Por qué no me gusta la marca España
Cuando digo que no me gusta España, no quiero decir: “Me duele España”, como escribió Miguel Unamuno, un histrión que transformó su ego en el centro de su obra literaria y su pensamiento político. A mí “no me duele España”. Me duele que casi tres millones de niños y niñas vivan en riesgo de pobreza o exclusión social, lo cual significa que el 33’8% de la población infantil sufre malnutrición y reside en casas insalubres, muchas veces con la maleta preparada para enfrentarse a un inminente desahucio. Me duele que haya tres millones de personas que malviven con menos de 307 euros al mes. Son el 6’4% de la población y su número crece día a día por la política de ajustes, los recortes, el paro de larga duración y el agotamiento de las ayudas sociales. Ningún partido quiere asumir la creación de una Renta Básica de Ciudadanía, pero casi ninguno cuestiona el rescate de la banca: 40.000 millones de euros que incrementarán el déficit público y frenarán el crecimiento de la economía. Ya sé que otros países del Sur de Europa pasan por la misma situación, pero eso sólo me hace odiar más a la marca España, pues los gobiernos que han impulsado las políticas neoliberales (Felipe González, Aznar, Rodríguez Zapatero y Rajoy) han explotado el sentimiento patriótico para desmovilizar a la opinión pública. Se agita la bandera rojigualda para despertar sentimientos primarios, atávicos e irracionales, escondiendo que nuestra deficitaria democracia sólo es una reforma chapucera del franquismo. El infame Valle de los Caídos y las fosas sin exhumar, con al menos 114.000 hombres y mujeres fusilados por ser republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, sindicalistas o independentistas, son el verdadero rostro de la marca España.
No pienso remontarme a los tiempos de los Reyes Católicos para explicar cómo se forjó la “sagrada unidad de España”. En este caso, sobran las disquisiciones bizantinas y las polémicas historiográficas. La España que sufrimos día a día se gestó el 18 de julio de 1936. Los militares que se sublevaron para proteger los privilegios de la Iglesia Católica y las oligarquías económicas (latifundistas, grandes empresas y grandes bancos) reemplazaron la bandera tricolor por la bandera rojigualda de los Borbones, convirtiéndola en símbolo de la represión, la intolerancia, el fanatismo y las desigualdades sociales. La monarquía instaurada por el franquismo cambió el águila imperial por el escudo constitucional, pero no alteró nada esencial. Las víctimas del genocidio franquista continuaron en sus fosas y nunca se juzgó a los responsables de la matanza. De hecho, Yagüe, Varela, Mola, Franco o Queipo de Llano perviven en el callejero. Cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Se trata de delitos imprescriptibles, pero la justicia española ha bloqueado cualquier iniciativa legal para condenar sus actos y reparar el dolor de las víctimas. En cambio, el Ayuntamiento de Arrigorriaga tuvo que retirar la placa dedicada a la memoria de José Manuel Beñarán Ordeñana, “Argala”, el carismático líder independentista vasco que participó en el atentado contra el almirante Carrero Blanco, librándonos de un feroz represor que se oponía a cualquier forma de liberalización del régimen. No aprecio diferencias entre Carrero Blanco, Pinochet, Videla o Heydrich. Matar a los tiranos es un acto de justicia contemplado en el Preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos (1948): “Considera[mos] esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional (versión actualizada del antiguo Tribunal de Orden Público), alegó que la placa dedicada a Argala atentaba contra “la dignidad de las víctimas del terrorismo”. Al parecer, el Valle de los Caídos no atenta contra la dignidad de las víctimas del franquismo. La actividad armada de ETA causó 859 víctimas. El genocidio franquista exterminó a 200.000 hombres y mujeres. No se aplica el principio de proporcionalidad, tal vez porque esas 200.000 víctimas son los cimientos del régimen de 1978.
Esas 200.000 víctimas siguen influyendo en la vida de los españoles, pues encarnan la idea de una sociedad igualitaria, justa y solidaria. Esa sociedad nunca llegó a materializarse, pero inspiró vidas heroicas como la de José María Cabezas Arana, apodado “Cabecitas”, un campesino de Aguilar de la Frontera (Córdoba), que huyó de su pueblo con 17 años para librarse de la represión franquista y luchar por la revolución proletaria. Al finalizar la guerra, se refugió en Francia y luchó en la Resistencia. Detenido por los nazis, fue deportado a Buchenwald, se le marcó con el número 40613 y se le colocó el triángulo rojo, que identificaba a los apátridas y terroristas. Según su hija, “el campo de concentración le marcó para toda la vida y le dejó huellas, esas que no se ven. Nunca nos habló de sus sufrimientos o de lo que padeció en el pasado. Lo que le caracterizaba era su fuerza interior, la satisfacción de haber cumplido con su deber y el sentimiento de que había luchado por su ideal, defendiendo los valores que el tiempo y la historia le habían inculcado. Su orgullo era su patria y la gran pasión por la literatura de su país, pero también reivindicaba sus orígenes modestos del campo andaluz. Añoraba su tierra tanto que cuando hizo la primera casa le puso el nombre de la choza, nostalgia de esa infancia que jamás pudo compartir con los suyos”. No creo que la patria que enorgullecía a José María Cabezas Arana fuera la marca España surgida el 1 de abril de 1936 y consolidada con la Restauración borbónica en 1978 bajo el disfraz de monarquía constitucional.
La marca España no deja de alimentar la desigualdad. El 20% más rico posee 7’5 más veces más recursos que el 20% más pobre y uno de cada cuatro menores de 16 años vive por debajo del umbral de la pobreza. El 12% de los hogares llegan a fin de mes con muchas dificultades. El 44’5% no puede permitirse ni una semana de vacaciones. El 40% no puede asumir gastos imprevistos. El 10% no puede pagar el recibo del gas y la electricidad. En 2014, ese porcentaje podría elevarse a un 15%. La marca España es hoy en día una posición política y no el símbolo de una nación libremente constituida. La bandera rojigualda no representa a todos y todas, sino a los que se identifican con una derecha nostálgica del franquismo. Los que exhiben sus colores no ocultan su desprecio hacia la inmigración o los anhelos independentistas de Cataluña, Euskal Herria o Galicia. Aunque no lo tengan muy claro, intentan mantener con vida el espíritu de Cruzada de Franco. Yo amo a la lengua española. Escribo en ese idioma y no sabría expresar mis sentimientos con otra lengua. Leo emocionado a Lorca, Machado, Bergamín, Neruda, Galeano o Cortázar, pero eso no significa que me arrogue el derecho de imponer mi idioma a vascos, catalanes, valencianos o gallegos. Cada idioma expresa una visión del mundo, una perspectiva original y única, que contiene varios siglos de historia. Nunca me atrevería a decirle a un vasco, un catalán o un gallego que son españoles, particularmente cuando sus idiomas, tradiciones y símbolos sufrieron una persecución inquisitorial durante el franquismo. Por eso, entiendo que la marca España debe desaparecer para abrir el camino a una República de Pueblos Soberanos, que establecerán libremente los lazos y relaciones acordados por la voluntad popular. Es posible que en ese marco, las tensiones se relajen y florezca la fraternidad entre los pueblos. Se alegará que la desintegración del Estado español nos llevará a una guerra civil, pero no lo creo probable. La integración en la UE no nos ha hecho más libres, sino todo lo contrario, pues nos ha sometido a un régimen de servidumbre bajo el dictado de la Troika. Los recortes del gasto social, las privatizaciones, la reforma laboral y los rescates financieros nos han transformado en vasallos de las grandes entidades financieras, que utilizan la deuda pública y privada para esclavizar a los pueblos. El euro sólo ha servido para “optimizar los intereses del capital financiero alemán” (Vicenç Navarro), que necesita rentabilizar su dinero mediante préstamos de alto riesgo y recuperarlo con creces, aplicando las fórmulas del neoliberalismo, según las cuales el control del déficit y la inflación constituye una prioridad absoluta, para lo cual hay que recortar salarios y pensiones, privatizar los servicios públicos y debilitar el poder sindical.
La autodeterminación únicamente será beneficiosa para los pueblos si está vinculada al socialismo real, revolucionario, solidario y redistributivo. Es evidente que el mercado lanzará ataques especulativos contra los nuevos modelos territoriales, intentando demostrar su inviabilidad, pero en ese punto deben intervenir los ciudadanos, adoptando un nuevo estilo de vida. Las revoluciones del siglo XXI deben ser incruentas, no porque la lucha armada constituya un recurso injustificable, sino porque las posibilidades de éxito son insignificantes y el coste humano y moral inasumibles. Debemos cambiar nuestros hábitos, rompiendo la rueda del consumo y el endeudamiento. Se deben restablecer los vínculos comunitarios y promover la autogestión. Es posible vivir de otro modo y cuando lo descubramos, se producirá una liberación real. El pueblo debe emplear la insumisión, la desobediencia civil radical y, si es necesario, imitar a los vecinos de Gamonal, que han quemado contendores y apedreado sucursales bancarias no por vandalismo, sino para hacer visible su malestar. Tal vez alguien se sorprenda de que cite al sacerdote vasco Pedro Arrupe, padre general de los jesuitas y una de las víctimas del furor inquisitorial de Juan Pablo II. Arrupe hablaba sin subterfugios: “Hay unos que mueren por inanición y otros por exceso de colesterol. El hambre es la hija natural de la injusticia, una injusticia que los países ricos pueden evitar. Pero digámoslo claramente: No quieren”. El escarnio de cualquier ideal utópico es moneda común en un mundo escéptico y desencantado, pero Arrupe, que no se desanimaba ante la adversidad, nunca renunció a la utopía, que comienza en el terreno personal, luchando contra el individualismo insolidario y el egoísmo acaparador. Por eso escribió: “No me resigno a que, cuando yo muera, siga el mundo como si yo no hubiera vivido”. Creo que todos deberíamos asumir esa enseñanza y no colaborar con la economía capitalista, de acuerdo con el ideario de Arrupe: “Debemos tener la firme determinación no sólo de no participar en ningún lucro de origen claramente injusto, sino incluso, ir disminuyendo la propia participación en los beneficios de una estructura económica y social injustamente organizada a favor de los más poderosos, mientras los costos de la producción recaen pesadamente sobre los hombros de los menos favorecidos”. Es lo que Ignacio Ellacuría, jesuita y teólogo de la liberación, llamó “cultura de la pobreza” que se opone al despilfarro, la acumulación y la destrucción del medio ambiente. Ellacuría, asesinado en 1989 por el batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador, cumpliendo órdenes de Estados Unidos, solía repetir: “Nadie tiene derecho a lo superfluo hasta que todos no tengan lo esencial”. Tal vez cuando los pueblos interioricen ese principio ético, los grandes Estados-nación o los imperios comenzarán a ser vulnerables y desmoronarse. La marca España desparecerá y en su lugar surgirá un mosaico de pueblos soberanos, con la determinación (y el poder) de elegir libremente su futuro. La solidaridad es la ternura de los pueblos y nada impedirá que surjan vínculos de solidaridad, fraternidad y respeto mutuo. No será sencillo, pero es necesario y representa la única oportunidad de un futuro más humano.
