Por qué hay que abolir la monarquía

Por Juan Miguel Nogués García*

El vigente régimen en España de monarquía parlamentaria, en absoluto es concebido como una aceptación por parte del pueblo español, en el que recae la soberanía de todas las instituciones del Estado, ni siquiera desde una perspectiva histórica

Es preciso hacer, en primer lugar, un ejercicio de los períodos históricos de la misma; en segundo lugar, una descripción del momento actual, y finalmente, la proyección de acciones para llevar a cabo un cambio en cuanto al régimen, instaurándose una República que sustituya de una vez por todas a un modelo plenamente corrupto e ilegítimo como el actualmente existente.

Fue un período muy convulso, pero se llevaron a cabo importantes reformas en el ámbito agrícola, social, educativo, político, militar y cultural. El lema de la I República era democracia, laicismo y descentralización. Sin duda alguna, estos dos últimos conceptos, añadidos al contexto más general, como fue la tercera guerra carlista y la situación en Cuba, fueron determinantes, sobre todo en lo que se refiere a la descentralización, para que las fuerzas reaccionarias, en particular los terratenientes, la Iglesia y el Ejército, dieran un golpe de Estado instaurando nuevamente la monarquía.

Esta restauración monárquica se mantuvo con tremendas tensiones y muchas tragedias hasta la proclamación de la II República en abril de 1931, momento en el que se produjo una explosión de júbilo por todo el pueblo y la sociedad española.

No obstante, la instauración de la República estuvo amenazada desde el primer momento por las fuerzas reaccionarias monárquicas y facciosas operantes en Europa, en concreto en Italia. Muchos fueron los golpes de estado que se intentaron por parte de las citadas fuerzas entre 1931 y 1936. Finalmente, en julio de 1936 se produjo el golpe de estado que llevó a España a una guerra en la que intervinieron, aliados a los golpistas, fuerzas internacionales como los italianos y alemanes, mientras el régimen republicano elegido por el pueblo se vio absolutamente abandonado por las democracias occidentales, particularmente Francia y sobre todo Inglaterra, que con su participación en el Comité de No Intervención miraron para otro lado respecto a la ayuda que se le estaba facilitando a los golpistas.

Cuarenta años de régimen dictatorial

El final del conflicto no trajo más que exilio, represión y muerte para los defenso res de la legitimidad republicana y un régimen dictatorial que duró cuarenta años.

En la mente del dictador Franco no estuvo en ningún momento abrir un proceso democrático, pero de cara a su sucesión y la continuidad del régimen por él instaurado, en 1947 se aprobó la Ley a la Sucesión de la jefatura del estado, que era la quinta de las leyes fundamentales del movimiento, en la que ya se establecía a España nuevamente como reino, disponiendo que su sucesor, que lo elegiría él, lo sería a título de rey.

En 1969, y en base a esa la Ley de Sucesión, en la que el dictador se reservaba el nombramiento del monarca del reino, designa a Juan Carlos de Borbón como sucesor a la Jefatura del Estado con el título de Príncipe de España. Éste le sustituyó en determinados momentos como consecuencia de la salud del dictador y, finalmente, tras la muerte de éste en 20 de noviembre de 1975, el 22 de noviembre fue designado Jefe del Estado y Rey de España, con el nombre de Juan Carlos I, por las Cortes franquistas.

Ilegitimidad del régimen monárquico

La contundencia de la ilegitimidad del régimen monárquico actual en España no deja a margen de duda alguna. Es más, la odiada monarquía derrocada por el pueblo española en 1931, como ya se ha expuesto, fue reinstaurada por Franco. No tiene raíces, no tiene base en el afecto popular, no tiene credenciales democráticas ni una verdadera justificación legal.

Es la creación exclusiva de un dictador que deseaba perpetuar su dictadura después de su muerte al nombrar a Juan Carlos como sucesor. Al igual que los demás de la llamada transición democrática, la monarquía española es falsa, engañosa e insegura de sí misma.

Aún más, y entrando en el momento actual de la monarquía, es preciso destacar que cuando se habla del período histórico de la Transición, se trata como un proceso ejemplar, transportable incluso para otras experiencias sufridas en otros países por dictaduras o regímenes totalitarios, cuando en realidad debemos hablar de una transición no modélica ni pacífica, en realidad de una Transición oculta.

Una “Transición” oculta

Una de las manifestaciones, entre otras muchas, de la corrupción que afecta a la monarquía está relacionada con la aparente neutralidad de dicha institución en la actividad o vida política, neutralidad inexistente, pues el monarca disfruta de privilegios tales como que su persona es inviolable y por tanto no puede ser objeto de juicio alguno. Así, en una carta escrita el 22 de junio de 1977 enviada al sha de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, le pide la modesta cantidad de diez millones de dólares para ayudar a Adolfo Suárez:

“… pues necesita más que nunca cualquier ayuda posible, ya sea de sus compatriotas o de países amigos que buscan preservar la civilización occidental y las monarquías establecidas […] Por esta razón, mi querido hermano, me tomo la libertad de pedir tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez, ahora en difícil coyuntura; las elecciones municipales se celebrarán dentro de seis meses y será ahí más que nada donde pondremos nuestro futro en la balanza […] Por eso me tomo la libertad, con todos mis respetos, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder 10.000.000 de dólares como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española…”

No hace falta decir que los servicios que ofrece el monarca no son baratos. Si hay algo que siempre caracterizó a Juan Carlos I de Borbón, desde su primera juventud hasta el momento de la abdicación, fue un sentido muy agudo del valor del dinero. Disfruta de un presupuesto anual para el apoyo de su familia. Para el coronel Amadeo Martínez Inglés, especialista en la Casa Real, el costo real de la monarquía era de 560 millones de euros al año, sin contar los múltiples gastos logísticos que son imputados a distintos ministerios: Interior, Relaciones Exteriores, etcétera. El New York Times estima la fortuna personal del rey en más de dos mil millones de euros.

Impunidad de la monarquía

Los últimos acontecimientos derivados de la “ejemplaridad de El Campechano” que han salido a luz pública: la desviación de fondos a Suiza, la “regularización” fiscal llevada a cabo como consecuencia de la evasión de impuestos, así como su participación en la Fundación Lucum, en la que tenía depositados cantidades provenientes de Arabia Saudí y de Bahrein (desde el año 2009 en una cuenta en el Banco Mirabaud de Ginebra, según el fiscal suizo Yves Bertossa) cuyos movimientos resaltan la impunidad que suponen todas sus actuaciones. Aún más, a través de la Fundación Zagatza se sufragaron gastos de vuelos por importe de 18 millones de euros que nunca declaró. Dicha Fundación fue creada por su primo lejano Álvaro de Orleáns y el cual ha sido investigado en calidad de testaferro del emérito.

Este último ha abonado 4,4 millones a la Hacienda Pública a fin de no ser investigado por evasión de capitales. Pero da lo mismo, la impunidad e inviolabilidad de la Monarquía impiden que se les investigue por muchos actos delictivos que cometan.

Violación del principio de igualdad

El Poder Judicial, en general, mira para otro lado o se buscan cualquier resquicio de naturaleza formal como barrera o impedimento para juzgar a los reyes, con lo que ello supone de la violación del principio de igualdad ante la ley que se recoge en el artículo 14 de la Constitución. Es decir, todos somos iguales, menos los de sangre azul. No hay que dejar de mencionar que Felipe VI figuraba como beneficiario de las dos Fundaciones.

Instituciones complacientes

La vigencia de la monarquía en España está basada esencialmente en que las instituciones y en particular las fuerzas represivas del Estado no han sido depuradas, y en particular las que se refieren a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como a lo que se refiere a los órganos de los jueces, pues tanto los miembros que formaban parte de la Brigada Político-Social como los magistrados que componían el Tribunal de Orden Público siguieron su respectivas carreras con una importante proyección en las mismas.

Pacto político de aceptación circunstancial de la monarquía

Pero sin duda el apoyo y el sostén de la institución monárquica viene del pacto entre los partidos políticos. Todos los actores políticos relevantes durante la Transición, incluso con insólito entusiasmo, los dirigentes del entonces influyente Partido Comunista de España se dieron cuenta —más o menos rápidamente— de que la reinstauración de la monarquía debería ser aceptada como un hecho consumado sobre el que no cabía discusión: era el precio a pagar para que el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia pudiera tener éxito.

Papel de la prensa monarquista

No hay que dejar de lado el papel jugado por la prensa y los medios de comunicación. El “ABC”, monárquico de toda la vida, defendió y defiende la monarquía sin fisuras, pero a su lado se encuentra “El País”, que se reconvirtió en el mayor baluarte de la dinastía borbónica. El sistema ha estado tan bien amarrado que cualquier atisbo de republicanismo, por anecdótico que fuera, se consideraba poco menos que enaltecimiento al terrorismo.

Monarquía no es democracia

La jefatura del Estado vitalicia y hereditaria, supone una grave quiebra en el sistema democrático, que por definición exige que todos los poderes políticos sean de duración limitada y origen electivo. Acceder a la máxima magistratura del Estado teniendo como único mérito haber nacido en una determinada familia en un determinado orden cronológico supone una evidente ruptura del principio democrático y de la racionalidad política. La monarquía, pues, no solo es una institución que rompe con la idea de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (consagrando una discriminación por razón de nacimiento prohibida expresamente por el artículo 14 de la Constitución), sino que, además, nos priva de un derecho de especial significado democrático: el de poder ocupar algún día la jefatura de la comunidad política a la que pertenecemos.

Esta menor distancia entre el jefe del Estado y la ciudadanía que existe en las repúblicas versus las monarquías se reduce todavía más cuando tal jefe del Estado procede de las clases populares, sintiendo al presidente como alguien suyo (pensemos, por ejemplo, en los casos paradigmáticos de los presidentes Lula da Silva de Brasil y José Mújica de Uruguay).

Las monarquías son anacronismos, residuos de otras épocas, instituciones en franco retroceso. Sólo el 8 por 100 de los ciudadanos del planeta viven bajo regímenes monárquicos. En efecto, todas las monarquías son una anormalidad política, que la historia va eliminando sin vuelta atrás. No puede desconocerse que, debido a su origen no democrático, esta institución tiene los pies de barro. Los partidarios de mantener la monarquía en España no quieren, bajo ningún concepto, someterse a la voluntad popular a través de un referéndum para conocer cuál es el parecer mayoritario de sus conciudadanos, y ello por el gran temor que subyace de fondo.

Los monarquistas temen que votemos

Creo sin género de duda alguna que España es un país mayoritariamente republicano, y la prueba más elocuente es la cerrada oposición de los monárquicos españoles a que esta cuestión se decida cómo se deciden las grandes cuestiones en las democracias: contando votos. La alergia, puesta de manifiesto una y cien veces, convocar un referéndum sobre si España debe tener una jefatura de Estad electiva (temporal) o hereditaria (vitalicia es, a todas luces, muy significativa.

En la actualidad algunos plantean un falso debate: afirman que sin monarquía la alternativa sería la dictadura; la monarquía sería básica para un régimen democrático, cuando es todo lo contrario; es una forma de blanquear su figura.

República para todos

Asimismo, es improcedente afirmar que las propuestas republicanas provienen únicamente de la extrema izquierda populista, pues lo que los ciudadanos españoles formulan es una República que puede ser perfectamente compartida por ciudadanos de todas las ideologías democráticas. Recordemos que nuestra Segunda República, tuvo dos presidentes indudablemente demócratas y moderados: Niceto Alcalá-Zamora y Torres, de centroderecha, y Manuel Azaña Díaz, de centroizquierda. Y ambos eran, sobre todo, grandes patriotas españoles.

* Nota original publicada en el boletín “Guerrilleros” de la de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France, nº 173Otras notas del autor