Derechos humanos en el Valle hondureño del Aguán
Informe misión de organizaciones de DD.HH. 8/11 de diciembre de 2010
Presentación
La violenta represión contra aquellos campesinos organizados que han emprendido acciones para acceder a tierras cultivables en el Valle del Aguán estimuló a tres organizaciones miembros de la Plataforma de Derechos Humanos (CDM, COFADEH y FIAN) a convocar a otros actores interesados en solidarizarse con miles de familias campesinas que viven en situación de extrema precariedad social y económica y, encima, bajo la constante represalia de los organismos represivos del Estado y guardias privados de seguridad. Es así que se integran a la misión el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), el Foro de Mujeres por la Vida, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-Sj).
También nos acompañaron miembros de organizaciones de derechos humanos de Alemania, Austria y Australia, profesionales del derecho y sicólogos (as) que apoyan desde su iniciativa personal a víctimas de las acciones represivas y periodistas de Radio Progreso, de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (Red UITA), Radio Gualcho, Común Noticias, y periodistas de radio y televisión de Tocoa y Trujillo.
Investigar in situ las violaciones a los derechos humanos y denunciarlas; detener en lo posible la violencia con acciones de solidaridad e incidencia política en el ámbito nacional e internacional y evidenciar a los afectados y afectadas el respaldo de los defensores de derechos humanos a la legitimidad de sus luchas, fueron los propósitos que orientaron la gira.
Este informe destaca las inseguras condiciones de vida de l os campesinos sin tierra en el Valle del Aguán deterioradas aún más después del golpe de Estado empresarial-militar, en el contexto de una reforma agraria truncada y sustituida por un modelo totalmente adverso de concentración de la propiedad rural.
Si el objetivo del proceso de reforma agraria iniciado con el decreto número 8 en 1972 y el decreto 170 (Ley de Reforma Agraria) era la eliminación del latifundio y el minifundio para fortalecer el sector reformado con empresas societaria s, el de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola es fortalecer a la empresa agroindustrial a costa del desplazamiento de los campesinos que habían adquirido las mejores tierras en el sector reformado.
Como resultado de la pobreza y pérdida de esperanza de ganar el sustento por otros medios, campesinos en distintos lugares del país han realizado tomas de tierra como única alternativa para la sobrevivencia, aunque con poca fuerza y escasas posibilidades del alcanzar sus objetivos. La toma de 26 fincas de palma africana en el Bajo Aguán por el Mov imiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) causó sorpresa en todo el país porque se realizaba en momentos en que la represión de los que habían tomado el poder del Estado con el golpe militar estaba en su apogeo. Cuatro meses después el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) tomaría aproximadamente 550 hectáreas en posesión del mismo terrateniente. Otras tomas de menos impacto noticioso, pero importantes en la acumulación de fuerzas del movimiento campesino de la región.
La respuesta de los terratenientes no se hizo esperar y con el apoyo del ejército, la policía y guardias de seguridad emprendieron desalojos violentos y persecución contra los campesinos que ha cobrado la vida a muchos. Mientras el régimen de facto negociaba con los campesinos de MUCA las carreteras del Bajo Aguán estaban totalmente controladas por militares, policías y guardias de seguridad con el pretexto de controlar el crimen organizado y el narcotráfico que recordaban las acciones represivas de la década de los 80. Irónicamente se asesinaban campesinos sin que tales fuerzas intentaran impedirlo.
El convenio firmado en abril de 2010, luego muchas conversaciones entre el régimen y MUCA, no se cumplió. De las 3,000 hectáreas cultivadas que consistía la primera entrega solamente 1704, estaban cultivadas. No se entregaron las 4,000 hectáreas (mil cultivas y 3 mil sin cultivar) no se entregaron en los 90 días a partir de la firma del convenio, lo que hace suponer que es poco probable que les entreguen las 4,000 hectáreas que deben entregarse cuando se cumpla un año de haber tomado el acuerdo.
La toma de tierras y los desalojos persisten y no hay una salida viable a la vista. La única alternativa, por cierto poco alentadora, era el decreto 18-2008 y ya la Corte Suprema de Justicia la consideró anticonstitu cional a petición de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH).
El ministerio público que ha sido muy ágil para acusar a lo s manifestantes contra el golpe de Estado, no tiene presencia en los acontecimientos del Bajo Aguán y otros de mucha gravedad en distintas partes del país cuando están involucrados los organismos represivos del Estado y los guardias de seguridad privada.
