Salvatore Mancuso en Colombia

Por Pedro Santana Rodríguez*

El martes 27 de febrero regresó extraditado a Colombia desde los Estados Unidos, Salvatore Mancuso, después de pagar una condena de más de 15 años por delitos relacionados con el narcotráfico. Mancuso había sido extraditado junto a otros jefes paramilitares el 13 de mayo del año 2008 durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La obligación del Estado es garantizar la vida de Mancuso para que pueda contribuir al esclarecimiento de la verdad

La extradición de Mancuso fue justificada por Uribe señalando que los jefes paramilitares seguían delinquiendo desde las cárceles donde estaban, sin embargo, la verdadera razón para su extradición consistió en los condicionamientos que impuso la Corte Constitucional al resolver una demanda instaurada por organizaciones de la sociedad civil en contra de la Ley 975 de 2005, la llamada Ley de Justicia y Paz. Este condicionamiento consistía en qué si se comprobaba que en sus declaraciones a la Jurisdicción de Justicia y Paz los paramilitares mentían, perderían todos los beneficios de esta justicia transicional que contemplaba penas entre los cinco y los ocho años por la colaboración con la Justicia.

De esta forma los jefes paramilitares enfrentaban una real contradicción: si se mostraban favorables al gobierno y a quienes los instigaron y financiaron para armarse podrían ser condenados con las altas penas contempladas para sus delitos por la jurisdicción ordinaria y si confesaban la verdad y denunciaban a sus instigadores podrían enfrentar la extradición o la muerte a manos del régimen a quién habían servido y quienes los habían protegido en sus actos criminales. Comenzaron a hablar y Álvaro Uribe, uno de los instigadores y propagadores del paramilitarismo supuestamente implicado en delitos de lesa humanidad como las masacres del Aro y la Granja en Ituango, departamento de Antioquia y en el asesinato de Jesús María Valle, siendo entonces gobernador de Antioquia, decidió extraditarlos para silenciarlos.

Mancuso es quizás el jefe paramilitar que mejor conoce el desarrollo de la orgía de sangre desatada desde comienzos de los años noventa del siglo XX, toda vez que estuvo en la génesis de esta oleada de organización paramilitar que posteriormente se denominó Autodefensas Unidas de Colombia. Primero se convirtió en informante de las Fuerzas Armadas en Córdoba desde el año de 1992 acosado por las acciones de la guerrilla en contra de las fincas que administraba, propiedades de su familia. Luego organiza con la colaboración del Ejército las Convivir Nuevos Horizontes y Nuevo Amanecer en dicho departamento, hasta que ingresa a las Autodefensas que comandaban Fidel y Carlos Castaño y se extiende por toda la costa Caribe desde Córdoba hasta la Guajira comprendiendo los departamentos del Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y César.

Ya en esa calidad es uno de los jefes más sanguinarios que extiende el paramilitarismo no solo en la Costa Caribe, sino que extiende sus tentáculos hasta el Norte de Santander en la región del Catatumbo. Salvatore Mancuso ha sido señalado de múltiples crímenes. Por ejemplo, en abril de 2023 fue acusado formalmente de 4.071 crímenes con más de 6.000 víctimas. Entre esos crímenes se le acusa de 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado y 371 casos de desaparición forzada. En total en todas las jurisdicciones Mancuso ha sido acusado de más de 60 mil hechos delictivos.

Qué sigue en el futuro próximo de Mancuso

Desde poco después de su extradición Mancuso se mostró favorable a colaborar con la justicia colombiana, contrario a otros jefes paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que se ha negado a colaborar. Hasta ahora solo Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, se han mostrado dispuestos a la colaboración con la Justicia. Por esta actitud es que su proceso en la Justicia Transicional ha avanzado. Hasta ahora se mantiene en la jurisdicción de Justicia y Paz, donde ha recibido ya una condena y tiene otras investigaciones pendientes en esta jurisdicción, así como otros procesos en la jurisdicción ordinaria por supuestamente haber cometido delitos después de su sometimiento a la Justicia. Más recientemente la Justicia Especial para la Paz, JEP, lo admitió como un agente de facto de las Fuerzas Armadas, es decir, como la bisagra que actuaba entre las Autodefensas y los altos mandos militares. Para ello Mancuso participó en dos Audiencias Especiales donde entregó información y supuestamente pruebas que la JEP consideró relevantes para admitirlo señalando sin embargo que en su calidad de paramilitar debería también permanecer en la Jurisdicción de Justicia y Paz y que entre las dos jurisdicciones se establecerían mecanismos de coordinación. Mancuso apelo esta decisión la cual aún no ha sido resuelta.

Así mismo desde el 23 de julio del año 2023 el gobierno del presidente Gustavo Petro lo nombró como Gestor de Paz para que contribuya a los diálogos de paz con los grupos sucesores del paramilitarismo. Este viernes un juez de la República deberá resolver la solicitud de libertad condicional que Mancuso ha presentado justificada por sus labores como gestor de Paz.

La primera obligación del Estado es garantizar la vida de Mancuso para que pueda contribuir al esclarecimiento de la verdad. En sus declaraciones tanto en Justicia y Paz como en la JEP Mancuso ha señalado a políticos, empresarios, ganaderos, militares y policías de alta graduación, así como a altos funcionarios públicos de haber colaborado con los grupos paramilitares. A Álvaro Uribe lo ha señalado de haber instigado y participado, como ya lo señalamos, en las masacres del Aro y de la Granja cuando era gobernador de Antioquia, así como en el asesinato de Jesús María Valle, también de retirarle la escolta y la protección al exalcalde del Roble, Sucre, Eudaldo Díaz, a quién los paramilitares asesinaron posteriormente en abril de 2003.

Así mismo ha señalado a altos oficiales del Ejército como de la Policía y a empresas como Bavaria, Ecopetrol y Postobón. También ha acusado al exvicepresidente de Álvaro Uribe, Francisco Santos, de haber instigado para la organización del grupo paramilitar en Bogotá, Bloque Capital. De modo que son muchos los sectores interesados en silenciar a Mancuso, son muchos los que temen lo que este exjefe paramilitar tiene que confesar ante la Justicia Transicional en Colombia. Por ello la primera y principal obligación del Estado y sus instituciones es proteger la vida de Mancuso.

A los órganos de la justicia corresponde con base en las pruebas que presente Mancuso avanzar en el esclarecimiento de la Verdad y desentrañar la trama de apoyos de los llamados terceros implicados en el apoyo a las estructuras paramilitares ante la ineficacia de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa donde cerca de cinco mil implicados comprometidos en 16 mil noticias criminales no han sido investigados. Una verdadera vergüenza tanto para el Estado de Derecho como principalmente para las víctimas que siguen esperando Verdad, Justicia y reparación y sobre todo garantías de no repetición. Enorme reto sobre todo para la Jurisdicción Especial para la paz, JEP, que ahora tiene a Salvatore Mancuso como compareciente ante esa jurisdicción.

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos

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