Poner puertas al campo
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Jorge Ortigueira*. LQSomos. Noviembre 2015
Acaba de entrar en vigor la reforma del Registro Civil por la que obtener la nacionalidad por residencia dejará de ser gratuito.
Los extranjeros que deseen solicitar la nacionalidad tendrán que pagar una tasa inicial de 100 euros sólo por iniciar el procedimiento
A ello se suma la documentación compulsada y las matrículas para los exámenes que habrá que superar: el coste puede llegar a superar los 300 euros.
Además, si el extranjero no es oriundo de algún país donde el castellano sea lengua oficial, tendrá que someterse a una prueba de idioma en el Instituto Cervantes para obtener el Diploma de español DELE, en un nivel A2 o superior. La matrícula para este examen, cuya primera convocatoria será el 20 de noviembre, tiene un coste de 121 euros.
Sea o no hispano hablante, el aspirante a la nacionalidad tendrá que superar la Prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), un examen tipo test de 25 preguntas de las que habrá que acertar 15 y cuya convocatoria exige el pago previo de 85 euros que darán derecho a un único intento. En caso de suspender, el solicitante tendrá que pagarlos de nuevo. El primer examen será el 29 de octubre.
Este hecho ha provocado una mayor afluencia estos días en los registros civiles de lugares como la Comunidad de Madrid, donde se han producido colas a primeras horas de la mañana de extranjeros en espera de turno para poder iniciar el procedimiento antes de que entrasen en vigor las nuevas tasas y modelos de examen, tal y como han venido denunciando partidos como IU-CM, sindicatos y muchas organizaciones de la sociedad civil.
Con el sistema actual, polémico por la discrecionalidad en las preguntas que los encargados de cada Registro Civil realizan a los solicitantes para evaluar su grado de integración en la sociedad y cultura españolas, no hay que abonar tasas y no es necesario acreditar el conocimiento del castellano con una titulación oficial, basta con la documentación que pruebe los requisitos que se exigen en función del país de origen del solicitante y la ausencia de antecedentes penales.
Estas condiciones seguirán siendo las mismas con la nueva ley, de modo que en general, se exigirá haber residido de forma legal y continuada en España durante al menos diez años para acceder al procedimiento salvo excepciones: cinco años si el aspirante es un refugiado, dos años si procede de países iberoamericanos, Andorra o antiguas colonias españolas o un año si ha nacido en territorio español, ha estado bajo tutela en España o es cónyuge, hijo o nieto de españoles.
Un retroceso en toda regla propio de gobernantes sin escrúpulos y sin sentido de la comunidad ética de todos los seres humanos y ante la cual las fronteras son artilugios propios de tiempos lejanos. Han perdido la realidad de que la tierra no tiene otras fronteras que las del despotismo, el fanatismo o la sinrazón pues todos los hombres nacen con derechos inalienables entre los cuales destacan el derecho a la vida, a la libertad y a vivir con dignidad en la búsqueda de su felicidad personal y social. Sin más fronteras que las del esfuerzo personal en beneficio del bien común y del medio que debemos conservar porque en el vivimos, nos movemos y somos.
* Periodista (CCS)