner empobrecieron al Estado paraguayo apropiándose de forma arbitraria de tmultitud de tierras públicas, generando una desigualdad que llega hasta nuestros días.
De entre los allegados al régimen de Stroessner que se beneficiaron de esos robos al Estado destaca la figura de MARIO ABDO BENITEZ, secretario privado del dictador y persona de confianza, quien aprovechó su cargo para enriquecerse a través de la apropiación de suculentas fincas que pertenecían al Estado paraguayo. Fue así como la familia ABDO BENÍTEZ acumuló valiosísimas tierras arrebatadas al Estado paraguayo que convirtieron a su familia en una élite económica, permitiendo que tras la caída de la dictadura todos los ABDO BENÍTEZ siguieran disfrutando de enormes privilegios económicos que han permitido que se erigen en una élite social, estudiando en caras universidades extranjeras, y desplegando un inmerecido nivel de vida sobre la base de unas preciadas tierras que fueron robadas a todos los paraguayos.
Por lo tanto, resulta obsceno escuchar en el marco de la actual campaña presidencial a MARIO ABDO BENÍTEX hijo afirmar que su principal objetivo para el país es luchar contra la corrupción pública. Y es obsceno porque precisamente su familia goza de marcados privilegios que son fruto de la generalizada e insolidaria corrupción de su padre, aprovechándose de su condición de servidor público para robar tierras públicas a todos los paraguayos.
¿Cómo puede alguien que se ha beneficiado del saqueo a lo público, que ha estudiado en caras universidades, y que disfruta de un nivel de vida privilegiado sostenido sobre la base del robo al Estado hablar de lucha contra la corrupción? Si ABDO BENÍTEZ quiere que su discurso político de lucha contra la corrupción tenga la más mínima credibilidad, debería devolver las tierras malhabidas apropiadas por su padre y los beneficios obtenidos por ella.
3. LAS FINCAS APROPIADAS AL ESTADO PARAGUAYO
En el año 2003 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 2.225/03 por la cual se creaba la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ). La Ley tenía como objetivo “investigar hechos que constituyen o pudieran constituir violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes estatales o paraestatales entre mayo de 1954 hasta la promulgación de la Ley” (artículo 1), debiendo “colaborar con los órganos pertinentes en el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos ejecutados por agentes estatales y paraestatales” (artículo 2 b), “identificar en la medida de lo posible a los victimarios” (artículo 2 c). Y lo más importante “aportar todos los elementos probatorios al Poder Judicial para que el sistema de justicia actúe de inmediato en procura de precautelar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad de los responsables de tales violaciones” (artículo 2 e).
Los trabajos de la CVJ terminaron en agosto de 2008 con la publicación del Informe Final de Verdad y Justicia, 8 tomos donde se recogen en detalle todas violaciones y abusos cometidos durante la dictadura. La elaboración del Informe Final fue el fruto de 5 años de trabajo en los que se contó con múltiples testimonios y, sobre todo, se analizaron al detalle todos los expedientes administrativos, documentación de archivos públicos y demás información desclasificada a la que se tuvo acceso.
En concreto, el Informe Verdad y Justicia desarrolló un detallado estudio sobre las tierras sustraídas al Estado por parte de los jerarcas de Stroessner, fruto de un exhaustivo trabajo con la información administrativa a la que tuvo acceso (INDERT, Dirección General de Recursos Públicos, Servicio Nacional del Catastro, etc). El Tomo IV “Tierras Malhabidas” expuso en detalle la expoliación de tierras, describiendo los procedimientos, determinando con nombre y apellidos los políticos, militares y allegados de Stroessner que se hicieron ilegalmente con tierras del Estado, e incluso determinando con todo detalle las fincas en cuestión.
La rosca mafiosa de los allegados del stronismo para hacerse con esas fincas públicas se realizó adjudicándose las mismas sin ser beneficiarios del estatuto agrario. Entre la lista de jerarcas del régimen que se atribuyeron arbitrariamente tierras sin ser beneficiarios de la legislación del estatuto agrario se encuentra MARIO ABDO BENITEZ, quien se apropió de dos fincas en los años 1973 y 1983. Según se pudo comprobar en los archivos del INDERT-IBR, corroborado por los archivos de la Dirección General de Registros Públicos, ABDO BENITEZ padre se hizo con esas dos fincas atribuyéndoselas, sin ser beneficiario del estatuto agrario, vulnerando así las leyes 854/63 y 1863/02, ya que los beneficiarios debían ser campesinos que se dedicaran a la actividad agroganadera, y no jerarcas del régimen que se las apropiaran irregularmente en perjuicio del resto de la población.
Además de lo anterior, el Informe Verdad y Justicia identificó que, además de no ser beneficiario del estatuto agrario, MARIO ABDO BENÍTEZ se adjudicó extensas tierras agrícola-ganaderas en la región oriental, muy por encima de los límites establecidos en el estatuto, cuya finalidad era evitar concentraciones de tierras. Tal y como demuestran los archivos obrantes en el IBR-INDERT esa adjudicación se hizo desatendiendo arbitrariamente las disposiciones de las leyes 854 y 1863. En concreto el artículo 66 de la Ley 854, que establece que en las colonias agrícolas granjeras y agrícolas forestales cada beneficiario podrá adquirir lotes hasta una superficie de 100 hectáreas, de acuerdo al número de hijos y a su capacidad de trabajo y de producción. Así como del artículo 71 de la misma ley, que establece que ningún beneficiario podrá adquirir por sí ni por interpósita persona mayor superficie de tierra que la autorizada en dicha ley.
De esta forma, tal y como obra en el Informe Final de la CVJ, así como en los expedientes del IBR-INDERT y demás documentación administrativa estudiada durante 5 años por la CVJ, MARIO ABDO BENÍTEZ se habría adjudicado de manera fraudulenta las siguientes tierras del Estado:
1. Departamento de Amambay. Distrito Pedro Juan Caballero. Finca 2.260. Padrón 2.392. Título 1.338 y Título 79.432. Es una finca de 1.335 Hs. Tiene una valoración catastral (muy por debajo del precio de mercado) de 1,850,215,710 Gs.
2. Departamento de Itapua. Distrito Capitán Meza. Finca 3.481. Padrón 3.299. Título 307. Es una finca de 1.771 Hs. Tiene una valoración catastral (muy por debajo del precio de mercado) de 1,613,887,773 Gs.
La conclusión a la que llegó la CVJ en relación a la documentación analizada fue la siguiente:
“La CVJ ha investigado el otorgamiento de tierras públicas en fuentes documentales primarias y secundarias y ha encontrado serias irregularidades en la adjudicación que tornan nulas las mismas y espera que el Estado promueva las acciones ante la justicia y la reparación de los daños y perjuicios causados” (4).
Solicitando a las autoridades paraguayas que investiguen la ilegítima apropiación de esas tierras por los allegados al régimen de Stroessner:
“La CVJ en su investigación ha encontrado graves irregularidades que tornan nulas dichas adjudicaciones y cuya nómina eleva a los poderes del Estado para que, por intermedio del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, se inicie la investigación que conduzca, de confirmarse las irregularidades denunciadas, a la recuperación de dichas tierras por el Estado paraguayo” (5).
Recordando que estos jerarcas empobrecieron a la sociedad paraguaya al atribuirse tierras que estaban destinadas a los campesinos más necesitados:
“La Reforma Agraria tiene como sujeto y objetivo central al campesino, con el fin de que este sector logre superar la extrema pobreza e incorporarse al desarrollo económico y social de la nación y vivir con dignidad, como garantía de su libertad […] La adjudicación de tierras destinadas para campesinos pobres que fueron adjudicadas a presidentes de la República, ministros del Poder Ejecutivo, altos funcionarios de gobierno, militares y policías en servicio activo, senadores y diputados, políticos, latifundistas, así como a empresarios e industriales no dedicados a la agricultura ni a la ganadería y que no residen en los lotes y hasta a dictadores perseguidos por la justicia de su país y refugiados por la dictadura paraguaya en el Paraguay, es a todas luces no solamente un acto ilegal y violatorio de los derechos humanos sino también una ofensa a los más caros valores de la nación” (6).
“La adjudicación masiva de tierras destinadas a reforma agraria, a personas impedidas por la ley para recibirlas, constituye una infracción de la obligación de realizar el derecho a la alimentación de las familias sin tierra, que hubieran debido ser beneficiarias del programa de reforma agraria. Esta adjudicación ilegal, además de ser un fraude, constituye una violación del derecho a alimentarse de las familias sin tierra, pues ellas fueron privadas de los recursos existentes y no fueron beneficiadas” (7).
“El derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos imponen al Estado tres tipos de obligaciones: de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. El Estado paraguayo ha violado su deber de respetar el derecho a la alimentación y a la vivienda, pues ha llevado adelante prácticas y políticas que impidieron el acceso a la tierra y los recursos productivos a personas y grupos campesinos e indígenas. Los desalojos forzosos de familias campesinas de sus asentamientos y de comunidades indígenas, apropiándose de sus territorios ancestrales, para adjudicar sus tierras a terceros que estaban impedidos por la ley para recibir tierras, constituyen violaciones del derecho a la alimentación y a los derechos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT. El Estado paraguayo ha violado su deber de garantizar el derecho a la alimentación porque ha omitido su obligación de adoptar medidas concretas, de índoles judicial, legislativa y ejecutiva, con el objetivo de organizar todo el aparato estatal y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, utilizando el máximo de los recursos disponibles para facilitar a los campesinos y a los pueblos indígenas el acceso a la tierra. El Estado paraguayo ha violado su deber de realizar el derecho humano a la alimentación, pues ha omitido su deber de procurar actividades y medidas con el fin de fortalecer el acceso y la utilización, por parte de la población, de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida como lo es la tierra” (8).
“Por la íntima relación que existe entre el acceso a la tierra de los campesinos con el derecho a la alimentación y a la vivienda, estos tres tipos de deberes se aplican directamente al acceso a la tierra, ya que ésta forma parte del contenido básico del derecho a la alimentación y a la vivienda, y es particularmente importante para campesinos, pueblos indígenas, mujeres, y personas que viven en zonas rurales y que no tienen opciones alternativas para ganarse la vida” (9).
4. CONCLUSIÓN
La pregunta que cabe hacerse todo el pueblo paraguaya es la siguiente:
¿Puede MARIO ABDO BENÍTEZ enarbolar la lucha contra la corrupción habiéndose beneficiado del robo de tierras a todos los paraguayos?
¿Puede MARIO ABDO BENÍTEZ prometer a los paraguayos un compromiso de lucha contra la corrupción cuando ha vivido en la opulencia personal gracias al despojo de tierras públicas de todos los paraguayos?
¿Pues MARIO ABDO BENÍTEZ mirar a los paraguayos y pedir su voto habiendo estudiado en las universidad más caras gracias a haber disfrutado de un patrimonio familiar robado ciudadanos que difícilmente llegan a final de mes?
Si MARIO ABDO BENÍTEZ efectivamente quiere luchar contra la corrupción, podría empezar por un primer paso, devolver las tierras ilegítimamente apropiadas por su padre así como los beneficios obtenidos con ellas, por pertenecer al PUEBLO PARAGUAYO.
Notas:
1.- Infobae. La pobreza afecta al 22,2% de la población en Paraguay. 5 de mayo de 2016.
https://www.infobae.com/2016/05/05/1809335-la-pobreza-afecta-al-222-la-poblacion-paraguay/
ABC Color. Aumenta la pobreza en el país durante era Cartes. 16 de junio de 2017.
http://www.abc.com.py/nacionales/aumenta-pobreza-en-paraguay-1604219.html
2.- INF. La mayor desigualdad del mundo. Septiembre 2015.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/09/pdf/lustig.pdf
3.- El País. La codicia por la tierra en Paraguay. 2 de marzo de 2017.
https://elpais.com/elpais/2017/02/07/planeta_futuro/1486488199_675583.html
4.- Informe Verdad y Justicia. Tomo IV. “Tierras Malhabidas”. Conclusiones. p. 205.
5.- Informe Verdad y Justicia. Tomo IV. “Tierras Malhabidas”. Conclusiones. p. 206.
6.- Informe Verdad y Justicia. Tomo IV. “Tierras Malhabidas”. Conclusiones. p. 206-207.
7.- Informe Verdad y Justicia. Tomo IV. “Tierras Malhabidas”. Conclusiones. p. 207.
8.- Informe Verdad y Justicia. Tomo IV. “Tierras Malhabidas”. Conclusiones. p. 207-208.
9.- Informe Verdad y Justicia. Tomo IV. “Tierras Malhabidas”. Conclusiones. p. 208.
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