Puerto Rico: Isla Deuda
Abner Dennis/Kevin Connor*. LQS. Febrero 2019
Lo que es devastador para la inmensa mayoría de puertorriqueños implica ganancias inmensas para los fondos buitres manejados por multimillonarios que son los principales beneficiarios de estos acuerdos de reestructuración
Isla Deuda: Wall Street tiene en la mirilla 40 años de ganancias a expensas de Puerto Rico
Para fines de este mes se aproxima un capítulo importante de la historia de la crisis de la deuda de Puerto Rico, ya que está por concluir la votación de los acreedores a un plan de ajuste centrado en la deuda respaldada por el impuesto a las ventas, o COFINA, y probablemente se apruebe por la corte federal a mediados de enero, que es quien controla el proceso de reestructuración. El acuerdo fijaría 40 años de pagos a los bonistas de Wall Street, con consecuencias sustanciales para Puerto Rico.
Los multimillonarios de fondos de cobertura están a punto de lograr lo que parecía impensable luego del del huracán María: un cobro inmenso —y a expensas directas del pueblo de Puerto Rico— de la deuda que se vendía por apenas una centavería en los meses tras la tormenta. El resultado de los acuerdos de la reestructuración de la deuda —como el plan de COFINA— es que una isla que está socavada por las crisis económica y climática, en vez de cubrir sus necesidades básicas y lograr una recuperación justa, estará pagándoles los yates y las casas de veraneo a los multimillonarios.
Pero esto no se ha terminado: para el 2019, otro gran plan de ajuste relacionado con la deuda del gobierno de Puerto Rico deberá desarrollarse por la Junta de Control Fiscal y aprobarse por los acreedores.
Este informe detalla la información básica sobre el plan de ajuste de COFINA y en qué etapa se encuentra, el plan que está por venir, los niveles escandalosos que a raíz de los huracanes alcanzó el prometido servicio de la deuda, el lucro de dos multimillonarios y qué tiene que hacerse.
El plan COFINA y el proceso de aprobación
El plan de ajuste de COFINA es una señal de lo que está por venir en el próximo plan de ajuste. Por el transcurso de 40 años, se harán pagos al servicio de la deuda por cantidades que son indefendibles e insostenibles, lo que conllevará —inevitablemente— medidas extremas de austeridad. Los despidos masivos, los recortes a las pensiones y las reducciones profundas a Medicaid y a otros servicios esenciales son las consecuencias evidentes de estos planes y sus términos financieros (esto, sin mencionar una tasa de impuestos a la venta que permanecerá por las nubes). A los puertorriqueños se les obligará a pagar por las ganancias de Wall Street.
Como resultado de dicho plan, el principal de la deuda de COFINA se reducirá de $17,6 mil millones a $11,9 mil millones. Es decir, una reducción del 32%; aunque, en total, cuando se incluyen los pagos de intereses, el pago al servicio de la deuda será de $32,3 mil millones a lo largo de 40 años. Esto incluye un recorte de 7% para los bonos principales de COFINA y 46% para los bonos subordinados de COFINA.
El gobernador Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal han alabado esto como una victoria y como un alivio significativo a la deuda, pero los fondos buitres que compraron los bonos de Puerto Rico a precios bajos estarán asegurando ganancias inmensas. Según nuestros estimados, algunos fondos de cobertura se estarán lucrándose en el rango de los cientos de millones de dólares. El acuerdo ha recibido muchas críticas por ser demasiado generoso con los bonistas, incluyendo críticas de sectores improbables (como del exoficial de la administración de Obama, banquero y artífice de PROMESA, Antonio Weiss).
El plan de COFINA está sujeto a la aprobación de los acreedores, que tienen hasta el 11 de enero de 2019 para votar. El 16 de enero se someterá a la jueza Laura Swain para su aprobación final. El proceso de votación en torno a estos acuerdos es una muestra más de cuán antidemocrática es la reestructuración: solo se le permite votar a los acreedores.
Algunos puertorriqueños podrán hacer constar su discrepancia en el proceso de votación, ya que cualquier persona con reclamaciones al gobierno —como los empleados públicos retirados— tienen la capacidad de votar. Sin embargo, aunque habrá muchos —y posiblemente cientos de miles— de votantes que no son parte de Wall Street, los fondos de cobertura llevan la ventaja: los acuerdos pueden, técnicamente, seguir adelante con la aprobación por solo un tipo de votante (como, por ejemplo, un tipo de bonistas) mediante un proceso conocido como cramdown.
El próximo gran plan
La Junta de Control Fiscal ha declarado que un plan de ajuste para la deuda del gobierno central se negociará en los próximos meses. La deuda del gobierno de Puerto Rico es la segunda tajada más grande del total de la deuda —$13,2 mil millones—, que en su mayoría les pertenece a los bonistas de obligaciones generales (OG). Ya que el plan de ajuste de COFINA ha sentado un precedente, es probable que el plan del gobierno también sea por 40 años. Este plan será desarrollado por la Junta de Control Fiscal y se negociará en un proceso supervisado por mediadores nombrados por el gobierno federal.
Este acuerdo será de suma importancia debido a que determinará cuánto del Fondo General pasará a manos de los bonistas. Esto implica que los fondos futuros para la educación, salud y vivienda estarán en la mesa de negociación. Mientras más dinero tomen para pagar la deuda, menos dinero habrá para los servicios esenciales.
La aprobación del plan de ajuste al gobierno de Puerto Rico dependerá de otro proceso de votación: todos los acreedores, incluidas todas las personas con algún tipo de reclamación contra el gobierno central, tendrán la oportunidad de ejercer el voto. Los votantes se dividirán por grupos, de acuerdo con su tipo de reclamación. Tal y como se mencionó anteriormente, el acuerdo podrá imponerse mediante un proceso conocido como cramdown, siempre y cuando un tipo de acreedores vote a favor de aceptar el plan.
Los fondos de cobertura, dueños de la mayor parte de la deuda, probablemente voten a favor del plan, ya que este probablemente les prometerá elevados pagos a los bonos. Mas los empleados públicos activos, los retirados, los suplidores del gobierno y todas las personas con reclamaciones al Estado Libre Asociado también podrán votar.
El dinero de la recuperación del huracán está inflando las ganancias de los fondos buitres
¿Por qué la Junta de Control Fiscal les está prometiendo tanto dinero a los bonistas? Resulta que los fondos de recuperación del huracán están asumiendo un papel importante; no en pagarles directamente a los bonistas, sino en rellenar y subsidiar de manera indirecta los pagos de los bonos.
La reestructuración debió de haber seguido un camino muy distinto luego del huracán: la deuda perteneciente a los buitres de Wall Street tenía que haberse cancelado para poder liberar recursos para una recuperación justa. En vez de esto, el dinero federal para la recuperación está rellenando las proyecciones económicas y fiscales a corto plazo. Como resultado, la Junta de Control Fiscal manejada por Wall Street les prometió después del huracán a los bonistas unos pagos más altos de los que habían ofrecido antes del huracán.
Esto queda evidenciado en los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal. Desde su plan fiscal de marzo de 2017 (pre María) a su plan fiscal de octubre de 2018 (post María), la Junta de Control Fiscal duplicó los pagos al servicio de la deuda, aparentemente fundamentándose en proyecciones respaldadas por el dinero para la recuperación del huracán (un miembro de la Junta de Control Fiscal, Andrew Biggs, describió esto como “retroalimentación económica” en un tuit de octubre de 2018 [disponible en inglés]).
En vez de usar los recursos para fortalecer los servicios esenciales, aumentaron los pagos a los fondos buitres de Wall Street.
Los multimillonarios se lucran
Lo que es devastador para la inmensa mayoría de puertorriqueños implica ganancias inmensas para los fondos buitres manejados por multimillonarios que son los principales beneficiarios de estos acuerdos de reestructuración. ¿Y quiénes son?
Seth Klarman es el director ejecutivo multimillonario del Baupost Group, un fondo de cobertura de Boston fundado en 1982, y es conocido por sus inversiones en activos en dificultades. Es dueño más de $900 millones en bonos de COFINA. Invirtió mucho en la deuda de Puerto Rico durante la segunda mitad de 2015, cuando incorporó diez compañías en Delaware, a las que llamó Decagon Holdings con el propósito de esconder su identidad.
Entre los inversores de Baupost se destacan universidades de la Ivy League como Harvard, Yale y Princeton; lo que significa que algunas de las universidades más ricas del mundo estarán lucrándose significativamente a expensas de Puerto Rico.
Otro especulador que recientemente ha invertido de forma muy agresiva es Steve Tananbaum, de GoldenTree Asset Management. GoldenTree ahora está listado como uno de los tres principales bonistas de Puerto Rico, con más de $2 mil millones en bonos COFINA y de obligaciones generales. Aprovechándose del caos que causó el huracán María, GoldenTree invirtió más de $400 millones en la deuda subordinada de COFINA entre octubre de 2017 y abril de 2018. Con la deuda de COFINA tal y como está, GoldTree espera unas ganancias de alrededor de $160 millones solamente a raíz de estas inversiones.
GoldenTree tiene una variedad amplia de inversores, entre los que se incluyen universidades públicas y privadas de los EE. UU. como la Universidad de Miami y el Sistema de la Universidad de Maine. También administra el dinero de algunos sistemas públicos de fondos de pensiones (incluyendo el del condado de Los Ángeles, de la ciudad de Boston y de los estados de Nueva York y Texas).
Tilden Park Capital Management es otro fondo de cobertura que ha estado invirtiendo en grande en la deuda de Puerto Rico. Lo fundó y lo dirige Josh Birnbaum, un ex director general de Goldman Sachs, que renunció al banco para fundar a Tilden en el 2009. A Birnbaum se le conoce por ser uno de los corredores que diseñó la estrategia de inversiones de Goldman Sachs, con la que le sacó provecho a la crisis financiera de 2007-2008. Le apostó en contra al mercado hipotecario y ganó $17 millones en compensaciones.
Tilden Park tiene más de $950 millones en bonos de COFINA. También aprovechó los precios en picada después del huracán María, recogiendo así unos $282 millones de deuda subordinada de COFINA entre octubre de 2017 y abril de 2018. Por estas inversiones Tilden Park puede esperar unas ganancias de alrededor de $110 millones.
Tilden Park Capital Management también administra las inversiones de algunos sistemas de retiro, como el Sistema de Retiro de Maestros del Estado de Illinois, y el Sistema de Retiro Estatal y Local de Nueva York.
¿Qué hacer?
A medida que se desarrolla el proceso de aprobación para el próximo plan de ajuste, algunos puertorriqueños con reclamaciones contra el gobierno, como los retirados, tendrán la oportunidad de oponerse con su voto. Aunque el “no” de estos votantes no invalidará un voto “sí” de los bonistas, ejercerá presión sobre el proceso. Además, tal y como se demuestra en el proceso de reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento y COFINA, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico podrían desempeñar un papel al votar en contra de legislaciones que propicien otro desastroso plan de ajuste. Aunque la autoridad de la Junta de Control Fiscal ha minado de manera significativa el poder de los cuerpos legislativos, necesitará el consentimiento de estos para efectuar una reestructuración mayor en el plan de ajuste del Estado Libre Asociado.
Más allá de eso, aquellos que no pueden votar pueden, tanto en las calles como en los medios de comunicación, decirle que no a los pasillos informales del poder: no al dinero de Wall Street a expensas de los servicios básicos y de las infraestructuras necesarias, no a 40 años de control por parte de los acreedores, no a un proceso corrupto que le da prioridad al valor de los pagos a los bonistas sobre el valor de la vida humana.
Esto, en fin, es lo único que se interpone en el camino para que Wall Street tome las riendas del futuro de Puerto Rico por los próximos 40 años: un repudio por el pueblo de Puerto Rico a estos planes de ajuste. Una presión pública significativa podría obligar a la Junta de Control Fiscal, a la jueza federal y a sus mediadores designados a que dejen de trabajar para Wall Street. Podría detener que los cuerpos legislativos puertorriqueños aprobaran cualquier medida para poner en marcha estos planes y podría, en última instancia, obligar a los acreedores de Wall Street a aceptar términos menos lucrativos que no le den pie a una profunda austeridad y al control corporativo.
* Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM)
Síguenos en Facebook: LoQueSomos Twitter@LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb
